Tras el asesinato de la jueza Lady Pachar Huanga, en Santa Rosa, El Oro, el Consejo de la Judicatura (CJ) anunció la implementación de medidas urgentes para reforzar la seguridad de los operadores de justicia a escala nacional.

Durante la sesión ordinaria Nro. 055-2026, desarrollada este 12 de mayo, la presidenta de la institución, Mercedes Caicedo, dispuso la instalación inmediata de mesas técnicas con la participación de varios actores, entre ellos la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj) y sus delegados provinciales.

Además, se anunció que se propondrá la creación de un Departamento de Coordinación con el Ministerio del Interior, con el propósito de agilizar la atención y aprobación de los pedidos de seguridad presentados por los servidores judiciales. Esta medida cobra especial relevancia, considerando que la protección de los funcionarios judiciales no depende directamente del CJ, sino de las entidades competentes.

La doctora Caicedo también dispuso a la Dirección General levantar información detallada sobre las condiciones de seguridad en las dependencias judiciales; el número de servidores que han reportado amenazas o han sido víctimas del crimen organizado en el ejercicio de sus funciones; así como cuántos cuentan con resguardo policial permanente y cuántos reciben monitoreo preventivo.

Estas decisiones reflejan la preocupación institucional frente a las amenazas del crimen organizado y el compromiso de impulsar soluciones concretas e inmediatas para brindar a los servidores judiciales las condiciones más adecuadas para que puedan cumplir con su trabajo y la ciudadanía acceda a un servicio oportuno, eficiente y seguro.