El Consejo de la Judicatura (CJ) participa, desde este viernes 9 de septiembre, en las reuniones del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (Mesicic) en  las cuales se analiza el Proyecto de Informe Preliminar del Ecuador, relativo al cumplimiento de este instrumento internacional.

Washington (EE.UU) es la sede de las reuniones donde Karina Peralta, vocal del CJ; Raquel González, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Carlos Pólit, contralor general del Estado; y, Pablo Calle, viceministro de Servicio Público, exponen los avances de Ecuador, en los últimos años, en materia de lucha contra la corrupción.

En lo que al CJ corresponde, los datos incluidos en el informe preliminar se relacionan con los procesos de selección de los servidores jurisdiccionales, así como la capacitación profesional en materia de ética y deontología.

Expertos de Guatemala, Surinam y de la Secretaría Técnica del Mesicic son los encargados de evaluar las acciones emprendidas por Ecuador y de redactar el informe que analiza también las políticas de adquisición de bienes y servicios por parte del Estado; los sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción; y, la tipificación de este tipo hechos.

Adicionalmente, el documento tiene recomendaciones sobre el cumplimiento de las responsabilidades y normas éticas de los funcionarios públicos; y, las políticas de prevención para una relación adecuada entre la remuneración equitativa y la probidad en el servicio público.

La versión final del informe se presentará la próxima semana en la Vigésima Séptima Reunión Ordinaria del Comité de Expertos del Mesicic. Una vez que el documento sea consensuado y aprobado, será remitido a la Conferencia de Estados Parte de la Convención para luego ser difundido.

Antecedentes

La Convención Interamericana Contra la Corrupción (CCIC), adoptada en 1996, es un instrumento jurídico internacional que reconoce la trascendencia de la corrupción y la necesidad de promover la cooperación entre los Estados para combatirla.

El acuerdo establece un conjunto de medidas preventivas, tipifica los delitos de determinados actos de corrupción entre los que se destacan el soborno trasnacional y el enriquecimiento ilícito. Además, incluye disposiciones para fortalecer la cooperación entre sus Estados Parte tales como la asistencia jurídica recíproca, la extradición, identificación, rastreo, inmovilización, confiscación y decomiso de bienes.