Quito, 10 de septiembre de 2025
Consejo de la Judicatura prioriza inversión en la transformación digital, repotenciación de la infraestructura y combate a la impunidad
El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) aprobó, este 10 de septiembre de 2025, la Proforma del Plan Anual y Plurianual de Inversión 2026–2029, un paquete de proyectos estratégicos orientados a mejorar la infraestructura judicial, transformar el sistema digital, ampliar los servicios y renovar el parque automotor, aspectos que permitirán combatir con mayor eficacia la impunidad y la corrupción.
| Proforma 2026-2029 | |
10 proyectos nuevos USD 176′ 616 000 | 4 proyectos de arrastre (años anteriores) USD 21′ 397 000 |
| Monto total | |
| USD 198′ 014 000 | |
El propósito central de estos proyectos es revertir las condiciones actuales del sistema de justicia. Un ejemplo crítico es que el 90 % de la infraestructura tecnológica a escala nacional se encuentra obsoleta. Esto incluye arquitectura de software, servidores, equipos de usuario final que han superado su vida útil y/o que carecen de soporte del fabricante y presentan fallas recurrentes.
En materia de infraestructura física, el análisis técnico evidencia que incluso los edificios judiciales catalogados en estado “regular” o “bueno” presentan fallas latentes, con alta probabilidad de evolucionar a condiciones críticas en cuestión de semanas o meses si no se intervienen de inmediato.
Asimismo, el parque automotor institucional atraviesa una situación crítica, con vehículos que han superado su vida útil y presentan funcionalidad deficiente. Esta realidad disminuye la productividad, deteriora la imagen institucional y eleva los costos de mantenimiento.
La priorización de los proyectos incluidos en la Proforma PAI 2026 que presenta el CJ no constituye una decisión discrecional, sino una necesidad institucional urgente, respaldada por datos técnicos, normativos y funcionales. Su implementación busca detener el deterioro, preservar la infraestructura judicial y garantizar que la ciudadanía acceda a servicios de justicia seguros, funcionales y oportunos.
La aprobación e inclusión de los proyectos permitirán ejecutar intervenciones focalizadas, justificadas proporcionalmente y alineadas con los principios de transparencia, eficiencia y legalidad.
Estos cambios harán posible superar las limitaciones derivadas de la falta de asignación oportuna de recursos para atender las necesidades institucionales.