La Presidenta de CJ explicó que la correcta aplicación de la prisión preventiva, como medida de última ratio, es uno de los mecanismos que incide directamente en el número de población carcelaria.
La actual administración del Consejo de la Judicatura (CJ), en cumplimiento de la Constitución de la República del Ecuador y con el objetivo de optimizar el despacho de causas de las personas privadas de la libertad, creó en 2019 unidades judiciales especializadas de garantías penitenciaria, una tarea que estaba pendiente desde la vigencia de la Constitución de 2008.
De manera paralela, el CJ viene trabajando en el Plan de Fortalecimiento de Garantías Penitenciarias, para optimizar el servicio de justicia enfocado a las personas privadas de la libertad, expedido en mayo de 2021.
Sobre la situación carcelaria que atraviesa nuestro país, la Presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado, en ejercicio de su facultad contenida en el Art. 269 numeral 1 del COFJ, explicó que la aplicación de la prisión preventiva es materia jurisdiccional sobre la que el CJ no puede intervenir por el principio de independencia judicial; debe por tanto, ser aplicada por fiscales y jueces conforme las directrices que emita la Corte Nacional de Justicia, como una medida cautelar de última ratio según lo establecen la CRE, Tratados internacionales y la Ley, específicamente en el Art. 522 del COIP.
Subrayó que, la correcta aplicación de la prisión preventiva como medida de última ratio, es uno de los mecanismos que incide directamente en el número de población carcelaria y reitera que es una atribución jurisdiccional que no corresponde al órgano de gobierno de la Función Judicial.
Cabe aclarar que en la actualidad existen 128 jueces penales con competencia en garantías penitenciarias y 11 jueces especializados en garantías penitenciarias, en los cantones donde hay centros de rehabilitación social, centro de privación de libertad o centro de detención provisional.
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