Ecuador cuenta con 733 defensores públicos de carrera. De ellos, 70 fueron posesionados, este 6 de abril, en Cuenca, por el vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), Néstor Arbito.

Los nuevos funcionarios, quienes aprobaron un exigente concurso público de méritos, oposición, impugnación ciudadana y control social, prestan su servicio en las provincias de Azuay, Cañar, Loja Morona Santiago y Zamora Chinchipe.­­­­­

En ese contexto, el vocal Arbito destacó el proceso de selección de los defensores. Aseguró que a diferencia de lo que ocurría antes, en la actualidad, todos los servidores judiciales llegan a sus funciones con base en sus méritos académicos y profesionales.

“Ustedes no le deben a nadie su cargo, sino solo a su trabajo, esfuerzo, dedicación y sobre todo, a la calidad de servicio  que prestan”, señaló y agregó que en el país todavía hay quienes anhelan las prácticas que permitían que por ejemplo, los jueces sean designados a dedo o por compadrazgo.

“Hoy tenemos sistemas que garantizan nuestros derechos (…) Hay que ser garantista, pero la principal garantía en el ejercicio de nuestras funciones es actuar con lealtad procesal (…) actuar como seres humanos. Quien no puede ser un buen ser humano, no puede desarrollarse profesionalmente”, afirmó el abogado Arbito, quien recordó que Ecuador cuenta por primera vez con una carrera defensorial.

Por su parte, María Meneses, quien obtuvo el mejor puntaje en el proceso de selección, ratificó el compromiso de los defensores para proteger los derechos de quienes, por falta de recursos económicos, no pueden acceder al patrocinio de un abogado.

A nivel nacional, en el proceso de selección de defensores públicos, participaron más de 3.000 profesionales del Derecho. Quienes obtuvieron los mejores puntajes, ingresaron a la Escuela de la Función Judicial, donde recibieron 136 horas de formación. El 85 % alcanzó notas excelentes.

Quienes ejercen la defensoría pública tienen estabilidad laboral y están sujetos a evaluación de desempeño, pues prestan un servicio gratuito dirigido, principalmente, a las personas de escasos recursos económicos. Esto garantiza que se cumpla el debido proceso y evita la impunidad.

Con la incorporación de los nuevos funcionarios, el país alcanza el promedio regional de cinco defensores públicos por cada 100 mil habitantes.

Para la distribución de los defensores públicos en territorio nacional, se consideraron las necesidades de cada provincia y sus respectivos cantones.