El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) destituyó este lunes 4 de octubre de 2021 a María Belén D. y a Daniela A., jueza y ayudante judicial de la Unidad Judicial Especializada Quinta de Violencia contra la Mujer de Quitumbe, Quito, respectivamente. Ambas funcionarias fueron sancionadas por la infracción establecida en el numeral 13 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) y fueron investigadas por su participación en el sorteo de la acción de protección constitucional presentada por Jorge Yunda Machado.
La decisión adoptada por el cuerpo colegiado del CJ se basa en el informe presentado por la Dirección de Pichincha en el Ámbito Disciplinario. Una vez efectuadas las investigaciones correspondientes y el sumario administrativo respectivo, se comprobaron las irregularidades cometidas por parte de las servidoras sumariadas, recomendando su destitución.
Este proceso disciplinario fue hecho de oficio por el CJ, ya que no se recibió ninguna denuncia respecto a las irregularidades observadas en la asignación de la causa en mención.
En ese sentido, el CJ recuerda a la ciudadanía que no puede emitir una sanción en razón de las actuaciones jurisdiccionales de jueces, fiscales o defensores públicos, en las que que se configure un error inexcusable, dolo o manifiesta negligencia, sin una denuncia y una declaración jurisdiccional previa.
En este caso, al resolver la acción extraordinaria de protección derivada de la actuación de la jueza María Belén D., la Corte Constitucional cuestionó las actuaciones de los jueces en la causa; sin embargo, NO emitió una declaración de error inexcusable o manifiesta negligencia.
De igual manera, el CJ informa que aún existen procesos disciplinarios abiertos en contra de servidores judiciales que participaron en el sorteo de las acciones constitucionales presentadas por Yunda, de cuyo resultado se informará a la ciudadanía oportunamente.
Antecedente
El pasado 08 de julio de 2021, la Presidenta del Consejo del Consejo de la Judicatura, Dra. María del Carmen Maldonado, dispuso medidas preventivas de suspensión sin remuneración, por 90 días, a dichos servidores judiciales mientras se efectuaban las investigaciones por parte del CJ. Paralelamente, el Pleno de la institución presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por un posible delito de interceptación ilegal de datos que se encuentra en curso.
