Desde el 1 de abril de 2022 que entró en funcionamiento la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias, con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, esta nueva estructura judicial ha contribuido a aliviar el hacinamiento en los centros de privación de libertad de la capital de la República y, en consecuencia, ha mejorado las condiciones de vida de las personas privadas de libertad (PPL).

Esta unidad fue creada mediante Resolución 037-2022 del Consejo de la Judicatura (CJ), en aplicación de lo dispuesto en el artículo 230 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como lo manda el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias trabaja de manera célere para atender los requerimientos de PPL. En este sentido, las juezas de esta Unidad aplican la normativa para sustanciar y proteger los derechos y garantías de las personas privadas de la libertad con sentencia condenatoria.

Con relación a causas en materia Constitucional, sobre la base de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, han ingresado y han sido despachadas todas las garantías jurisdiccionales que presentan las y los ciudadanos, así como los habeas corpus que interponen los PPL con sentencia condenatoria ejecutoriada.

Con esta dependencia judicial, conforme las estadísticas, ha menorado notablemente la carga procesal que tenían las unidades judiciales en materia Penal.