La institución solicitó información a varias entidades del Estado para adoptar las acciones que correspondan en el ámbito disciplinario.
El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) asistió virtualmente, este 14 de enero de 2022, a la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, de la Asamblea Nacional, para explicar las acciones realizadas respecto a la revocatoria de visas a servidores judiciales por parte de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador.
Esta reunión contó con la presencia de la Presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado, los vocales Maribel Barreno, Juan José Morillo, Xavier Muñoz y Fausto Murillo Fierro. También estuvieron el Director General, Santiago Peñaherrera Navas, y el Director Nacional de Transparencia de Gestión, Ronald Verdesoto.
Durante la Sesión No 076 del ente legislativo, La Presidenta del CJ destacó que la lucha contra la corrupción es permanente ya que es su primer eje de acción.
Explicó que a partir de las declaraciones del Embajador de Estados Unidos, el CJ solicitó, en diciembre de 2021, información de manera inmediata a varias entidades como: la Embajada de Estados Unidos, la Presidencia de la República; a los ministerios de Gobierno y de Relaciones Exteriores; a la Comandancia General de la Policía y a la Contraloría del Estado.
De su parte, Juan José Morillo explicó que en la lucha contra la corrupción, la gestión del CJ es constante y no está supeditada a pronunciamientos de otros organismos, a la revocatoria de visas o a situaciones políticas. Sostuvo que con la información que se recopile, se realizará la correspondiente investigación, respetando el debido proceso y con base en el derecho a la defensa. “De ser el caso llegaremos a sanciones administrativas y presentaremos las denuncias pertinentes para las sanciones penales”, dijo.
En tanto, Fausto Murillo Fierro recordó que al CJ se le restringió su facultad disciplinaria, a través de la sentencia 3-19-CN/20, expedida en 2020 por la Corte Constitucional, que declaró la inconstitucionalidad de la potestad para iniciar de oficio expedientes disciplinarios por error inexcusable, negligencia manifiesta y dolo, previstos en el artículo 109, numeral 7, del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).
En su intervención, Santiago Peñaherrera Navas indicó que existen convenios y tratados internacionales de lucha contra la corrupción que deben ser considerados en este caso. Afirmó, que con base en esta normativa el CJ requirió información para verificar si los datos corresponden a servidores que ya fueron denunciados y sancionados. Si se trata de nuevos servidores, se iniciarán los sumarios correspondientes.
DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
