El Consejo de la Judicatura, en coordinación con la Fundación Ecológica Collay-Maylas de Gualaceo, revoluciona la forma de hacer justicia. Ahora los contraventores, tras la decisión de un juez, pueden cumplir labores de trabajo comunitario y con ello sustituir la pena privativa de libertad.

El Consejo de la Judicatura, en coordinación con la Fundación Ecológica Collay-Maylas de Gualaceo, revoluciona la forma de hacer justicia. Ahora los contraventores, tras la decisión de un juez, pueden cumplir labores de trabajo comunitario y con ello sustituir la pena privativa de libertad.

Este tipo de sanción suspende el cumplimiento de la pena con privación de libertad, pero no exime al infractor del pago de las multas y la reducción de puntos en la licencia que se establece para contravenciones de tránsito.

En apego a los artículos 63 y 631, numeral 5, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), se señala que todo tipo de contravención que conlleve pena privativa de libertad o delitos cuya pena no excedan los cinco años de prisión, pueden sancionarse con trabajo comunitario o suspensión condicional de la pena.

En julio de 2015, dos infractores cumplieron su sanción en el bosque protector Collay, localizado a 12 kilómetros del centro cantonal de Gualaceo hacia la vía Oriental. Allí, desde enero de 2015 hasta la fecha, cerca de 29 personas de Gualaceo y Chordeleg cumplieron su sanción realizando actividades de reforestación, limpieza y cuidado de espacios verdes.

“Rafael” incurrió en una contravención de tránsito y fue sentenciado por un juez a sembrar 500 árboles en cinco meses. Ha plantado 400 y asegura que esta sanción le permitió reflexionar y aprender.

La labor de los infractores es supervisada por personal de la Fundación Ecológica, quienes emiten reportes al juez. En esos documentos se detallan las actividades realizadas por los contraventores, las fechas, hora de ingreso, salida y fotografías que respaldan el cumplimiento de las labores.

Según el juez de la Unidad Penal de Gualaceo, Jorge Verdugo, los reportes son constancia del trabajo; no tienen la condición de elementos probatorios, pero permiten al juez resolver respecto al cumplimiento de la pena, la respectiva extinción o en caso de incumplimiento, la revocatoria y ejecución de la pena privativa de libertad.

El juez Verdugo explica que este tipo de penas buscan mostrar el rostro humano de la justicia y acercarla a la ciudadanía.

Por su parte, el juez de la Unidad Multicompetente Civil de Gualaceo, Manuel Cabrera, reconoce el trabajo de la Fundación Maylas en la conservación del medio ambiente. A su criterio los dictámenes de los jueces que fallan por el trabajo comunitario trascienden en la colectividad y crean consciencia ecológica.

Luis Campoverde, presidente de Collay-Maylas de Gualaceo, agradeció al Consejo de la Judicatura por implementar este tipo de sentencias, pues con éstas el ciudadano cumple su sanción y fortalece el vínculo con la naturaleza.

Operadores de justicia y personal de la Fundación Ecológica Collay-Maylas esperan que la iniciativa se replique a nivel nacional. Los resultados obtenidos con el trabajo comunitario en el cantón Gualaceo fueron expuestos al Presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, en el marco de la agenda que cumplió en Azuay el pasado mes de julio.