El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) adoptó varias decisiones disciplinarias contra servidores judiciales y abogados en libre ejercicio, tras determinar incumplimientos relacionados con la demora en la tramitación de causas y actuaciones que afectaron el normal desarrollo de los procesos judiciales.

Estas decisiones fueron adoptadas durante la sesión extraordinaria Nro. 087-2026, desarrollada este 30 de junio. Entre las medidas dispuestas constan la destitución del juez de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, J.J.V.Z., quien incurrió en la falta gravísima de manifiesta negligencia.

El análisis del caso estableció que el juzgador tardó dos años en resolver una apelación dentro de una causa en la que una persona solicitaba el reconocimiento de su derecho sobre un bien.

Las autoridades también ratificaron la amonestación escrita impuesta a la jueza de la Unidad Judicial Multicompetente de Atacames, provincia de Esmeraldas, J.J.B.R.

La decisión se sustentó en que la servidora demoró más de siete meses en calificar una acción de protección, pese a que este tipo de trámite debe resolverse en máximo 24 horas.

SANCIÓN A ABOGADOS

El Pleno ratificó la multa equivalente a una remuneración básica unificada en contra del abogado en libre ejercicio J.S.G.C., luego de establecer que utilizó documentos alterados con el objetivo de solicitar el diferimiento de una diligencia judicial.

Una multa similar se confirmó en contra del también abogado en libre ejercicio C.L.G.V. La sanción se impuso debido a que el profesional insistió en una demanda laboral, pese a que la Sala Especializada de la Corte Provincial de Justicia de Manabí ya había declarado la nulidad del proceso.

Con estas decisiones, el Consejo de la Judicatura reafirma su compromiso de consolidar la disciplina judicial, garantizar la correcta prestación del servicio de justicia y promover actuaciones apegadas a la normativa vigente.

La presidenta del CJ, Mercedes Caicedo Aldaz, señaló que los abogados en libre ejercicio no son sancionados por el desempeño de su profesión, sino por conductas como la deslealtad procesal, determinadas dentro de los sumarios disciplinarios.