El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) dispuso el inicio de sumarios disciplinarios contra el actual director provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, E.A.G.S., y la exdirectora provincial X.M.C.P., por presuntamente incumplir sus funciones al no tramitar con la debida celeridad una solicitud de teletrabajo presentada por un juez que había advertido riesgos para su seguridad.

El juzgador informó que entre las causas a su cargo se encontraba un proceso relacionado con un presunto cabecilla del grupo delictivo “Los Lobos”, por lo que solicitó medidas de protección que le permitieran desempeñar sus funciones sin poner en riesgo su integridad.

Las investigaciones determinaron que la petición, presentada en septiembre de 2024, permaneció sin resolución durante aproximadamente siete meses. Aunque se requirió documentación adicional, no se evidenciaron acciones oportunas para atender el requerimiento.

Tras analizar el caso, el Pleno concluyó que ambos servidores habrían incumplido su obligación de actuar con eficiencia, diligencia y celeridad en la atención de una solicitud vinculada a la seguridad de un servidor judicial.

La actual administración del Consejo de la Judicatura ha reiterado que la protección de jueces, fiscales y demás servidores judiciales constituye una prioridad institucional, especialmente frente a las amenazas derivadas del crimen organizado.

En otro tema, la presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo Aldaz, dispuso remitir a la Fiscalía General del Estado la información contenida en un expediente en el que se denuncian presuntos pagos irregulares para obtener el archivo de procesos disciplinarios tramitados en la Dirección Provincial del Guayas.

Asimismo, ordenó identificar las áreas en las que actualmente laboran siete servidores judiciales que estarían vinculados con estos hechos, con el propósito de determinar si alguno de ellos continúa desempeñando funciones en el sistema disciplinario.

La medida busca garantizar la transparencia, imparcialidad y objetividad de las investigaciones, así como prevenir cualquier posible interferencia en su desarrollo.

Adicionalmente, el Pleno dispuso que se continúe de manera prioritaria la sustanciación del sumario disciplinario seguido contra la servidora judicial de Los Ríos, D.E.B.G., quien es investigada por presuntamente alterar datos de beneficiarios y cuentas bancarias para acreditar USD 452,38 correspondientes a pensiones alimenticias en favor de una persona no autorizada.