Consejo de la Judicatura

Quito, 29 de enero de 2026.

En Cotopaxi y Tungurahua se hallaron 13 expedientes disciplinarios con irregularidades

Como parte de la estrategia nacional orientada a detectar posibles anomalías u omisiones en la tramitación y resolución de procesos disciplinarios, los equipos técnicos del Consejo de la Judicatura (CJ) identificaron irregularidades en 13 expedientes abiertos en las provincias de Cotopaxi y Tungurahua.

En estas jurisdicciones se revisó documentación correspondiente a los años 2022, 2023 y 2024. Al concluir el trabajo técnico, se constató que las mencionadas acciones disciplinarias fueron cerradas sin la debida motivación.

Estos hechos fueron conocidos por el Pleno del CJ, durante la sesión ordinaria Nro. 011-2026, realizada este 29 de enero, en la que se dispuso que, de forma urgente, se inicien procesos administrativos con el fin de determinar las responsabilidades del caso.

Mientras tanto, el trabajo in situ desarrollado en El Oro determinó que los expedientes del 2024 y 2025 fueron debidamente sustanciados y en estricto apego a la norma vigente.

Por otra parte, en la misma sesión, el Pleno sancionó a tres jueces conforme este detalle:

NombreCargo¿Qué hizo?Sanción
L.J.G.P.
J.W.A.T
Exjueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos
  • De forma errada, los juzgadores usaron una acción de protección para ordenar el registro y la forma de liquidación de una deuda.
  • Además, dejaron sin efecto una medida cautelar penal vigente en este caso.
Destitución por error inexcusable
J.T.A.Juez del Tribunal de Garantías Penales de Pichincha
  • El Pleno le impuso tres sanciones económicas equivalentes al 10 % de su remuneración mensual.
  • En el primer caso, se evidenció un retardo injustificado de dos años, ocho meses y 19 días en la redacción a escrito de una sentencia por homicidio culposo por mala práctica profesional.
  • En el segundo caso, el juez tardó un año, 10 meses y 19 días para entregar la sentencia escrita en un caso de robo.
  • En el tercer caso se tardó un año, 10 meses y 19 días para reducir a escrito la sentencia por ataque o resistencia.
Tres sanciones económicas equivalentes al 10 % de la remuneración

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL