En sesión ordinaria Nro. 089-2025 de este 2 de octubre de 2025, las autoridades del Consejo de la Judicatura (CJ) aprobaron la Proforma Presupuestaria 2026 y Programación Presupuestaria Cuatrianual 2026 – 2029 de la institución, que tiene como objetivo trazar una planificación operativa para el próximo año. El presupuesto será de USD 348’024.180,72.

Con base en esta cifra, se priorizará los servicios básicos y de forma parcial, mantenimientos, arriendos, materiales de oficina y suministros, durante el próximo ejercicio fiscal.

Actualmente, la infraestructura física judicial se encuentra en un estado alarmante: el 65% de los edificios presenta condiciones críticas, situación que se agrava, con la asignación limitada de recursos presupuestarios

De las 437 dependencias existentes, solo el 63,5% funciona en inmuebles propios, mientras que el resto opera en espacios arrendados o en comodato, generando gastos adicionales y limitando la inversión.

A escala nacional existen 437 judicaturas, de las cuales 166 se encuentran en estado crítico, sin personal suficiente, con sobrecarga procesal y riesgos por el crimen organizado. 69 dependencias están en alerta, pues mantienen retrasos alarmantes en procesos e infraestructura tecnológica obsoleta. Mientras que 94 tienen un funcionamiento aceptable, pero también presentan vulnerabilidad y 108 están con bajo riesgo bajo y todavía no cumplen las condiciones óptimas.

El parque automotor institucional, indispensable para la entrega de citaciones, inspecciones judiciales y desplazamientos técnicos, refleja un nivel avanzado de obsolescencia. Con un promedio de 11 años de antigüedad y altos niveles de kilometraje. El costo de mantenimiento ha ido en aumento, superando los USD 670.000, en 2024.

En el ámbito tecnológico, si bien el CJ ha desarrollado varios sistemas informáticos claves hasta 2024, persiste una obsolescencia crítica de la infraestructura, lo cual afecta la eficiencia institucional.

Entre tanto, el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE), columna vertebral del servicio judicial, requiere una reingeniería urgente que modernice su arquitectura y garantice la operativa y ciberseguridad.

Por ello, en el próximo ejercicio fiscal, el CJ destinará recursos prioritarios con el fin de garantizar un servicio judicial eficiente, seguro y accesible para la ciudadanía.