El Consejo de la Judicatura (CJ) avanza en la implementación de medidas para cubrir las vacantes de jueces a escala nacional y asegurar la continuidad del servicio de justicia. En ese contexto, durante la sesión extraordinaria N.- 076-2026, realizada este 12 de junio, el Pleno conoció un informe técnico.

El documento establece que actualmente existen 210 cargos vacantes en unidades judiciales del país y advierte que el Plan de Desvinculación Institucional por Jubilación 2026 podría generar otras 68 plazas disponibles. En total, se prevé la necesidad de ocupar 278 puestos.

Para atender las 210 vacantes actuales, la institución impulsa la ejecución de nuevos concursos públicos. Con ese propósito, fortalece el área de Talento Humano y gestiona los recursos financieros necesarios para desarrollar estos procesos. Es decir, se refuerza la planificación de los futuros mecanismos de selección de juzgadores, considerando aspectos técnicos, normativos y presupuestarios.

Respecto de las 68 salidas por jubilación, el informe señala que su impacto sería mayor en las provincias de Guayas, Pichincha, Manabí y Loja.

Frente a este panorama, el Consejo de la Judicatura implementa alternativas temporales de cobertura, entre ellas subrogaciones, encargos y una redistribución estratégica del personal disponible para respaldar las dependencias con mayor carga procesal.

Entre tanto, en esta misma sesión, el Pleno prorrogó los nombramientos temporales de los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario de Portoviejo-Manabí, Gabriel Villacís Navarrete y Fabricio Menéndez Macías, hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta que lo determinen las autoridades.

Adicionalmente, en cumplimiento de sentencias emitidas dentro de acciones de protección, el Pleno nombró dos jueces:

• Tania Parra Solórzano, jueza de Centinela del Cóndor, Zamora Chinchipe.

• Amado Bravo Valarezo, juez de Pindal, provincia de Loja.