Pichincha se ubicó en el primer lugar en tres categorías: mejores salas penales de las cortes provinciales a nivel de país, en la que obtuvo una calificación del 98,73; y mejores salas de lo laboral, alcanzando el 97,72.

De igual manera, recibió la mejor calificación final entre las unidades judiciales de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con el 96,76.

Al igual que en años anteriores, la provincia se destacó en esta evaluación, quedando entre las mejores puntuadas y recibiendo el reconocimiento de las autoridades del Consejo de la Judicatura (CJ).

Asimismo la provincia de Pichincha se posicionó en el tercer lugar con los Tribunales del Contencioso Administrativo (95,34) y logró el segundo puesto entre los Tribunales del Contencioso Tributario, consiguiendo el 95,85.

Entre octubre de 2014 y septiembre de 2015, 1504 jueces participaron de la evaluación de desempeño realizada por el CJ. En el proceso se valoró el trabajo cualitativo y cuantitativo en cortes, salas, tribunales y unidades judiciales.

Los resultados obtenidos por los operadores de justicia se hicieron públicos el 7 de enero, en Quito, y revelaron que la mayoría de jueces de primer nivel, Cortes Provinciales y Tribunales Distritales del país superaron de forma satisfactoria la evaluación de desempeño.

El evento se dio en el auditorio de la Corte Nacional de Justicia. En este espacio autoridades del Pleno del CJ, encabezado por el Presidente, Gustavo Jalkh, reconocieron a las provincias, cortes, salas, tribunales y unidades judiciales que obtuvieron los puntajes más altos en cada una de las materias.

Para el Presidente del CJ, Gustavo Jalkh, el proceso de evaluación ha permitido multiplicar por cinco la productividad judicial a nivel nacional e identificar necesidades del sistema de justicia en torno al número de jueces, infraestructura y tecnología.

La evaluación valoró la tasa de resolución de causas ingresadas en el sistema informático SATJE, la gestión de despacho, el porcentaje de acuerdos alcanzados en conciliación, el número de causas derivadas a mediación, la calidad de la actuación judicial y, para los jueces que conocen materias penales y de tránsito, la aplicación de procedimientos directos y abreviados.

Con estas pruebas se cumple lo dispuesto en los Artículos 187 de la Constitución, así como 87 y 88 del Código Orgánico de la Función Judicial que determina que ese proceso debe desarrollarse según parámetros técnicos.