El Consejo de la Judicatura, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP) y Google oficializaron la renovación del proyecto tecnológico «Google Workspace Enterprise Plus». La firma simbólica del convenio fue realizada por la presidenta de la institución, Mercedes Caicedo Aldaz; el gerente general de CNT EP, Ronald Spina; y los representantes de Google, Raúl Rodríguez y Fernando Echeverría.

Esta alianza garantiza el licenciamiento por suscripción de ofimática para la institución.  Con ello, se asegura la continuidad operativa de la plataforma, el soporte técnico especializado ininterrumpido y los altos estándares de ciberseguridad de las herramientas digitales de la Función Judicial.

El acto oficial contó con la participación de la presidenta de la institución, Mercedes Caicedo Aldaz, el vocal Alfredo Cuadros Añazco y directores nacionales de la entidad.

En su intervención, la presidenta Mercedes Caicedo Aldaz señaló que estas acciones responden directamente al eje de modernización tecnológica y digitalización establecido en el plan de trabajo institucional.

«La tecnología no reemplaza al juez, no sustituye al secretario, no desplaza al servidor judicial. La tecnología debe permitir que trabajen con mayor seguridad, con mejores herramientas y con menos barreras operativas. Una institución que trabaja mejor por dentro, puede responder mejor hacia afuera», enfatizó la titular del Consejo de la Judicatura.

El representante de Google, Raúl Rodríguez, destacó el impacto de esta implementación: «La alianza estratégica entre el Consejo de la Judicatura, CNT y Google Cloud no solo es un paso hacia la digitalización, sino es un salto firme hacia una justicia más ágil, transparente y accesible para todos los ciudadanos del Ecuador».

Por su parte, Ronald Spina, gerente general de CNT EP, subrayó el beneficio operativo que este convenio representa para los servidores judiciales: «Hablamos de dotar a nuestros jueces, secretarios y fiscales de las capacidades aumentadas para procesar las demandas ciudadanas con agilidad histórica».

El plazo de ejecución del proyecto es de aproximadamente 3 años calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. Con esta implementación, la institución avanza hacia la interoperabilidad, impulsando una política progresiva de cero papel que reduce tiempos, optimiza recursos y garantiza un servicio de justicia más eficiente para el país.