En su primer mes de gestión, tras su designación como presidente del Consejo de la Judicatura, Damián Larco, ha impulsado una serie de acciones concretas orientadas a fortalecer el sistema judicial y combatir la delincuencia organizada en el país.

Entre el 18 de febrero y el 18 de marzo de 2026, el Pleno adoptó 17 resoluciones clave dirigidas a mejorar la capacidad institucional frente a estructuras delictivas complejas. En este marco, se precisaron las competencias de los jueces especializados en delitos de corrupción y crimen organizado, permitiendo una actuación más técnica, ágil y efectiva en este tipo de causas.

Como parte de esta estrategia, se dispuso la implementación de un pool de jueces en Manabí, una medida que optimiza la gestión de procesos judiciales de alta complejidad, reduce riesgos de dilación y fortalece la respuesta del sistema frente a casos sensibles.

El fortalecimiento institucional también se evidencia en el eje disciplinario. Durante este periodo, se resolvieron 96 expedientes, que derivaron en la destitución de 9 servidores judiciales, consolidando una política de cero tolerancia frente a irregularidades. Este control riguroso es clave para garantizar que los procesos vinculados al crimen organizado se desarrollen con independencia, transparencia y apego a la ley.

Entre las decisiones adoptadas, se destaca la destitución de los jueces C.L.Q.C. y G.C.L.T. por vínculos con el GDO “Comandos de la Frontera”, así como la del juez W.E.P.A. por manifiesta negligencia en el caso de alias “Topo”,.

En paralelo, se avanzó en la operatividad de las dependencias judiciales especializadas en materia constitucional y en la construcción del reglamento para la selección de jueces en esta área, fortaleciendo la institucionalidad y elevando los estándares de calidad de los operadores de justicia.

Asimismo, el impulso a los mecanismos alternativos de solución de conflictos ha permitido descongestionar el sistema judicial y enfocar recursos en causas prioritarias. En este periodo, los centros de mediación atendieron 4.555 casos, alcanzaron 2.614 acuerdos y generaron un ahorro aproximado de USD 1,1 millones para el Estado.

Desde el inicio de esta administración, se ha priorizado la construcción de un sistema judicial más eficiente, íntegro y especializado, entendiendo que estas condiciones son esenciales para combatir de manera efectiva la delincuencia organizada.