En sesión ordinaria Nro. 030-2026, realizada este 12 de marzo, el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) precisó las competencias de las Dependencias de Garantías Penales Especializadas para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, en materia de Garantías Jurisdiccionales con el propósito de optimizar su funcionamiento.

Con esta reforma se dispone que, en adelante, los jueces anticorrupción conozcan exclusivamente procesos penales relacionados con estos delitos, y no acciones constitucionales, como ocurría hasta el momento.

La medida permitirá una mejor organización de las audiencias, evitar retrasos en la tramitación de las causas y agilizar la resolución de los casos vinculados con delincuencia organizada.

Es importante señalar que las acciones de protección y demás recursos constitucionales que actualmente se tramitan en las dependencias anticorrupción continuarán sustanciándose en esas mismas instancias hasta que concluyan.

En cuanto a las nuevas acciones constitucionales, estas serán conocidas por jueces con competencia en esa materia. De esta manera, la decisión adoptada por el Pleno no genera vacíos jurisdiccionales ni afecta el derecho de las personas a la tutela judicial efectiva.

La actual administración del Consejo de la Judicatura continúa impulsando acciones administrativas firmes en respaldo de las y los jueces del país, como parte de una nueva etapa de gestión institucional orientada a fortalecer la Función Judicial. En ese marco, reafirma su compromiso con el Ecuador en la lucha frontal contra el crimen organizado, adoptando decisiones y medidas que permitan garantizar que los operadores de justicia cuenten con el respaldo necesario para ejercer sus funciones con independencia, seguridad y responsabilidad frente a uno de los mayores desafíos que enfrenta el sistema de justicia.