La Corte Constitucional (CC) dispuso la creación de una comisión interinstitucional para coordinar, planificar e implementar medidas estructurales frente al crimen organizado, sin necesidad de declarar estados de excepción. En este marco, el Consejo de la Judicatura (CJ), dentro de sus competencias, ha venido ejecutando acciones concretas y sostenidas en esta línea.

Asimismo, la CC determinó que el CJ forme parte de dicha comisión, la cual sesionará cada dos meses. En ese espacio, las instituciones deberán presentar avances y propuestas orientadas a coordinar acciones legislativas, de política pública y de gestión judicial, que permitan al Ejecutivo enfrentar la violencia y el crimen organizado sin recurrir a medidas extraordinarias.

El Consejo de la Judicatura, conocedor de la realidad nacional y actuando con responsabilidad frente a la problemática de la delincuencia y el crimen organizado, ha fortalecido las Dependencias Especializadas en el Combate a la Corrupción y al Crimen Organizado, actualmente cuentan con 23 jueces a escala nacional. En los últimos dos años, estas dependencias han resuelto 92 causas relacionadas con lavado de activos y delitos conexos. En 2023, el porcentaje de resoluciones fue del 79 %, y en 2024 alcanzó el 87 %.

Adicionalmente, el 9 de octubre de 2024, el Pleno del CJ aprobó una resolución que asigna competencias específicas a los jueces para disponer sobre armas, explosivos, municiones y accesorios incautados por la fuerza pública. Como resultado de esta medida, el 23 de octubre de 2024, la Unidad de Guardacostas de la Armada recibió fusiles, pistolas y radiobalizas para fortalecer sus labores de seguridad.

También hemos desarrollado procesos de capacitación para personal militar, con el objetivo de que puedan enfrentar a los grupos delictivos desde un enfoque profesional y respetuoso de los derechos humanos.

Por iniciativa del presidente del CJ, Mario Godoy, entre el 17 y el 19 de febrero de 2025 se llevó a cabo en Quito el Seminario Internacional de Formación en Materia de Lavado de Activos y Extinción de Dominio, con la participación de expertos nacionales e internacionales.

Además, en el ámbito disciplinario, se ha destituido a más de 25 jueces, fiscales y otros servidores judiciales involucrados en los casos de corrupción Plaga, Purga y Metástasis. Estas acciones reafirman nuestro compromiso con la ética y la transparencia dentro del sistema judicial.

El trabajo del Consejo de la Judicatura ha sido constante y comprometido. Hemos contribuido activamente al fortalecimiento del sistema judicial en su rol frente al crimen organizado.