El Consejo de la Judicatura (CJ) y el Programa Ítalo-Ecuatoriano para el Fortalecimiento Institucional del Sistema de Seguridad (ITAJUS) suscribieron un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional que reafirma el compromiso de Ecuador e Italia de trabajar conjuntamente en el fortalecimiento de la justicia, la seguridad y la institucionalidad democrática.

El acto protocolario se desarrolló en la Sala del Pleno del Consejo de la Judicatura y contó con la participación del presidente de la institución, Mario Godoy; el director general, Jorge Maruri; el embajador de Italia en Ecuador, Giovanni Davoli, y el director de ITAJUS, Paolo Di Sciuva. También asistieron representantes del Fondo Ítalo-Ecuatoriano para el Desarrollo Sostenible (FIEDS).

El convenio establece mecanismos de cooperación en capacitación especializada, asistencia técnica, intercambio de experiencias y construcción de instrumentos técnicos. Asimismo, prevé acciones para la prevención y lucha contra la corrupción, el crimen organizado y el fortalecimiento del sistema penitenciario. La duración inicial del acuerdo será de ocho meses, con posibilidad de renovación.

En su intervención, el presidente Mario Godoy resaltó que este acto reafirma la voluntad del Estado ecuatoriano y del Gobierno de Italia de impedir que los grupos de delincuencia imperen en el país. «Suscribir este convenio con ITAJUS es una de las muestras más importantes de nuestra gestión. Sé que son un aliado importante para garantizar una lucha frontal contra el crimen organizado», afirmó.

Por su parte el embajador Davoli destacó que este instrumento permitirá impulsar una agenda de formación, tecnificación y transparencia, orientada a consolidar una cultura de legalidad. Subrayó además que la cooperación internacional es clave para enfrentar los desafíos estructurales y operativos de la justicia ecuatoriana.

Asimismo, Paolo Di Sciuva, afirmó que estos actos ratifican la voluntad de ambas naciones de luchar contra la criminalidad.

La suscripción de este convenio refleja la decisión del CJ de promover una justicia moderna y efectiva, con resultados sostenibles que contribuyan a la paz social y al fortalecimiento del Estado de derecho.