Este viernes, 30 de julio de 2021, se llevó a cabo la sesión 017 de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, en la que participaron la Presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), María del Carmen Maldonado, junto a los Vocales del CJ, Juan José Morillo, Fausto Murillo y Maribel Barreno; el Director General, Mauricio Riofrio y el Director Nacional de Transparencia, Ronald Verdesoto.
En la cita, con otras instancias de la Función Judicial, se analizaron, dentro de las competencias de cada organismo, la gestión institucional en el marco del Sistema de Rehabilitación Social.
La Presidenta del CJ se refirió a las Unidades Judiciales Especializadas de Garantías Penitenciarias, que fueron creadas en 2019, una vez que la actual administración asumió la conducción del Consejo de la Judicatura, terminando así con la espera de más de 11 años para la conformación de estas unidades. De esta manera, se crearon las Unidades Judiciales de Guayas, Cotopaxi, Azuay y Manabí, mediante resoluciones 136, 137, 138 y 139 de 2019, respectivamente.
María del Carmen Maldonado agregó que dicha acción se enmarca en el segundo eje de gestión del CJ, a través de la capacitación, evaluación y tecnificación de los servidores judiciales. En la actualidad, las cuatro provincias que cuentan con las Unidades Judiciales Especializadas son las que concentran la población penitenciaria más alta del país.
El trabajo coordinado con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), mediante un convenio interinstitucional para la instalación de audiencias telemáticas, garantiza el acceso a la justicia y el debido proceso, indicó la autoridad. En las cuatro provincias existen 11 jueces, quienes en el marco del estado de excepción por la pandemia del Covid-19 generaron más de 20.500 boletas de excarcelación, emitidas a través del Sistema Automático de Trámite Judicial (Satje).
De su lado, el Vocal Juan José Morillo enfatizó que no se dio importancia, desde la aprobación de la Constitución de 2008, a la creación de estas Unidades Judiciales. Mencionó que, en la actualidad, el CJ ha dotado de herramientas para agilizar estos procesos penitenciarios y además capacitó a 193 servidores judiciales entre jueces de garantías penitenciarias y con competencia en la materia. Durante el 2020 y 2021, se llevaron a cabo más de 78 mil audiencias telemáticas en el marco de la pandemia, dijo.
Por su parte, el Vocal Fausto Murillo se refirió al ejercicio disciplinario del CJ y a la sentencia de la Corte Constitucional sobre esta potestad frente a servidores judiciales que incurran en infracciones tipificadas en el Código de la Función Judicial (COFJ).
Así mismo, la Vocal Maribel Barreno explicó que un interés del CJ han sido las garantías penitenciarias para cumplir con el acceso a la justicia de la población carcelaria. Pese a los recursos limitados otorgados al CJ, la institución priorizó la capacitación a juezas y jueces, manifestó.
Mientras tanto el Director General del CJ, Mauricio Riofrío se refirió a las acciones interinstitucionales del máximo organismo de la Función Judicial en materia de lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del servicio de justicia.
De esta manera, el Consejo de la Judicatura, en el marco de sus competencias ha priorizado la atención a las personas privadas de la libertad, a través de un adecuado y célere acceso a la justicia.
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