El 28 de julio de 2025, el Consejo de la Judicatura (CJ) recibió la Certificación de Calidad en la Producción de Estadísticas Judiciales, otorgada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

El proceso denominado “Estadísticas de la Producción Judicial”, correspondiente al Grado de Calidad “C”, incluyó una evaluación  desarrollada entre octubre de 2024 y marzo de 2025 bajo los más altos estándares del Sistema Estadístico Nacional.

En ella, se analizaron estadísticas actualizadas sobre causas ingresadas, resueltas y en trámite, con el fin de contar con tasas que reflejen la situación actual del sistema judicial,

El director nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial del CJ, Fausto Naranjo, explicó las acciones ejecutadas para alcanzar esta certificación. “Este reconocimiento reafirma el compromiso del Consejo de la Judicatura con la calidad estadística, la transparencia institucional y la toma de decisiones basadas en evidencia”, destacó.

Por su parte, la directora ejecutiva del INEC, Eva María Mera, señaló que esta certificación no debe entenderse como un fin en sí mismo, sino como una garantía de calidad y un llamado a sostener y perfeccionar las capacidades estadísticas institucionales. “Desde el INEC valoramos este paso como una señal de madurez técnica e institucional”, indicó.

Durante el evento, realizó la entrega oficial de la certificación al presidente del CJ, Mario Godoy, y a la vocal Yolanda Yupangui, quien ha sido una de las principales impulsoras de este proceso técnico, que constituye un hito para el Consejo de la Judicatura, al confirmar que la información que produce sobre el desempeño judicial cumple con estándares técnicos de calidad.

El presidente Godoy informó que el proceso de evaluación identificó 47 acciones de mejora que deberán ejecutarse para optimizar la producción estadística. Señaló además que el diagnóstico evidencia una sobrecarga estructural, falta de recursos y dispersión operativa en la Función Judicial, y que la magnitud del problema supera las capacidades operativas actuales.

“De allí la necesidad de impulsar, con respaldo técnico y evidencia estadística, la declaratoria de emergencia judicial como una medida excepcional, temporal y focalizada, que permita reorganizar, fortalecer y reorientar el sistema de justicia”, concluyó.

Esta certificación refuerza la confianza institucional, al garantizar que las cifras difundidas por el CJ cuentan con calidad, precisión y respaldo técnico, elementos clave para una gestión judicial transparente y responsable.