El director provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha, Santiago Arauz Rios, destacó el fortalecimiento institucional como uno de los logros en el año 2022. “Se dio paso a la Implementación de Tribunales Fijos en materias penales y no penales en la provincia de Pichincha y en el Distrito Metropolitano de Quito, estrategia que aporta a la seguridad jurídica, a favor de los usuarios”, dijo.

Resaltó que la gestión del Consejo de la Judicatura (CJ) implica, no solo temas de gobierno y de administración de la Función Judicial, sino fundamentalmente garantizar el acceso gratuito, ágil y oportuno a la justicia, en condiciones de dignidad. “Nuestro norte es y debe ser el servicio eficiente y eficaz a la ciudadanía, pues su nivel de satisfacción depende del cumplimiento de nuestro trabajo”, añadió.

Durante su intervención, explicó que una de las prioridades ha sido la creación de la Unidad Especializada en Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado. Para el efecto, se realizó la selección de 14 juezas y jueces, a través de un proceso transparente, con asesoramiento de 18 expertos internacionales y la veeduría ciudadana integrada por siete miembros. Se trata de dos jueces de la Unidad Judicial Penal; seis jueces de Tribunal Penal; y, seis jueces de la Sala Especializada Penal.

Con el propósito de atender una de las problemáticas más complejas relacionadas con el combate al tráfico de drogas, la autoridad provincial comentó que en septiembre del año pasado, el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó el Protocolo para la Destrucción de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, con lo cual se destruyó más 81 toneladas de dichas sustancias.

Así mismo, informó que se nombraron 22 jueces, 9 fiscales y 18 defensores públicos, mediante procesos transparentes, tomando como base los respectivos bancos de elegibles en cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias.

“En el 2022 la tasa de resolución de causas fue del 0,93 en 2021 al 1,01 en 2022. Ingresaron 114.043 causas, más 1.087 causas represadas, que da un total de 115.130 causas resueltas. Esto constituye un paso fundamental en el descongestionamiento de procesos en las diferentes judicaturas del país con un despacho ágil y efectivo de las causas”, señaló.

Acorde con el avance de las tecnologías aplicadas a la información, el Consejo de la Judicatura fortaleció el trabajo de la oficina de Gestión Judicial Electrónica y Trámite Web. Para el efecto, se implementaron los expedientes electrónicos en nueve provincias: Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Los Ríos, Morona Santiago, Napo, Orellana, Sucumbíos y Zamora Chinchipe.

El fortalecimiento institucional no puede estar separado de los procesos de capacitación, formación continua y especialización. En este sentido, el director provincial de Pichincha, comunicó a la ciudadanía que se dictaron 180 cursos; 155 programas de capacitación; y, 24 procesos de formación continua, con 37.427 participantes; 342 jueces capacitados; 42 eventos académicos y administrativos a escala internacional, con énfasis en materias de derechos humanos de las personas privadas de libertad y menores sometidos a medidas privativas de libertad y socioeducativas.

Justicia de paz

Se cuenta con 57 jueces de paz, 19 de ellos nombrados en 2022, lo cual incidió en la atención de más de 81 causas en el período de la referencia.

Mediación

En cuanto a la acción desarrollada por el Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, se atendieron 12.266 causas, correspondiente al 23,18 % del total de la demanda no penal, con un total de 7.050 acuerdos alcanzados.

Ejecución presupuestaria

Respecto de la ejecución presupuestaria a nivel provincia, existió un déficit de 3.192.301,49 dólares.

Se ejecutó el 99,96% del presupuesto asignado, el cual se empleó en la adquisición de suministros de oficina, papel de copiadora, tóner y repuestos para las impresoras de la provincia; así como también se utilizó para el servicio de aseo y limpieza para las unidades judiciales de la Dirección Provincial de Pichincha; pago de servicios básicos; arrendamiento de bienes inmuebles, y mantenimiento de edificios.