El Pleno del Consejo de la Judicatura mantuvo una reunión de trabajo con juezas y jueces de las Dependencias Judiciales Especializadas en el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, con el objetivo de articular acciones para mejorar las condiciones de trabajo de los administradores de justicia que conocen este tipo de casos.

Durante el encuentro, el CJ ratificó que los administradores de justicia cuentan con el apoyo institucional para el ejercicio de sus funciones. En ese marco, se destacó que, pese a las limitaciones presupuestarias, la institución trabaja en la optimización del talento humano, la rehabilitación de la infraestructura, la incorporación de tecnología y, de manera prioritaria, en reforzar las medidas de seguridad para los jueces y sus equipos técnicos.

La vocal Magaly Ruiz señaló que el actual Pleno asumió su gestión con plena conciencia de la crisis institucional de la Función Judicial y reiteró el compromiso de trabajar con criterios técnicos y transparencia. “Estamos aquí para escuchar y construir soluciones conjuntas, con prioridades claras y responsabilidad institucional”, afirmó.

Por su parte, el vocal Damián Larco enfatizó que la responsabilidad del Consejo de la Judicatura es garantizar las condiciones administrativas, técnicas y logísticas necesarias para que los jueces ejerzan su labor con independencia. “Ustedes garantizan con sus decisiones; nosotros garantizamos las condiciones para que puedan ejercerlas con seguridad y respaldo institucional”, señaló.

El vocal Alfredo Cuadros resaltó la importancia de fortalecer el uso de herramientas tecnológicas seguras y la capacitación continua, como mecanismos para mejorar las condiciones de trabajo judicial y el servicio a la ciudadanía.

Asimismo, el vocal Fabián Fabara afirmó que el Consejo actúa con transparencia y visión institucional frente a los requerimientos de los jueces anticorrupción. “Nada de lo tratado en esta reunión es improvisado. Muchas de las solicitudes ya estaban siendo trabajadas por disposición del presidente Mario Godoy. Nuestro compromiso es ejecutar soluciones factibles y concretas, especialmente en seguridad e infraestructura”, indicó.

Como resultado de la reunión, se acordó la instalación de mesas de trabajo interinstitucional para gestionar apoyo internacional en materia de seguridad; optimizar la carga laboral, incluida la posible creación de una nueva sala provincial y un nuevo tribunal especializado; y coordinar con el SNAI el cumplimiento efectivo de audiencias desde los centros de rehabilitación social, para evitar audiencias fallidas y la caducidad de la prisión preventiva.