El Consejo de la Judicatura informa a la ciudadanía que la designación de los conjueces temporales de la Corte Nacional de Justicia concluyó y que este proceso se cumplió de manera rigurosa, clara y transparente.

La institución recuerda que el proceso culminó sin la posibilidad de que se aplique una impugnación a las designaciones realizadas, ya que se trata de un encargo temporal y el ordenamiento jurídico no prevé un recurso de este tipo para esta fase.

Los 26 conjueces que ocupan las vacantes que quedaron en las salas especializadas de la CNJ, tras la evaluación, son funcionarios judiciales de carrera y provienen de las Cortes Provinciales y de los Tribunales Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario. Ellos estarán en sus cargos hasta que el Pleno del CJ dé por terminada su designación.

El Consejo de la Judicatura ratifica su voluntad de permanecer vigilante de las actuaciones de todos los integrantes de la CNJ y recuerda que la Constitución de la República, así como el Código Orgánico de la Función Judicial, facultan a este organismo a ejercer su potestad disciplinaria en el marco de la ley y el debido proceso, en aquellos casos en los que se compruebe una inadecuada actuación por parte de los funcionarios judiciales.

El Consejo de la Judicatura recuerda a la ciudadanía que se encuentra vigente  el “Reglamento del Sistema de Sorteos de Notarías para Contratos Provenientes del Sector Público”, publicado en el Registro Oficial No. 160 de 15 de enero de 2018.

Esa normativa establece que para celebrar este tipo de procesos contractuales, las notarias y notarios a nivel nacional deben contar, obligatoriamente, con la respectiva acta generada por el Sistema de Sorteos de Notarías para Contratos Provenientes del Sector Público, cuando se trate de las instituciones que se encuentran determinadas en el artículo 225 de la Constitución de la República.

La reglamentación pertinente se enmarca en lo que dispone el artículo 178 de la Constitución de la República en el sentido de que el Consejo de la Judicatura “es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial”, del cual las notarías son órganos auxiliares.

Ante información que circula por redes sociales en la que se afirma que el Consejo de la Judicatura pretende interferir en las actuaciones jurisdiccionales, a través de la notificación con el inicio de procesos disciplinarios en contra de juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia, respecto de hechos ocurridos en años anteriores, cuya acción disciplinaria estaría prescrita, el Consejo de la Judicatura informa:

Atendiendo a lo señalado en el artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), la institución tiene la potestad de iniciar acciones disciplinarias de oficio contra servidores de la Función Judicial, por hechos de carácter administrativo ocurridos en años anteriores, que no fueron puestos en conocimiento de las autoridades oportunamente.

Según esta norma, los plazos de prescripción de la acción disciplinaria se contarán, en el caso de acciones de oficio, desde la fecha que tuvo conocimiento la autoridad sancionadora. La iniciación del proceso disciplinario interrumpe la prescripción hasta por un año. El Consejo de la Judicatura acata este precepto, respetando el principio de independencia judicial.

Las actuaciones del Consejo de la Judicatura se enmarcan dentro del tercer eje institucional que es la Independencia judicial interna y externa, con un riguroso control disciplinario.

El artículo 181, numeral 1 de la Constitución de la República dispone: “Serán funciones del Consejo de la Judicatura, además de las que determine la ley: Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial”.

De igual manera, el Pleno del Consejo de la Judicatura, al ser la autoridad nominadora de la Función Judicial conforme lo dispuesto en el artículo 264, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, es competente para autorizar las comisiones de servicios de todas y todos los servidores judiciales.

Con la Resolución No. 068-2019, expedida el 22 de mayo de 2019, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, estableció el procedimiento de aplicación de la figura de la comisión de servicios, el cual no está previsto en el Código Orgánico de la Función Judicial, ni en norma interna alguna, con lo que su desarrollo procedimental precautela el derecho de las y los servidores judiciales y tutela el derecho constitucional a la seguridad jurídica.

Esta resolución, bajo ningún concepto pretende afectar la autonomía de la Fiscalía General del Estado o de la Defensoría Pública, cuya defensa por parte de este Consejo de la Judicatura ha sido demostrada con acciones concretas a través de la expedición de, entre otras, las Resoluciones No. 009-2019; 039-2019; y, 050-2019.

La Función Judicial requiere establecer figuras y mecanismos propios que beneficien a la justicia. En este orden, el Consejo de la Judicatura continuará con el desarrollo normativo infralegal necesario de esta y otras figuras, para lograr la administración eficiente de su recurso humano, en coordinación con sus órganos autónomos.

En relación a las denuncias presentadas en contra de los Directores Provinciales del Consejo de la Judicatura en Azuay y Pichincha, el Pleno del Consejo de la Judicatura, de conformidad con el artículo 9, literal e) del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, ha dispuesto a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, el inicio de las respectivas investigaciones.

Se recuerda a las y los servidores de la Función Judicial, su obligación de brindar a los usuarios del servicio de administración de justicia una atención de calidad sobre la base del respeto a sus derechos constitucionales.

Somos respetuosos del principio de independencia judicial y en esa línea hemos actuado y seguiremos actuando.