El Consejo de la Judicatura (CJ) actúa siempre en el marco de sus facultades constitucionales, administrativas y disciplinarias. Así lo recordó, este 23 de agosto, el director general de la institución, Tomás Alvear, quien ratificó que los jueces del país cuentan con absoluta independencia para tramitar las causas a ellos asignadas.
En rueda de prensa con medios del Guayas, Alvear, junto al director provincial, Julio Aguayo, y al presidente de la Corte de Justicia, Pedro Ortega, aseguró que el CJ “respalda la actuación de todos quienes integran la Función Judicial, en especial de aquellos que administran justicia”.
A propósito de las declaraciones realizadas por exjueces, quienes aseguran que fueron destituidos de sus cargos porque no cedieron a presiones políticas, el doctor Alvear señaló que los exfuncionarios fueron sancionados con base en quejas formales de la ciudadanía y no por acción propia del Consejo y peor por algún tipo de persecución.
Afirmó que los usuarios del sistema judicial tienen todo el derecho de presentar reclamos y en ese contexto, el CJ atiende estas demandas en uso de sus facultades legales y constitucionales. “La acción disciplinaria se enfoca en aspectos administrativos y no cambia las decisiones jurisdiccionales”, aclaró.
Para Tomás Alvear las acusaciones de los exjueces son graves y por tal razón, ellos deben presentar de manera responsable cada una de las pruebas, lo cual aseguró, hasta el momento no ha ocurrido.
Advirtió que, así como el CJ respalda a quienes denuncian injerencia de terceros en las decisiones jurisdiccionales, también apoya a los funcionarios aludidos para que ejerzan su derecho a la defensa. “No vamos a permitir que por hacer un show mediático, para efectos de sus pretensiones personales, exfuncionarios atenten contra la dignidad de todos y cada uno de los integrantes de la Función Judicial”, recalcó.
En el mismo sentido, se pronunció Pedro Ortega, quien afirmó que los jueces de esa provincia condenan las afirmaciones realizadas por sus excompañeros.
Él considera que las denuncias formuladas “tienen un claro tono político” y son contrarias a las normas éticas y constitucionales que regulan el debido proceso y el legítimo derecho a la defensa.
Informó que los integrantes de la Corte del Guayas suscribieron un manifiesto en el que, entre otras cosas, ratifican el respeto de ese tribunal a las decisiones y atribuciones del CJ como “órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial”, de acuerdo a lo que establece el marco legal vigente.
Procesos disciplinarios
Los exjueces tuvieron la oportunidad de interponer los recursos respectivos ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo y en ese marco, el CJ está a la espera de cualquier decisión jurisdiccional.
No obstante, Tomás Alvear describió las razones por las que fueron sancionados varios de ellos.
Citó el caso del exjuez José Villagrán, quien fue destituido porque demoró 12 meses en subir un pedido de casación, es decir, en enviar un expediente a la Corte Nacional de Justicia. El proceso disciplinario contra el exfuncionario se inició tras la presentación de una denuncia ciudadana.
El mismo exjuez, en otro caso, no acató lo que dispone el artículo 353 del Código de Procedimiento Civil, cuando, en un juicio, atendió un pedido de nulidad que ya fue resuelto por la primera instancia, es decir, “atentó contra norma expresa”.
Respecto a la exjueza Madeline Pinargote, explicó que se la destituyó porque, sin competencia para hacerlo y en contra de lo que establece el artículo 856 del Código de Procedimiento Civil, pretendió revocar o cambiar una providencia y permitir la devolución de más de 50 millones de dólares vinculados a un proceso de lavado de activos.
Sobre la destitución del juez Ángel Cojitambo, explicó que se le sancionó porque, pese a estar suspendido en sus funciones de juez encargado en Naranjal, avocó conocimiento de un proceso y dispuso el embargo y remate de bienes inmuebles que correspondían a aproximadamente la mitad del territorio de ese cantón. Ante esto, la Municipalidad solicitó la revisión de la medida.
Acerca de Richard Proaño, quien denunció un supuesto intento de soborno para cambiar la sentencia en un juicio de alimentos que involucraba a un familiar del vicepresidente de la República, Jorge Glas, Alvear aclaró que la destitución del exfuncionario no fue dispuesta por el actual Consejo de la Judicatura sino por el Consejo de Transición.
Además, señaló que Proaño debió presentar su denuncia en el momento oportuno cuando ejercía sus funciones como juez y pudo pedir sanciones contra el abogado que intentó sobornarlo.
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