El Consejo de la Judicatura (CJ) remitió este jueves, 7 de mayo de 2026, un oficio formal dirigido al Presidente (e) de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez Ruiz. En el documento, suscrito por la titular del CJ, doctora Mercedes Caicedo Aldaz, se solicita oficialmente que el Pleno de la alta corte expida una resolución, con carácter general y obligatorio, que determine los alcances, límites y la naturaleza jurídica de la «Prueba de Confianza» en la Función Judicial.

Esta petición institucional da continuidad y cumplimiento a los consensos alcanzados durante la Mesa de Trabajo Interinstitucional desarrollada el pasado 6 de mayo de 2026 entre el Pleno del Consejo de la Judicatura y el Pleno de la Corte Nacional de Justicia.

Esta solicitud tiene como objetivo definir el alcance de las mencionadas pruebas, mediante reglas claras que precautelen la seguridad jurídica, consagrada en el artículo 82 de la Constitución. Con ello, se busca erradicar la percepción de subjetividad y discrecionalidad de procesos anteriores, dotando a los futuros concursos y evaluaciones de un blindaje normativo sólido y verificable.

El pedido del Consejo de la Judicatura se sustenta en lo que señala el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), cuyo artículo 180, numeral 6, faculta a la Corte Nacional de Justicia emitir resoluciones generales y obligatorias que aclaren dudas u oscuridades en las leyes.

La solicitud se relaciona, además, con el artículo 37 de la misma norma, el cual exige que todo profesional que ingrese o permanezca en la Función Judicial debe contar con una trayectoria ética irreprochable y aprobar los exámenes de confianza que reglamente el Consejo de la Judicatura.

Con este paso fundamental, la administración de la Presidenta Mercedes Caicedo avanza en la ejecución de su Plan Estratégico, garantizando que los futuros concursos de méritos y evaluaciones de desempeño cuenten con bases legales transparentes y alineadas con el estricto respeto a los derechos constitucionales.