En 16 días se resolvió judicialmente el caso de Gloria Medina (nombre protegido). Ella denunció a su cónyuge el 11 de julio de 2016, cansada de un año y cuatro meses de maltrato verbal, físico y psicológico.
La jueza Yolanda Garcés, de la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer y la Familia Quito 1, conoció el caso y el 27 de julio, condenó al agresor a siete días de prisión y a pagar una multa de (91,50 dólares), además de 200 dólares para que la víctima se someta a una rehabilitación médica. Según la funcionaria, ahora este tipo de casos se resuelven con agilidad a diferencia de antes, cuando se demoraban hasta seis meses.
Según datos del Sistema Automático de Trámites Judiciales (SATJE), entre agosto de 2014 y septiembre de 2016, ingresaron 116 051 casos de violencia (física 4 024; psicológica 10 976; sexual 127; contravenciones 100 924). Del total de causas recibidas, se resolvieron 91 790, es decir, 79.09 %.
Antes, en 2007, solo el 3.1 % de este tipo de procesos tenía una sentencia, de acuerdo a cifras del Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género hacia Niñez, Adolescencia y Mujeres.
Adicionalmente, entre agosto de 2014 y similar mes de 2016, ingresaron 104 casos de femicidio, de los cuales 40 tuvieron sentencia. Además, se receptaron 78 procesos por tentativa de femicidio y en 28 de ellos se dictó sentencia.
Fortalecimiento del sistema de justicia
Anteriormente, la Función Judicial no había dado respuestas a las de víctimas de agresión, pero en los últimos años, el CJ desarrolló políticas y acciones para enfrentar este problema de forma eficaz.
En 2013, la Judicatura, incorporó al sistema a 80 juezas y jueces especializados en Violencia de Género e Intrafamiliar, quienes fueron elegidos en concursos de méritos, oposición, impugnación ciudadana y control social.
También creó unidades judiciales contra la Violencia a la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar, en las que existe un espacio de primera acogida donde médicos, psicólogos y trabajadores sociales atienden integralmente a las víctimas.
En todo el país, 216 dependencias judiciales atienden casos de violencia, bajo un modelo de gestión eficiente, apropiado para evitar la revictimización y fomentar la celeridad procesal y la calidad del servicio público.
Según el Presidente del CJ, Gustavo Jalkh, estas unidades representan el ejercicio de la garantía prevista en el artículo 46 de la Constitución de la República, que obliga al Estado a brindar protección y atención contra cualquier tipo de violencia, maltrato o explotación sexual. “Estamos aplicando la Constitución de la República, en beneficio de mujeres, niños, niñas y adolescentes que son atemorizados y requieren la acción del Estado para protegerlos”.
En este contexto, Kety Castro, jueza de la Unidad Judicial Especializada contra la Violencia a la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar de Tumbaco, destacó el apoyo del Estado para la edificación de infraestructura moderna, la incorporación de equipos técnicos, lo que permitió descentralizar el servicio para que las mujeres hagan uso de sus derechos.
En el ámbito normativo, la Judicatura impulsó, junto a varias organizaciones de la sociedad civil, la tipificación del femicidio en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), vigente desde agosto de 2014. También, a través de una resolución, autorizó a los fiscales a utilizar cualquier medio telemático para solicitar las medidas de protección que la víctima requiera.
Otra medida fue la aprobación de protocolos de atención en las unidades que tramitan los procesos de violencia, desde que se presenta la denuncia hasta que se dicta la sentencia. Aquí se explica cómo deben actuar los funcionarios y qué debe hacer el personal de primera acogida y el equipo técnico. Según la jueza Garcés, estos instrumentos están bien concebidos porque les permite dar una atención emergente en los casos violencia intrafamiliar.
Seguimiento a atención en unidades judiciales
Asimismo, la vocal del CJ, Karina Peralta, indicó que se realiza un seguimiento a la atención en las unidades contra la Violencia a la Mujer y la Familia, así como a las que conocen temas intrafamiliares. Destacó la capacitación de funcionarios judiciales en cuanto a derechos de las víctimas y otras partes procesales.
También resaltó la organización de cursos de abordaje integral en violencia contra la Mujer y la Familia, y de formas extremas de violencia como femicidio y trata, dirigidos a defensores públicos, fiscales, jueces y juezas de Sala y tribunales penales que son los que conocen estas causas en última instancia.
DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN
En 16 días se resolvió judicialmente el caso de Gloria Medina (nombre ficticio). Ella denunció a su cónyuge el 11 de julio de 2016, cansada de un año y cuatro meses de maltrato verbal, físico y psicológico.
La jueza Yolanda Garcés, de la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer y la Familia Quito 1, conoció el caso y el 27 de julio, condenó al agresor a siete días de prisión y a pagar una multa de (91,50 dólares), además de 200 dólares para que la víctima se someta a una rehabilitación médica. Según la funcionaria, ahora este tipo de casos se resuelven con agilidad a diferencia de antes, cuando se demoraban hasta seis meses.
Según datos del Sistema Automático de Trámites Judiciales (SATJE), entre agosto de 2014 y septiembre de 2016, ingresaron 116 051 casos de violencia (física 4 024; psicológica 10 976; sexual 127; contravenciones 100 924). Del total de causas recibidas, se resolvieron 91 790, es decir, 79.09 %.
Antes, en 2007, solo el 3.1 % de este tipo de procesos tenía una sentencia, de acuerdo a cifras del Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género hacia Niñez, Adolescencia y Mujeres.
Adicionalmente, entre agosto de 2014 y similar mes de 2016, ingresaron 104 casos de femicidio, de los cuales 40 tuvieron sentencia. Además, se receptaron 78 procesos por tentativa de femicidio y en 28 de ellos se dictó sentencia.
Fortalecimiento del sistema de justicia
Anteriormente, la Función Judicial no había dado respuestas a las de víctimas de agresión, pero en los últimos años, el CJ desarrolló políticas y acciones para enfrentar este problema de forma eficaz.
En 2013, la Judicatura, incorporó al sistema a 80 juezas y jueces especializados en Violencia de Género e Intrafamiliar, quienes fueron elegidos en concursos de méritos, oposición, impugnación ciudadana y control social.
También creó unidades judiciales contra la Violencia a la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar, en las que existe un espacio de primera acogida donde médicos, psicólogos y trabajadores sociales atienden integralmente a las víctimas.
En todo el país, 216 dependencias judiciales atienden casos de violencia, bajo un modelo de gestión eficiente, apropiado para evitar la revictimización y fomentar la celeridad procesal y la calidad del servicio público.
Según el Presidente del CJ, Gustavo Jalkh, estas unidades representan el ejercicio de la garantía prevista en el artículo 46 de la Constitución de la República, que obliga al Estado a brindar protección y atención contra cualquier tipo de violencia, maltrato o explotación sexual. “Estamos aplicando la Constitución de la República, en beneficio de mujeres, niños, niñas y adolescentes que son atemorizados y requieren la acción del Estado para protegerlos”.
En este contexto, Kety Castro, jueza de la Unidad Judicial Especializada contra la Violencia a la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar de Tumbaco, destacó el apoyo del Estado para la edificación de infraestructura moderna, la incorporación de equipos técnicos, lo que permitió descentralizar el servicio para que las mujeres hagan uso de sus derechos.
En el ámbito normativo, la Judicatura impulsó, junto a varias organizaciones de la sociedad civil, la tipificación del femicidio en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), vigente desde agosto de 2014. También, a través de una resolución, autorizó a los fiscales a utilizar cualquier medio telemático para solicitar las medidas de protección que la víctima requiera.
Otra medida fue la aprobación de protocolos de atención en las unidades que tramitan los procesos de violencia, desde que se presenta la denuncia hasta que se dicta la sentencia. Aquí se explica cómo deben actuar los funcionarios y qué debe hacer el personal de primera acogida y el equipo técnico. Según la jueza Garcés, estos instrumentos están bien concebidos porque les permite dar una atención emergente en los casos violencia intrafamiliar.
Seguimiento a atención en unidades judiciales
Asimismo, la vocal del CJ, Karina Peralta, indicó que se realiza un seguimiento a la atención en las unidades contra la Violencia a la Mujer y la Familia, así como a las que conocen temas intrafamiliares. Destacó la capacitación de funcionarios judiciales en cuanto a derechos de las víctimas y otras partes procesales.
También resaltó la organización de cursos de abordaje integral en violencia contra la Mujer y la Familia, y de formas extremas de violencia como femicidio y trata, dirigidos a defensores públicos, fiscales, jueces y juezas de Sala y tribunales penales que son los que conocen estas causas en última instancia.
DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN
