Durante la Sesión Ordinaria N.º 005-GADCOT-2025-2027 de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio de la Asamblea Nacional, el Consejo de la Judicatura (CJ), a través de su director general, Jorge Maruri, presentó sus observaciones técnicas al Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP), orientado a recategorizar las contravenciones de tránsito, fortalecer la seguridad vial preventiva y reducir la carga procesal en los juzgados especializados.

En la comparecencia, el doctor Maruri explicó que esta reforma responde a la Disposición Transitoria Octogésima Primera de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, cuya implementación está pendiente desde 2021, lo que ha ocasionado vacíos jurídicos y dificultades de interpretación en la administración de justicia.

Según datos del CJ, actualmente, más del 60% de las causas que ingresan a las unidades judiciales de tránsito corresponden a contravenciones de menor gravedad. En este marco, señaló que la reforma propuesta permitirá transferir parte del control administrativo a otras entidades estatales, sin afectar el derecho al debido proceso, lo que facilitará que los jueces concentren sus esfuerzos en delitos de mayor relevancia social.

Asimismo, indicó que todo proceso de transferencia de competencias sancionadoras debe respetar los criterios de garantía de juez natural y el derecho a la defensa, proponiendo que se faculte al Consejo de la Judicatura para emitir reglamentos técnicos sobre aspectos como impugnación, notificación electrónica y sustitución de penas.

En cuanto a las sanciones alternativas, se mencionó la inclusión de medidas como el trabajo comunitario, resaltando la necesidad de establecer parámetros claros que garanticen uniformidad en las decisiones judiciales y eviten discrecionalidades.

Además, el director general enfatizó la importancia de implementar la interoperabilidad entre los sistemas tecnológicos (cámaras, actas digitales y notificaciones) con los sistemas SATJE y el SIGED, administrados por el Consejo de la Judicatura, para asegurar su validez jurídica y autenticidad como pruebas.

Finalmente, la autoridad del Consejo de la Judicatura reiteró su respaldo al proyecto, destacando que ayudará a reducir la carga procesal, fortalecer la proporcionalidad de las sanciones, fomentar el uso de tecnología judicial y promover la justicia restaurativa, protegiendo siempre los derechos ciudadanos y la seguridad jurídica.