La Presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), María del Carmen Maldonado, participó, este 4 de febrero, en la Mesa Técnica para revisar el cumplimiento de la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, convocada por la Asamblea Nacional.
La titular de la Función Legislativa, Elizabeth Cabezas, dio la bienvenida a la doctora Maldonado y le auguró éxitos en sus funciones. “Te deseo toda la suerte en este rol complejo que asumes. Estoy segura que lo harás con la capacidad que siempre has demostrado”, señaló.
De su parte, el doctor Ernesto Pazmiño, secretario nacional de Derechos Humanos, indicó que es positivo contar con una mujer liderando la Judicatura. “Saludamos la designación de la doctora María del Carmen Maldonado en este cargo. Necesitamos trabajar conjuntamente en la implementación de la Ley y en la erradicación de este mal”, sostuvo.
En este marco, la subdirectora de Género del CJ, Margarita Carranco, expuso las acciones adoptadas por la institución para implementar esta normativa. Destacó, por ejemplo, que existen 432 operadores judiciales (jueces, secretarios, ayudantes judiciales, médicos peritos, trabajadores sociales y psicólogos) para atender estos casos.
Asimismo, indicó que esta Ley permitió implementar un sistema especializado para atender de manera integral a las víctimas. “En el país hay 30 unidades contra la violencia a la mujer, 22 unidades penales y 115 multicompetentes. Más de 10 millones de ecuatorianos tienen acceso a justicia especializada”, señaló.
En este mismo sentido, la directora de Acceso a los Servicios de Justicia del CJ, Solanda Goyes, dijo que otra medida adoptada fue la capacitación y sensibilización a los operadores de justicia. “Es necesario que los jueces apliquen un modelo províctima. Desde la Escuela de la Función Judicial se implementarán programas de formación, pero también se evaluará a los servidores”, manifestó.
Según Goyes, desde la Dirección de Acceso a los Servicios de Justicia, se da seguimiento a más de 220 casos de violencia.
La funcionaria pidió a los asambleístas realizar algunas precisiones en el Código Orgánico Integral Penal y en el Código Orgánico de la Función Judicial para que no existan inconvenientes en la aplicación de la mencionada ley.
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