Mediante Resolución 175-2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), nombró ocho jueces permanentes y temporales para las Unidades Judiciales Especializadas de Garantías Penitenciarias de Guayas y Azuay.

Esta designación se cumple en el marco de la ejecución de la Resolución 168-2021, a través de la cual se declaró la “necesidad extraordinaria y emergente del servicio judicial de garantías penitenciarias”.

De igual manera, las autoridades del CJ, aprobaron la Resolución 176-2021, mediante la cual se “precisan las competencias de las y los jueces especializados en Garantías Penitenciarias, así como de las y los jueces de Garantías Penales para la emisión y envío de las boletas de excarcelación de las personas privadas de libertad”. El contenido de este documento, que reforma la Resolución 018-2014, previamente, fue coordinado con los integrantes de la Mesa de Trabajo Interinstitucional, conformada para atender la crisis carcelaria del país.

Ahí se señala que: “Las y los jueces especializados en Garantías Penitenciarias, así como las y los jueces de Garantías Penales, cuya competencia se encuentra ampliada (…), en función de su competencia territorial, serán responsables de la emisión y envío de las boletas de excarcelación de las personas privadas de libertad, que se encuentran cumpliendo la pena en (…) en régimen cerrado, semiabierto, abierto; o en goce y ejecución de algún beneficio penitenciario”.

También establece que: “Las boletas de excarcelación de las personas privadas de la libertad deberán ser emitidas y despachadas de manera prioritaria, célere y oportuna por parte de las y los jueces especializados o aquellos jueces que tienen la competencia ampliada para el conocimiento en materia de garantías penitenciarias, (…) las mismas que serán notificadas a los casilleros electrónicos de los respectivos centros de privación de libertad, (…) sin perjuicio de su notificación física.

Dentro de las disposiciones generales, el Pleno del CJ estableció que la Escuela de la Función Judicial capacite al personal jurisdiccional con competencia en materia de Garantías Penitenciarias y en materia Penal. Además, “no excluye la facultad y competencia de las y los jueces de Garantías Penales que emitieron una sentencia condenatoria dentro de un proceso penal, para otorgar la orden de libertad correspondiente.

El CJ efectuó estos nombramientos en el marco de su segundo eje de gestión Fortalecimiento institucional a través de la capacitación, evaluación y tecnificación de los servidores judiciales. De esta forma reafirma su compromiso con la ciudadanía de ofrecer un servicio de justicia con cobertura en todo el territorio nacional.