El Consejo de la Judicatura y el Ministerio del Interior coordinarán un mecanismo de seguimiento que permita ejecutar de forma efectiva las órdenes de detención o comparecencia dictadas en contra de personas involucradas en delitos sexuales, contra la propiedad y otros casos penales.

Así lo anunciaron el Presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, y el viceministro del Interior, Diego Fuentes. Ellos participaron en una reunión que la Mesa de Justicia mantuvo este 22 de febrero, en Quito.

Hace pocos días, el doctor Jalkh informó que si bien los tribunales penales del país tienen excelentes resultados en su trabajo, existen casos cuyo juzgamiento está suspendido porque la detención de los involucrados, a cargo de la Policía, no se ejecuta.

En esa ocasión, el titular del CJ, indicó que son 527 procesados que no han sido capturados y que es necesario recordar a los funcionarios policiales la obligación que tienen de colaborar con la justicia, tal como lo establece el artículo 295 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Esa normativa indica que “la o el servidor de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas que, después de haber sido legalmente requerido por la autoridad civil, se niegue a prestar el auxilio que esta le pida, será sancionado con pena privativa de libertad de quince a treinta días”.

La información relacionada con estos casos fue entregada al Ministerio del Interior para que se tomen las medidas pertinentes y no se detengan los procesos penales por falta de comparecencia.

“Acordamos tener una reunión de trabajo adicional para definir una metodología de cumplimiento de las órdenes de detención de los procesados que no se han presentado a juicio, que no tienen orden de prisión, que están defendiéndose en libertad, pero que no comparecen a la audiencia de juzgamiento”, explicó el doctor Jalkh.

En este marco, el viceministro Fuentes indicó que una de los mecanismos para concretar la detención oportuna de los procesados sería la conformación de un bloque especial de búsqueda, similar a los que ya funcionan en torno a los casos de homicidios y muertes violentas.

“Hemos puesto toda la apertura para crear una metodología en conjunto y definir prioridades. Ustedes saben que el recurso humano de la Policía está actualmente copado, pero vamos a hacer un esfuerzo institucional para tener una brigada específica y solventar este requerimiento del Consejo de la Judicatura”, señaló el funcionario.

Acerca del desempeño judicial penal, el Presidente Jalkh informó que en delitos contra la propiedad (robo y hurto), los datos son alentadores en función de la aplicación del juicio directo, que es una de las innovaciones del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y un mecanismo de lucha eficiente contra la impunidad en delitos flagrantes sancionados con menos de cinco años.

Según las cifras, entre agosto de 2014 y febrero de 2016, hubo 6129 casos. De estos,  5 094 (83 %) recibieron sentencia condenatoria y 1 035 (17 %) ratificación de inocencia.

En delitos de hurto, se registraron 1 045 casos y 871 casos (81 %) obtuvieron sentencia condenatoria, mientras que 194 (19 %) ratificación de inocencia.

En cuanto a la eficiencia judicial, las autoridades de la Mesa de Justicia explicaron que, en 2015, se registró un ahorro estimado de 138 millones de dólares: 107.6 millones por la aplicación de los procedimientos directo y abreviado; 12.6 millones por disminución de audiencias fallidas; 9.6 millones por el funcionamiento del sistema de mediación; 7 millones por la grabación de audiencias y actas resumen; y 1.6 millones por la realización de audiencias por videoconferencia.

Gratuidad de la Defensa Pública

Otro de los temas abordados por la Mesa de Justicia fue el modelo de gestión de la Defensa Pública.

Al respecto, el doctor Jalkh, recordó que la Constitución ecuatoriana contempla a este servicio como un derecho que garantiza el debido proceso en materia Penal y en temas sociales como: alimentos, familia y laborales.

En ese sentido informó que las instituciones involucradas realizarán una campaña de difusión para que la ciudadanía conozca que este servicio es gratuito y que beneficia a las personas que no pueden pagar un abogado.

Esto frente a denuncias que se han presentado y que dan cuenta de la actuación de ciertos defensores públicos que estarían cobrando indebidamente por la asesoría que prestan.