El presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, compareció este 7 de julio de 2025, en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, donde propuso una serie de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), para modernizar el sistema de justicia; reforzar la independencia, transparencia y eficiencia; garantizar el acceso equitativo a la justicia, combatir eficazmente la corrupción; y promover una cultura de paz, legalidad y derechos humanos.

El presidente Godoy señaló que los cambios son urgentes, más aún cuando el crimen organizado ha cooptado a servidores judiciales como ocurrió en los casos Metástasis, Plaga y Purga. En ese sentido se plantea, reformar el artículo 329 del COFJ para impedir que personas condenadas por delitos como cohecho, tráfico de influencias, prevaricato o delincuencia organizada ingresen a la Función Judicial. Además, jueces y fiscales deberán actualizar sus declaraciones patrimoniales cada año o en el momento en que su patrimonio crezca más del 10%.

Adicionalmente, se plantean cambios en el artículo 106 para que, cuando una medida jurisdiccional suspenda un expediente disciplinario, también se posterguen los plazos de prescripción. Esto evitará la impunidad.

El presidente del CJ propuso reformar los artículos 122 y 153, con el objetivo de unificar el régimen de remoción para jueces y servidores administrativos. La propuesta es que la remoción se ejecute, en ambos casos, cuando exista un auto de llamamiento a juicio en firme en contra del servidor. Actualmente, en estos casos solo los servidores administrativos son removidos, mientras que los jueces son suspendidos en sus funciones.

En cuanto a la evaluación de los funcionarios se propone que este proceso se cumpla cada año. Quienes no aprueben serán removidos sin otra valoración. Los jueces no han sido calificados desde 2017 y los fiscales desde 2011.

También hay la necesidad de que se concreten los concursos públicos de jueces, fiscales y defensores públicos. Con ese propósito, se solicita actualizar los parámetros de pruebas psicológicas y precisar el concepto y alcance del examen de confianza. Desde 2017 no se realizan estos procesos por lo que no existen bancos de elegibles para cubrir vacantes o reemplazos.

El presidente Godoy busca además mejorar el servicio a los usuarios. Por eso sugirió incorporar como falta gravísima los retardos injustificados; y como infracciones graves no registrar o actualizar oportunamente la información judicial en el sistema informático.

En esa línea también se propone que parte de los 50 millones de dólares que el Estado percibe anualmente por tasas notariales se quede en la Judicatura y se destine para mejorar la gestión de los procesos judiciales. Finalmente, propuso reformas relacionadas con la Escuela de la Función Judicial, Mediación, Jueces de paz y justicia indígena.