Este 14 de julio de 2026, la presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), Mercedes Caicedo Aldaz, y el defensor público general, Ricardo Morales Vela, suscribieron el Protocolo para la remisión de casos susceptibles de mediación por parte de la Defensoría Pública a las oficinas dependientes del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial.

El instrumento estandariza el proceso para que los defensores públicos deriven procesos transigibles en aquellas provincias donde no cuentan con centros de mediación propios. El acuerdo abarca materias de carácter gratuito para los usuarios, como Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Asuntos Vecinales y de Convivencia Social, así como temas laborales, siempre que la solicitud provenga del trabajador.

Para las infracciones de Tránsito e Inquilinato, el defensor público informará a los usuarios sobre las tarifas administrativas vigentes del Centro de Mediación de la Función Judicial para que decidan con total libertad si desean proceder con esta alternativa.

Durante su intervención, la presidenta del CJ destacó el impacto de este acuerdo para el país, como una necesidad institucional que requiere acercar el servicio de mediación a la ciudadanía y descongestionar la carga jurisdiccional. «Modernizar la justicia no solo es incorporar tecnología, es eliminar barreras, mejorar la coordinación entre las instituciones y colocar a las personas siempre en el centro del servicio. La justicia debe ser una justicia más humana».

Por su parte, el defensor público general señaló que este protocolo constituye la respuesta concreta para garantizar la continuidad del servicio de mediación y evitar que la ubicación geográfica limite el acceso a este mecanismo alternativo de solución de conflictos.

La remisión de los casos podrá realizarse por solicitud directa de los ciudadanos antes de iniciar un juicio, o mediante una derivación intraprocesal en caso de que la causa ya se encuentre judicializada. Para garantizar la agilidad del servicio y evitar que una respuesta tardía afecte a los ciudadanos, el documento establece un término máximo de tres días para el análisis de admisibilidad y un límite estricto de ocho días, contados desde la presentación de la solicitud, para fijar la fecha de la audiencia de mediación.

El acto protocolar contó con la participación de los vocales del Pleno de la institución: Damián Larco Guamán, Magaly Ruiz Cajas, Alfredo Cuadros Añazco y Fabián Fabara Gallardo. Además, asistieron directores nacionales y servidores judiciales.