Quito, 2 de junio de 2026.
Consejo de la Judicatura coordina el fortalecimiento de la protección de jueces y servidores frente al avance del crimen organizado
El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) conoció este 2 de junio de 2026 un informe que consolida información remitida por las 24 Direcciones Provinciales y la Corte Nacional de Justicia, con el objetivo de identificar los principales riesgos que enfrentan juezas, jueces, servidores judiciales y la infraestructura institucional.
El informe revela los siguientes datos:
N.- servidores judiciales país | Judiciales amenazados | Víctimas de violencia | Servidores con seguridad |
8752 | 127 | 23 | 58 |
El diagnóstico establece además que las provincias que registran los mayores niveles de riesgo son Guayas, Pichincha, Los Ríos, El Oro, Santa Elena, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos.
Para enfrentar esta problemática, el Consejo de la Judicatura ha impulsado mesas técnicas internas de trabajo y mecanismos de coordinación interinstitucional con entidades estratégicas del Estado, entre ellas el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, la Fiscalía General del Estado, la Corte Nacional de Justicia y la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj).
Como resultado de estas acciones, se prevé la suscripción de un convenio con el Ministerio del Interior que permitirá fortalecer la cobertura policial en las dependencias judiciales del país y crear una instancia de enlace dentro del Consejo de la Judicatura para coordinar con esa Secretaría de Estado los temas relacionados con la seguridad institucional.
Adicionalmente, la institución desarrolla una herramienta tecnológica que agilizará la atención de las solicitudes de protección presentadas por jueces y demás operadores de justicia.
De forma paralela, se avanza en la elaboración de un plan integral de protección orientado a fortalecer las condiciones de seguridad para quienes ejercen funciones en el sistema judicial.