La medida preventiva rige hasta por tres meses y fue adoptada
con base en la respectiva declaratoria jurisdiccional previa.
El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) dictó, el 8 de agosto de 2022, la medida preventiva de suspensión contra la servidora Claudia Alexandra Romero Ramírez, por sus actuaciones como Agente Fiscal de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado.
De acuerdo a lo que establece la Resolución PCJ-MPS-015-2022, la mencionada servidora incurrió en manifiesta negligencia, debidamente declarada por la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, debido a que violentó los derechos de un ciudadano que obtuvo sobreseimiento en la causa penal No. 17282-2020- 00826. La afectación se produjo cuando la fiscal mantuvo vigente una medida cautelar alterna a la prisión preventiva, pese a que esta ya había sido revocada por orden judicial.
Con esta actuación se habría inobservado el principio de responsabilidad previsto en el artículo 15 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) que, en su inciso cuarto señala que todas las servidoras y servidores de la Función Judicial, cualquiera sea su denominación, función, labor o grado, así como los otros operadores de justicia, deben aplicar el principio de debida diligencia en los procesos a su cargo y que “serán administrativa, civil y penalmente responsables por sus acciones y omisiones en el desempeño de sus funciones”.
La medida preventiva de suspensión se extenderá hasta por tres meses incluida la remuneración.
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