La provincia de Pichincha alcanzó, este 10 de junio, una tasa de 12 jueces por cada 100 mil habitantes, superando el promedio latinoamericano que es de 11 administradores de justicia por igual número de pobladores.

Este logro se dio con la posesión de 34 nuevos jueces, con lo cual se amplía más el acceso de la ciudadanía a los servicios que ofrece la Función Judicial. Además, se garantiza una atención oportuna y eficaz; y la correcta implementación de la oralidad, tal como lo determina el Código Orgánico General de Procesos (COGEP).

El Presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Gustavo Jalkh, tomó el juramento a los nuevos funcionarios y dijo que así se fortalece el sistema en beneficio de los usuarios. “Ustedes deben ofrecer un servicio público en igualdad de condiciones para todos, sin privilegios, de manera transparente, de manera ética, motivando en Derecho sus resoluciones”, señaló.

Quienes asumieron sus cargos atenderán en los cantones: Quito (29), Rumiñahui (2), Mejía (1), Pedro Moncayo (1) y Puerto Quito (1). Conocerán causas en las materias: Civil y Mercantil; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; Contencioso Administrativo y Penal.

En Pichincha no se había creado ningún juzgado civil en los últimos 20 años, por eso de los 34 nuevos jueces, 21 trabajarán en esta materia. Ellos se suman a los 19 ya existentes y así se duplica la capacidad de atención en esta especialidad.

El doctor Jalkh indicó que los nuevos jueces tienen la responsabilidad de aplicar correctamente la oralidad prevista en el COGEP. “No se trata de una justicia con audiencias, se trata de una justicia en audiencias, es decir, de manera transparente, pública y más ágil”, explicó.

En este marco,  destacó que en Pichincha, debido a las acciones emprendidas por las instituciones del sector justicia, ahora el 97 por ciento de las audiencias se realizan y el nivel de confianza ciudadana en el sistema judicial es del 72 por ciento.

Este evento también contó con la presencia de los vocales del CJ, Karina Peralta, Néstor Arbito y Alejandro Subía, así como el ministro coordinador de Seguridad, César Navas; el viceministro del Interior, Diego Fuentes; el defensor público, Ernesto Pazmiño, entre otras autoridades.