La Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura espera avances en la investigación que se realiza respecto al ataque a la Unidad de Flagrancia de La Mariscal, en la ciudad de Quito.

Como resultado de la denuncia presentada por el doctor Santiago Aráuz Rios, Director Provincial del Consejo de la Judicatura (CJ) de Pichincha, en el ámbito administrativo, la Fiscalía General del Estado desarrolla la investigación del ataque ocurrido el pasado 15 de julio del presente año, en los exteriores de la Unidad Judicial de Flagrancia de La Mariscal Sucre, ubicada en la Av. Patria y 9 de Octubre, de la ciudad de Quito, a fin de recabar los elementos de convicción necesarios para dar con los responsables del presunto delito de TERRORISMO, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal art. 366 (COIP).

En la denuncia, el titular de la Dirección Provincial de Pichincha del (CJ), solicitó cumplir una serie de diligencias y actos urgentes, entre ellas, que se oficie al Comando del Distrito Metropolitano de Quito de la Policía Nacional del Ecuador, a fin de que remita todos los partes policiales generados por el evento en particular; sin perjuicio de requerir al Ministerio del Interior remitir igualmente la documentación de todas las unidades policiales que intervinieron en el evento del 15 de julio de 2023, en especial, del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional que efectuó la desactivación del artefacto explosivo, debiendo solicitar la singularización y características de éste.

Así mismo, que se recepten las versiones de las personas que se encontraban en el lugar de los hechos, para lo cual se solicitó requerir el registro respectivo del personal de jueces y servidores judiciales que se encontraban laborando desde las 18h00 hasta las 22h00 el 15 de julio de 2023; así también, que se requiera de manera urgente y en cadena de custodia, una copia auténtica de los videos de seguridad de la Unidad de Flagrancia de La Mariscal Sucre, correspondientes al 15 de julio de 2023, sin perjuicio de incluir días anteriores y posteriores al evento.

De igual manera, que se señale día y hora para que el Coronel de Policía en (SP) Juan Zapata Silva, en su calidad de Ministro del Interior; y el General de Distrito Fausto Salinas Samaniego, Comandante General de la Policía Nacional, rindan su versión sobre los hechos materia de investigación, en razón de que existe una acción constitucional previa al evento del 15 de julio de 2023, que dispone la asignación de personal y medios para garantizar la protección de las personas e instalaciones de la Función Judicial, por lo que es necesario conocer respecto del incremento del personal, medidas de seguridad dispuestos y la ejecución de acciones de prevención y seguridad.

Cumplimiento de medida cautelar

Cabe indicar que, con fecha 11 de julio de 2023, la doctora Carmen Virginia Ramírez, Jueza de la Unidad Judicial Civil Iñaquito de Pichincha, concedió el pedido de medidas cautelares a favor de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (AEMAJ) y dispuso al Coronel (SP) Juan Zapata Silva, Ministro del Interior y al Comandante General de la Policía Nacional, General Fausto Salinas, que de manera inmediata se proceda a designar personal policial para que brinde seguridad reforzada en las unidades judiciales, Corte Nacional, Cortes Provinciales, Fiscalías y Consejo de la Judicatura, tanto interna cuanto externamente a nivel nacional; medida que tendrá vigencia hasta que existan y se socialicen los protocolos y lineamientos específicos y prioritarios en el marco de riesgos en las instancias judiciales que fueron objeto de análisis en diferentes mesas de trabajo sobre «Seguridad y Lucha contra el crimen».

Sin embargo, el Consejo de la Judicatura, al igual que los accionantes proponentes se encuentran en compás de espera que el Ministerio del Interior y la Comandancia General de la Policía cumplan lo dispuesto por la juzgadora, a fin de contribuir con la seguridad de los jueces, fiscales y demás servidores de las diferentes instancias de la Función Judicial, puesto que las amenazas en contra de operadores judiciales no han cesado y existe un clima de zozobra e inseguridad entre los servidores judiciales de todo el país.

Las operaciones ejecutadas por los presuntos delincuentes generan una grave amenaza en contra de la vida de los ciudadanos y servidores judiciales; tanto más que se está creando un precedente nefasto en la seguridad de las instalaciones de la Función Judicial; todo lo expuesto consta en detalle en la denuncia presentada por el Director Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura con fecha 21 de julio de 2023.