Se establecen directrices claras para la investigación, sustanciación y resolución de las faltas disciplinarias contempladas en el Código Orgánico de la Función Judicial. 

Mediante Resolución 107-2022, el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) aprobó los manuales de investigación, sustanciación y resolución de expedientes disciplinarios de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario y de las Direcciones Provinciales de la institución.

Los mencionados documentos fueron aprobados con base, entre otros, en el artículo 181 de la Constitución de la República que establece que el CJ tiene como competencia definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial; así como velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.

El objetivo de los manuales es ofrecer una herramienta que mejore y sistematice los procedimientos de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario y las Direcciones Provinciales del Consejo de la Judicatura, a través de una estructura formal de análisis y trámite de los expedientes disciplinarios.

La aplicación de estas guías metodológicas permitirá ejecutar una adecuada investigación para determinar el posible cometimiento de infracciones tipificadas y sancionadas en el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) y los demás elementos del ordenamiento jurídico.

Los manuales establecen también directrices claras respecto de las etapas de investigación, sustanciación y resolución de los expedientes disciplinarios. Están regulados aspectos como el ámbito de aplicación, el tratamiento que se debe dar a los expedientes en general, los parámetros de admisión y registro, los plazos para el trámite de este tipo de procesos, la documentación de respaldo con la que se debe contar; el procedimiento para el sorteo y resolución; así como las acciones administrativas y jurídicas que se deben aplicar tras la adopción de las sanciones previstas en el COFJ.

El CJ es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial. En este marco, promueve acciones para brindar un entorno de seguridad jurídica y reducir al mínimo el margen de discrecionalidad de la administración en temas disciplinarios y de esta forma, fortalecer la confianza en la institución.