El Consejo de la Judicatura (CJ) ha implementado políticas y acciones orientadas a asegurar la tutela efectiva de los derechos ciudadanos, así como la promoción y el respeto a la carrera judicial. Una de sus prioridades ha sido la defensa de los derechos laborales de las y los servidores judiciales, así como su profesionalización.

Sin perjuicio de la falta de presupuesto, el CJ ha puesto a disposición de los ciudadanos múltiples herramientas tecnológicas como el E-Satje, Ventanilla Virtual, Firma Electrónica, Medidas de Protección para Víctimas de Violencia, entre otras, cuya implementación, en condiciones normales, llevaría meses e incluso años.

Por mandato constitucional y legal, el CJ tiene la responsabilidad de evaluar el desempeño y la productividad de jueces, fiscales, defensores públicos y demás servidores judiciales, proceso que se cumplirá con estricta sujeción a parámetros técnicos cualitativos y cuantitativos, sustentados en los principios de legitimidad, ética, transparencia y probidad.

El propósito de la referida evaluación, que constituye un clamor ciudadano, es asegurar que únicamente los mejores profesionales permanezcan en la carrera judicial, a fin de promover un servicio de justicia libre de injerencias internas o externas y con ello consolidar la institucionalidad y el sistema de justicia en su conjunto.

El Ecuador entero reclama empatía con el cumplimiento de la ley y manifiesta verdadera animadversión al flagelo de la corrupción que azota todos los ámbitos de la nación, razones por las que, el CJ continuará trabajando en estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico, bajo la premisa de ser el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.