La justicia del Azuay contará con una Cámara de Gesell en el Complejo Judicial de Cuenca, una herramienta que permitie recoger testimonios de víctimas de violencia en un entorno seguro y protegido, evitando su revictimización. El anuncio fue realizado por el Director Provincial del Consejo de la Judicatura (CJ) de Azuay, Ernesto Robalino, durante la Mesa de Justicia y Género, desarrollada el 17 de julio de 2025.

Este espacio, liderado por la Dirección Provincial del CJ de Azuay, promueve el diálogo interinstitucional y ciudadano para generar acciones concretas que impulsen una justicia con enfoque de derechos, más empática, accesible y libre de violencia.

La jornada contó con la participación de instituciones como el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, el Ministerio de Salud Pública, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional y el Ministerio de Inclusión Económica y Social. También estuvieron presentes representantes de la Junta y del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Cuenca, la Secretaría Municipal de Desarrollo Social y la Fundación María Amor.

Entre los acuerdos más relevantes alcanzados se encuentra la organización de un espacio de diálogo para socializar la Ley sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo en casos de violación, con el fin de garantizar su aplicación con enfoque de derechos y conforme a los protocolos establecidos.

Además, se acordó la conformación de una submesa técnica integrada por operadores del sistema de justicia como la Fiscalía, la Defensoría Pública, la Función Judicial y las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, con el propósito de construir una herramienta que permita establecer mecanismos de referencia y contrarreferencia de casos de violencia. Esta medida busca mejorar la coordinación interinstitucional, optimizar recursos y evitar la revictimización.

Las instituciones participantes también resolvieron solicitar a la Gobernación del Azuay un informe sobre posibles cambios de personal en las tenencias políticas, con el fin de evaluar la pertinencia de una nueva capacitación. Asimismo, exhortaron al uso efectivo del módulo de medidas de protección, una herramienta que facilita la tramitación de medidas administrativas y penales, y mejora la atención a las víctimas de violencia de género.

Finalmente, se acordó establecer procesos de capacitación y autocuidado para los equipos técnicos (médicos, psicólogos y trabajadores sociales) y personal de primera acogida, con el objetivo de fortalecer su intervención desde un enfoque humano y profesional. Esta iniciativa será ejecutada en coordinación entre la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura y la Fundación María Amor.

La Mesa de Justicia y Género se consolida como un espacio clave para construir soluciones conjuntas frente a las violencias y fortalecer una justicia más cercana, efectiva y con perspectiva de género en el Azuay.