La Vocal del Consejo de la Judicatura, Yolada Yupangui, se reunió en Cuenca con jueces y juezas de materias no penales de Azuay. El objetivo de este encuentro fue analizar y generar retroalimentación sobre una propuesta destinada a mejorar el sistema de citaciones en estas áreas.

Durante la reunión, se plantearon varias iniciativas que generaron un amplio debate y propuestas para su implementación. Entre estas, se destacó la colaboración de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (DINAPEN), quienes participarían activamente en la ejecución de citaciones junto con los actores del proceso.

También se proyecta la colaboración de las Direcciones de Talento Humano de las entidades públicas, que serían acreditadas como citadores para facilitar este proceso con los funcionarios públicos.

Otra propuesta permite a los usuarios elegir entre utilizar entidades privadas, como gremios de abogados y notarías, o los canales gratuitos del Consejo de la Judicatura para realizar sus citaciones.

La Vocal Yupangui subrayó que estas propuestas otorgan a los ciudadanos un mayor control sobre sus procesos judiciales, al tiempo que reducen la carga del sistema de citaciones y contribuyen a una significativa descongestión en esta área.

Datos

Según datos del Consejo de la Judicatura, la gestión actual de citaciones provoca desgaste jurisdiccional y gastos económicos tanto para el Estado como para las partes involucradas.

En 2024, se registraron 102,415 citaciones no realizadas de manera efectiva, de las cuales un 38% corresponden a casos de familia, mujer, niñez y adolescencia, que protegen el interés superior de los menores de edad.

En ese sentido, la Vocal Yolanda Yupangui destacó que «el objetivo de la propuesta es humanizar la justicia, para que principalmente los niños y familias que lo necesitan puedan acceder de manera adecuada a los servicios judiciales y se garanticen sus derechos»

Las propuestas se discutieron en diversas mesas de trabajo con jueces, juezas en las provincias de Guayas, Pichincha y Azuay, antes de ser presentadas al Pleno del Consejo de la Judicatura.