Para el Consejo de la Judicatura (CJ) la defensa de los derechos laborales de las y los servidores judiciales es una prioridad.

El Pleno del CJ, a través de la Dirección General de la institución, a lo largo de 2020, realizó las debidas coordinaciones con el Ministerio de Finanzas, para garantizar la permanencia de las y los servidores judiciales en sus cargos, a escala nacional.

Estas coordinaciones permitieron al Estado ecuatoriano garantizar el acceso a la justicia por parte de los usuarios y mantener la continuidad del servicio de administración de justicia.

El Consejo de la Judicatura realizó todos los esfuerzos y las gestiones necesarias con las instituciones del Ejecutivo, logrando que las y los servidores judiciales mantengan sus puestos de trabajo, cumpliendo con las jornadas laborales establecidas por ley y que sus remuneraciones no sean reducidas, amparados en los principios constitucionales de autonomía e independencia de la Función Judicial.