Quito, 01 de abril de 2016
Ecuador presentó en Perú avances de la reforma judicial
El Poder Judicial de Perú está interesado en el modelo de gestión que se aplica en las Unidades de Flagrancia en Ecuador.
Los profesionales del Derecho del vecino país consideran que la reforma del sistema de justicia ecuatoriano es un referente regional debido a los cambios que experimenta y por tal motivo invitaron a las autoridades del Consejo de la Judicatura (CJ), al “II Congreso Internacional de Flagrancia”, evento que se realizó entre el 9 y 11 de marzo, en Lima.
Como delegados asistieron el director nacional de Transparencia de Gestión (DNTG) del CJ, Wilson Navarrete y la jueza de Garantías Penales, Gloria Mayorga.
En este marco, el doctor Navarrete participó en dos exposiciones, una en el Seminario Internacional “El proceso inmediato en casos de flagrancia delictiva” y otra en el “Diplomado Internacional Retos y Desafíos del Proceso Inmediato – Flagrancia”, donde abordó el tema: Modelo de la gestión de flagrancia en el Ecuador.
En sus presentaciones, dio a conocer aspectos relacionados con la realización de audiencias, el combate a la impunidad, la vigencia del Código Orgánico General de Procesos (COGEP) que implementa la oralidad procesal para las materias no penales, entre otros.
Según el doctor Navarrete, las autoridades peruanas están interesadas en firmar un convenio de cooperación interinstitucional con el Consejo de la Judicatura de Ecuador, lo que permitiría que funcionarios judiciales, policiales, fiscales y agentes del vecino país, vengan a conocer el nuevo sistema de justicia ecuatoriano.
Cabe señalar que la cooperación entre Ecuador y Perú inició en agosto de 2015. Desde entonces, cinco delegaciones integradas por 53 funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Tumbes y otras entidades, han visitado las unidades judiciales de Machala y Huaquillas donde incluso realizaron pasantías sobre el proceso de juzgamiento de delitos flagrantes.
En el marco de este evento, Wilson Navarrete recibió una placa y un botón de oro, en reconocimiento a la labor emprendida por el Consejo de la Judicatura y por los aportes al Sistema Penal de Perú.