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El Director General del Consejo de la Judicatura (CJ), Santiago Peñaherrera Navas, mediante Resolución 048-2022, resolvió suspender los plazos y términos de prueba o resolución en todos los recursos administrativos que se inicien o se encuentren en trámite en la institución. Esta medida se mantendrá hasta que existan las condiciones para reactivarlos.

 

El documento establece que la suspensión de plazos y términos también se aplicará en aquellos procedimientos administrativos amparados en el “Instructivo de Registro y Funcionamiento de Centros de Mediación”, así como en los que se encuentran en la fase preliminar, facilidades de pago y fase de apremio, previstas en los procesos coactivos regulados por el Reglamento para el Ejercicio de la Jurisdicción Coactiva del Consejo de la Judicatura y el Código Orgánico Administrativo.

 

La resolución se adoptó en consideración de las circunstancias que atraviesa el país y con base en el artículo 280 del Código Orgánico de la Función Judicial que establece las funciones y atribuciones del Director General del CJ.

 

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 

El objetivo es garantizar el cumplimiento del debido proceso en los procedimientos disciplinarios.

 

Mediante Resolución 143-2022, este miércoles 22 de junio de 2022, el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió suspender los plazos y términos de los procedimientos disciplinarios sustanciados por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario y las Direcciones Provinciales de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pastaza, Pichincha e Imbabura, mismas que se encuentran en estado de excepción.

 

La suspensión rige también para la provincia de El Oro donde, el 20 de junio de 2022, se registró un incendio en la Dirección Provincial del CJ, hecho por el cual la atención presencial a la ciudadanía se encuentra suspendida.

 

La decisión fue adoptada con base en las competencias y facultades constitucionales y legales que tiene el CJ. De igual forma, se fundamenta, entre otras normativas, en el artículo 162, numeral 5, del Código Orgánico Administrativo que prevé que los términos y plazos previstos en un procedimiento se suspenden, cuando medie caso fortuito o fuerza mayor.

 

La Resolución establece que se suspenden los plazos de prescripción para el ejercicio de la acción disciplinaria, sean estos de oficio o por denuncia, en las mencionadas

 

El Consejo de la Judicatura podrá disponer el inicio de investigaciones y sumarios disciplinarios. Sin embargo se suspenderá la sustanciación de estos procesos, mientras se mantenga el estado de excepción y el Pleno del CJ levante la suspensión.

 

El documento determina también que se suspende a nivel nacional el término para la interposición del recurso de apelación ante el Pleno del CJ, de las resoluciones dictadas por las o los Directores Provinciales y por el Director General de la institución.

 

Los expedientes disciplinarios que se encuentren en la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, para conocimiento y resolución del Pleno del CJ, seguirán su curso normal hasta su finalización.

 

Asimismo, el Pleno del Consejo de la Judicatura seguirá conociendo y resolviendo los pedidos de medida preventiva de suspensión que lleguen a su conocimiento de conformidad con el artículo 269 numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial.

 

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 

El objetivo es garantizar el cumplimiento del debido proceso en los procedimientos disciplinarios.

 

Mediante Resolución 143-2022, este miércoles 22 de junio de 2022, el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió suspender los plazos y términos de los procedimientos disciplinarios sustanciados por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario y las Direcciones Provinciales de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pastaza, Pichincha e Imbabura, mismas que se encuentran en estado de excepción.

 

La suspensión rige también para la provincia de El Oro donde, el 20 de junio de 2022, se registró un incendio en la Dirección Provincial del CJ, hecho por el cual la atención presencial a la ciudadanía se encuentra suspendida.

 

La decisión fue adoptada con base en las competencias y facultades constitucionales y legales que tiene el CJ. De igual forma, se fundamenta, entre otras normativas, en el artículo 162, numeral 5, del Código Orgánico Administrativo que prevé que los términos y plazos previstos en un procedimiento se suspenden, cuando medie caso fortuito o fuerza mayor.

 

La Resolución establece que se suspenden los plazos de prescripción para el ejercicio de la acción disciplinaria, sean estos de oficio o por denuncia, en las mencionadas

 

El Consejo de la Judicatura podrá disponer el inicio de investigaciones y sumarios disciplinarios. Sin embargo se suspenderá la sustanciación de estos procesos, mientras se mantenga el estado de excepción y el Pleno del CJ levante la suspensión.

 

El documento determina también que se suspende a nivel nacional el término para la interposición del recurso de apelación ante el Pleno del CJ, de las resoluciones dictadas por las o los Directores Provinciales y por el Director General de la institución.

 

Los expedientes disciplinarios que se encuentren en la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, para conocimiento y resolución del Pleno del CJ, seguirán su curso normal hasta su finalización.

 

Asimismo, el Pleno del Consejo de la Judicatura seguirá conociendo y resolviendo los pedidos de medida preventiva de suspensión que lleguen a su conocimiento de conformidad con el artículo 269 numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial.

 

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 

La Unidad Judicial Penal con Competencia en Infracciones Flagrantes, ubicada en la avenida Patria y 9 de Octubre en Quito (sector La Mariscal), dejó de atender la tarde de este martes 21 de junio de 2022, tras el ataque del que fue objeto en el marco de las movilizaciones.

 

Los casos que llegaban a esa dependencia son atendidos, de forma temporal, en la Unidad Judicial de Tránsito, en la calle Pradera y Almagro, al centro norte de la capital.

 

El Consejo de la Judicatura (CJ) tomó esta decisión para salvaguardar la integridad de los usuarios, así como de los servidores judiciales que laboran en la mencionada dependencia.

 

Según el Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha (e) Esteban Cruz, en la Unidad Judicial de Tránsito se han habilitado los espacios físicos para atender los casos de flagrancia.

 

De igual forma, se coordinó con la Fiscalía, la Defensoría Pública, la Policía Nacional y del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), para que los servidores de esas instituciones que atienden casos de flagrancia se trasladen a la Unidad de Tránsito y puedan cumplir sus labores. El trabajo se realizará por turnos y con el personal estrictamente indispensable.

 

Se priorizarán las audiencias telemáticas y para ello se implementaron las adecuaciones tecnológicas necesarias. Dependiendo de las circunstancias, también se realizarán audiencias presenciales.

 

La Dirección Provincial del CJ de Pichincha solicitó al SNAI que adopte acciones para la custodia y seguridad de quienes, por diversas circunstancias, estaban detenidos en el área de aseguramiento de la Unidad de Flagrancia. Seis personas fueron trasladadas al Centro de Detención Provisional de El Inca y tres a la Unidad Judicial de Tránsito.

 

En la misma línea, se pidió a la Policía que se fortalezcan las medidas de seguridad, tanto en la Unidad de Tránsito, como en la Unidad de Flagrancia, cuya infraestructura (ventanales de la fachada) fue afectada tras el ataque de manifestantes.

 

El Consejo de la Judicatura continuará implementando acciones que garanticen la continuidad del servicio de justicia.

 

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 

La Unidad Judicial Penal con Competencia en Infracciones Flagrantes, ubicada en la avenida Patria y 9 de Octubre en Quito (sector La Mariscal), dejó de atender la tarde de este martes 21 de junio de 2022, tras el ataque del que fue objeto en el marco de las movilizaciones.

 

Los casos que llegaban a esa dependencia son atendidos, de forma temporal, en la Unidad Judicial de Tránsito, en la calle Pradera y Almagro, al centro norte de la capital.

 

El Consejo de la Judicatura (CJ) tomó esta decisión para salvaguardar la integridad de los usuarios, así como de los servidores judiciales que laboran en la mencionada dependencia.

 

Según el Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha (e) Esteban Cruz, en la Unidad Judicial de Tránsito se han habilitado los espacios físicos para atender los casos de flagrancia.

 

De igual forma, se coordinó con la Fiscalía, la Defensoría Pública, la Policía Nacional y del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), para que los servidores de esas instituciones que atienden casos de flagrancia se trasladen a la Unidad de Tránsito y puedan cumplir sus labores. El trabajo se realizará por turnos y con el personal estrictamente indispensable.

 

Se priorizarán las audiencias telemáticas y para ello se implementaron las adecuaciones tecnológicas necesarias. Dependiendo de las circunstancias, también se realizarán audiencias presenciales.

 

La Dirección Provincial del CJ de Pichincha solicitó al SNAI que adopte acciones para la custodia y seguridad de quienes, por diversas circunstancias, estaban detenidos en el área de aseguramiento de la Unidad de Flagrancia. Seis personas fueron trasladadas al Centro de Detención Provisional de El Inca y tres a la Unidad Judicial de Tránsito.

 

En la misma línea, se pidió a la Policía que se fortalezcan las medidas de seguridad, tanto en la Unidad de Tránsito, como en la Unidad de Flagrancia, cuya infraestructura (ventanales de la fachada) fue afectada tras el ataque de manifestantes.

 

El Consejo de la Judicatura continuará implementando acciones que garanticen la continuidad del servicio de justicia.

 

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 

La Unidad Judicial de Flagrancia, ubicada en la avenida Patria y 9 de Octubre de la ciudad de Quito, fue atacada este martes 21 de junio de 2022.

 

En el marco de las protestas que se registran en el país, un grupo de manifestantes rompió los ventanales de la fachada de la edificación. La planta baja fue la que registró mayores afectaciones y, al momento, se levantan los informes correspondientes sobre los daños ocasionados.

 

Personal de la Unidad de Flagrancia informó que también hubo intentos de ingresar al edificio por parte de los agresores, pero no llegaron a concretarse.

 

Los servidores judiciales que trabajan en esa dependencia se encuentran a buen recaudo, así como las personas que, por diferentes circunstancias, están temporalmente detenidas en la zona de aseguramiento.

 

El Consejo de la Judicatura, como órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, condena esta agresión contra las dependencias y servidores judiciales y tomará las acciones legales correspondientes para los responsables de las afectaciones causadas. Asimismo, rechaza la violencia y hace un llamado a mantener el orden y la paz social.

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 

 

 

La Unidad Judicial de Flagrancia, ubicada en la avenida Patria y 9 de Octubre de la ciudad de Quito, fue atacada este martes 21 de junio de 2022.

 

En el marco de las protestas que se registran en el país, un grupo de manifestantes rompió los ventanales de la fachada de la edificación. La planta baja fue la que registró mayores afectaciones y, al momento, se levantan los informes correspondientes sobre los daños ocasionados.

 

Personal de la Unidad de Flagrancia informó que también hubo intentos de ingresar al edificio por parte de los agresores, pero no llegaron a concretarse.

 

Los servidores judiciales que trabajan en esa dependencia se encuentran a buen recaudo, así como las personas que, por diferentes circunstancias, están temporalmente detenidas en la zona de aseguramiento.

 

El Consejo de la Judicatura, como órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, condena esta agresión contra las dependencias y servidores judiciales y tomará las acciones legales correspondientes para los responsables de las afectaciones causadas. Asimismo, rechaza la violencia y hace un llamado a mantener el orden y la paz social.

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 

 

 

Con relación al fragmento del audio que es de conocimiento público, los vocales Juan José Morillo y Maribel Barreno cumplirán con todas las diligencias y requerimientos que se presenten por las entidades de control competentes, con el único fin de esclarecer este particular

 

 

Dr. Juan José Morillo     Dra. Maribel Barreno

Con relación al fragmento del audio que es de conocimiento público, los vocales Juan José Morillo y Maribel Barreno cumplirán con todas las diligencias y requerimientos que se presenten por las entidades de control competentes, con el único fin de esclarecer este particular

 

 

Dr. Juan José Morillo     Dra. Maribel Barreno

Con el propósito de garantizar la integridad de las y los servidores del Consejo de la Judicatura, así como la de los usuarios, la atención presencial en la Planta Central de la institución se mantiene suspendida y los requerimientos de la ciudadanía son procesados de forma telemática.

 

Para asegurar una respuesta oportuna a los trámites ciudadanos, se han establecido que los usuarios que deseen presentar solicitudes y requerimientos, deberán remitirlos al correo electrónico Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla con sus respectivos anexos. Los documentos deber ser digitalizados y deben estar acompañados de la copia de la cédula del remitente con el siguiente texto:

 

“Yo, (nombres y apellidos), con cédula de identidad No. ……….., remito los documentos adjuntos en el presente correo electrónico al área de Gestión Documental del Consejo de la Judicatura para la atención por parte de la Unidad Administrativa correspondiente. Además, consigno el presente correo electrónico para recibir respuesta o notificaciones del estado de mi trámite”.

 

Si el remitente posee firma electrónica, la documentación debe estar firmada de esa manera.

 

Después de remitir los documentos, al correo electrónico registrado por el remitente llegará una notificación del sistema con el número de trámite asignado para el respectivo seguimiento.

 

La atención de dudas e inquietudes de la ciudadanía se realizará a través del correo Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla o por vía telefónica a través del Call Center 02-3953600, extensiones 20001, 20371 y 23500.

 

Para la recepción de denuncias por presuntos actos de corrupción de servidores jurisdiccionales o administrativos de la Función Judicial, se mantiene habilitada la línea 1800 – TRANSPARENCIA (1800-872677).

 

Finalmente, el proceso de legalización de documentos para apostillas se retomará una vez que se habiliten las ventanillas de manera presencial.

 

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 

 

 

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