El Presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, compareció, este 25 de junio de 2025, ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, órgano que investiga la actuación de los operadores de justicia que intervienen en el marco del conflicto armado interno.

En ese contexto, el abogado Godoy expuso la grave situación por la que atraviesa la Función Judicial y la afectación al servicio ciudadano.  

El Presidente sostuvo que la falta de jueces y fiscales, la infraestructura en mal estado, la falta de tecnología, el déficit presupuestario y la carencia de insumos han dejado a más del 50% de las unidades judiciales en estado “crítico” o en “alerta”.

“Décadas de abandono, corrupción sistémica y la infiltración de redes Nocriminales han erosionado la confianza pública y la institucionalidad”, sostuvo.

A la fecha, hay un déficit de 753 jueces en todas las materias. La mayor afectación está en los juzgados de lo Civil, donde se requieren 232 juzgadores. En lo Penal se necesitan 175 más.

“La alarmante falta de jueces ha sumido a la Función Judicial en un colapso procesal insostenible. La sobrecarga de casos genera retrasos severos, acumulación masiva de causas y fallos judiciales con margen de error elevado”, sostuvo el Presidente.

El 38% de las judicaturas se encuentra sin personal, con sobrecarga procesal y con altos riesgos por el crimen organizado.

En cuanto a la infraestructura, el 50.6% de 124 de 245 edificaciones se encuentra en estado crítico, 87 (35.51%) se halla en estado regular y solo 34 (13.88%) está en buen estado.

Actualmente, la Función Judicial registra un déficit presupuestario de 200 millones de dólares.

El deterioro también afecta a los sistemas informáticos. El 73% de los servidores no posee vigencia tecnológica. El 84% de equipos de redes están descontinuados y únicamente hay un 37% de almacenamiento disponible.

En medio de este complejo escenario, el Consejo de la Judicatura mantiene su labor firme en la lucha contra la corrupción. Durante esta administración, se ha sancionado con destitución a 99 servidores judiciales, entre ellos 54 jueces y 11 fiscales, por actuaciones que comprometieron la integridad del sistema de justicia.

La Judicatura seguirá con la depuración de malos elementos. Por ello, plantea reformas al Reglamento de la Potestad Disciplinaria. Se propone, por ejemplo, dar continuidad a los procesos disciplinarios relacionados con funcionarios que ya han renunciado a sus cargos. En la práctica, esto ya se aplica, pero no está normado.

En casos de dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable, se plantea que se desarrolle una audiencia pública, a solicitud de los servidores sumariados. De esta forma, se otorgará al proceso una dimensión oral y contradictoria no prevista en el reglamento.

Además, se propone reforzar el cómputo de los plazos de prescripción y establecer reglas claras sobre su interrupción y suspensión.