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En sesión Extraordinaria No. 060-2022 de 23 de junio de 2022, el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó la Resolución No. 147-2022, con la cual se expidió el Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial.

 

La normativa que rige el servicio pericial de la Función Judicial no había sido actualizada desde 2014 y por esa razón, el actual Pleno del CJ, con la participación de varios actores involucrados en la gestión pericial (Fiscalía General del Estado, Policía Nacional, Colegios Profesionales, jueces, entre otros), realizó una revisión total, que tiene por objetivo precautelar los principios constitucionales y legales que rigen esta actividad profesional.

 

En la nueva normativa se regulan todos los aspectos relacionados con la calificación, gestión, administración y disciplina de los mencionados profesionales a nivel nacional.

 

Asimismo, se actualizan varios aspectos, entre ellos, los plazos para la respectiva calificación y registro en el sistema pericial, los requisitos que deben cumplir los postulantes a peritos, los honorarios que deben recibir, entre otros.

 

En este marco, se amplió, de 48 horas a cuatro días, el tiempo para el proceso de postulación de peritos de la Función Judicial.

 

En cuanto a los requisitos para la calificación como perito, ya no se requiere la presentación del certificado de no tener impedimento para ejercer cargo público, así como tampoco la declaración juramentada de bienes. La información correspondiente será incorporada en la solicitud de calificación.

 

En la misma línea, se establecen las inhabilidades, prohibiciones y deberes de las y los peritos y se determina las causales de excusa relacionadas a los conflictos de interés.

 

La normativa incluye una tabla y criterios para el pago de honorarios. Ambos elementos se establecieron con base en la metodología Delphy y utilizando herramientas como el Focus Group. Serán aplicados en los procesos judiciales en general y en los procesos preprocesales o de indagación previa en materia Penal.

 

Para el caso de traductores e intérpretes, se actualizó el costo por traducción palabra y carilla; así como por interpretación. La tabla y los criterios

 

En el Reglamento, además se establecen directrices para la automatización del Sistema Pericial con el uso de la firma electrónica. Así, los informes periciales podrán ser parte del expediente electrónico.

 

De esta forma, el CJ continúa trabajando para asegurar el acceso efectivo de los ciudadanos a un servicio de justicia integral, eficiente y oportuno.

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 

El servicio judicial en la provincia de Galápagos se fortalece con la creación de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Isabela. La resolución correspondiente (164-2022) fue aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), en sesión realizada el martes 12 de julio de 2022.

 

La citada normativa establece que los jueces que integrarán la unidad judicial serán competentes para conocer, sustanciar y resolver causas relacionadas con las materias: Civil y Mercantil; Trabajo; Inquilinato y Relaciones Vecinales; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; Adolescentes Infractores; Penal; Contravenciones; Tránsito, delitos y contravenciones; Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar; y, Constitucional.

 

El Pleno del CJ dispuso que la dependencia judicial esté operativa en un plazo no mayor a 45 días. Para ello, las áreas técnicas correspondientes desplegarán las acciones relacionadas con la habilitación del espacio físico, la asignación del número de servidores necesarios para la atención a la ciudadanía, así como con la provisión de equipos y mobiliario requerido.

 

Actualmente, las causas del cantón Isabela, que tiene más de 2000 habitantes, son despachadas por la Unidad Judicial Multicompetente de Santa Cruz. Por esta razón, la Dirección Provincial del CJ de Galápagos, en coordinación con la Dirección Nacional de Gestión Procesal, analizarán la pertinencia para la reasignación de procesos hacia la nueva Unidad Judicial Multicompetente de Isabela.

 

En el ámbito de sus competencias, el CJ implementa políticas y acciones para asegurar a nivel nacional el acceso de los ciudadanos al servicio de justicia, así como garantizar la tutela efectiva de sus derechos.

 

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 

El servicio judicial en la provincia de Galápagos se fortalece con la creación de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Isabela. La resolución correspondiente (164-2022) fue aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), en sesión realizada el martes 12 de julio de 2022.

 

La citada normativa establece que los jueces que integrarán la unidad judicial serán competentes para conocer, sustanciar y resolver causas relacionadas con las materias: Civil y Mercantil; Trabajo; Inquilinato y Relaciones Vecinales; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; Adolescentes Infractores; Penal; Contravenciones; Tránsito, delitos y contravenciones; Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar; y, Constitucional.

 

El Pleno del CJ dispuso que la dependencia judicial esté operativa en un plazo no mayor a 45 días. Para ello, las áreas técnicas correspondientes desplegarán las acciones relacionadas con la habilitación del espacio físico, la asignación del número de servidores necesarios para la atención a la ciudadanía, así como con la provisión de equipos y mobiliario requerido.

 

Actualmente, las causas del cantón Isabela, que tiene más de 2000 habitantes, son despachadas por la Unidad Judicial Multicompetente de Santa Cruz. Por esta razón, la Dirección Provincial del CJ de Galápagos, en coordinación con la Dirección Nacional de Gestión Procesal, analizarán la pertinencia para la reasignación de procesos hacia la nueva Unidad Judicial Multicompetente de Isabela.

 

En el ámbito de sus competencias, el CJ implementa políticas y acciones para asegurar a nivel nacional el acceso de los ciudadanos al servicio de justicia, así como garantizar la tutela efectiva de sus derechos.

 

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 

El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) destituyó a E.I.M.A., por sus actuaciones como Notario Primero del Cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos.

 

Según el expediente disciplinario No. MOT-0853-SNCD-2021-JH, el notario destituido registró un retraso reiterado en el pago de la participación que el corresponde al Estado respecto de las tasas notariales, por los meses de diciembre de 2020, marzo y abril de 2021.

 

De esta manera, la conducta del servidor se configuró en la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el último inciso del artículo 304 del Código Orgánico de la Función Judicial que en su parte pertinente señala:

 

“La notaria o notario deberá depositar este monto dentro de los diez primeros días del mes siguiente, en la cuenta única del Tesoro Nacional y presentar la respectiva liquidación al Consejo de la Judicatura. Si la notaria o notario no realiza el depósito del porcentaje correspondiente dentro del plazo señalado, pagará los intereses legales y una multa equivalente al tres por ciento (3%) por cada mes o fracción, sin perjuicio de las responsabilidades penales o administrativas por retención de fondos públicos. El retraso reiterado será causal de destitución”.

 

La resolución de destitución fue adoptada en sesión del 7 de julio de 2022.

 

El CJ vela por la transparencia y la eficiencia en la Función Judicial y sancionará con el rigor de la ley a quienes no cumplan con el deber que exige la norma respecto de la prestación de un servicio público de calidad y la correcta administración de los recursos públicos.

 

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 

 

El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) destituyó a E.I.M.A., por sus actuaciones como Notario Primero del Cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos.

 

Según el expediente disciplinario No. MOT-0853-SNCD-2021-JH, el notario destituido registró un retraso reiterado en el pago de la participación que el corresponde al Estado respecto de las tasas notariales, por los meses de diciembre de 2020, marzo y abril de 2021.

 

De esta manera, la conducta del servidor se configuró en la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el último inciso del artículo 304 del Código Orgánico de la Función Judicial que en su parte pertinente señala:

 

“La notaria o notario deberá depositar este monto dentro de los diez primeros días del mes siguiente, en la cuenta única del Tesoro Nacional y presentar la respectiva liquidación al Consejo de la Judicatura. Si la notaria o notario no realiza el depósito del porcentaje correspondiente dentro del plazo señalado, pagará los intereses legales y una multa equivalente al tres por ciento (3%) por cada mes o fracción, sin perjuicio de las responsabilidades penales o administrativas por retención de fondos públicos. El retraso reiterado será causal de destitución”.

 

La resolución de destitución fue adoptada en sesión del 7 de julio de 2022.

 

El CJ vela por la transparencia y la eficiencia en la Función Judicial y sancionará con el rigor de la ley a quienes no cumplan con el deber que exige la norma respecto de la prestación de un servicio público de calidad y la correcta administración de los recursos públicos.

 

 

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Los habitantes de la isla Santa Cruz, en la provincia de Galápagos, se benefician con los servicios que, desde 12 de julio de 2022, presta la Unidad Judicial Contra la Violencia a la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, dependencia que fue inaugurada por el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ).

 

El objetivo es brindar a la ciudadanía y en especial a las víctimas de violencia una atención oportuna, ágil y eficiente.

 

En su intervención, el Presidente del CJ, Fausto Murillo Fierro, expuso las acciones que la institución ejecutó en materia de género, entre enero y mayo de este año, en esa provincia.

 

Mencionó que por ejemplo, se implementó el Módulo virtual para otorgar medidas de protección para mujeres víctimas de violencia, a través del cual se solicitaron 266 medidas de este tipo. Indicó que además, se ha dado atención a las causas que se relacionan con la materia de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.

 

Señaló que estas acciones son la respuesta a cifras reveladas por estudios como la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres 2019, según la cual en Galápagos, 56 de cada 100 mujeres mayores de 15 años han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida.

 

El titular del CJ destacó la importancia de las mesas de justicia desarrolladas en Galápagos. “De forma coordinada con otras instituciones y con la participación activa de las mujeres, alcanzamos buenos resultados”, afirmó.

 

La Vocal Maribel Barreno resaltó la atención que prestan las unidades judiciales especializadas que cuentan con servicios integrales, entre ellos, las Cámaras de Gessell cuyo objetivo es evitar la revictimización de las personas afectadas por la violencia. “Con este mecanismo se reduce la impunidad. Caminamos de manera firme para borrar las barreras de acceso a la justicia y que ninguna víctima se quede sin protección”, enfatizó.

 

La Directora Provincial del CJ, Carolina Herrera, reconoció el trabajo realizado desde la institución en beneficio de las mujeres. “Cumplimos con nuestro compromiso, gracias al apoyo de las autoridades. Estos son cambios para la comunidad, ahora contamos con el equipo especializado para la atención a las víctimas”, dijo.

 

Durante el evento, las autoridades del CJ entregaron reconocimientos a 20 efectivos policiales que han brindado su apoyo al servicio de justicia en territorio. Además realizaron un recorrido por las instalaciones de la unidad judicial para constatar el equipamiento y correcto funcionamiento de la nueva dependencia judicial.

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 

Los habitantes de la isla Santa Cruz, en la provincia de Galápagos, se benefician con los servicios que, desde 12 de julio de 2022, presta la Unidad Judicial Contra la Violencia a la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, dependencia que fue inaugurada por el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ).

 

El objetivo es brindar a la ciudadanía y en especial a las víctimas de violencia una atención oportuna, ágil y eficiente.

 

En su intervención, el Presidente del CJ, Fausto Murillo Fierro, expuso las acciones que la institución ejecutó en materia de género, entre enero y mayo de este año, en esa provincia.

 

Mencionó que por ejemplo, se implementó el Módulo virtual para otorgar medidas de protección para mujeres víctimas de violencia, a través del cual se solicitaron 266 medidas de este tipo. Indicó que además, se ha dado atención a las causas que se relacionan con la materia de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.

 

Señaló que estas acciones son la respuesta a cifras reveladas por estudios como la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres 2019, según la cual en Galápagos, 56 de cada 100 mujeres mayores de 15 años han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida.

 

El titular del CJ destacó la importancia de las mesas de justicia desarrolladas en Galápagos. “De forma coordinada con otras instituciones y con la participación activa de las mujeres, alcanzamos buenos resultados”, afirmó.

 

La Vocal Maribel Barreno resaltó la atención que prestan las unidades judiciales especializadas que cuentan con servicios integrales, entre ellos, las Cámaras de Gessell cuyo objetivo es evitar la revictimización de las personas afectadas por la violencia. “Con este mecanismo se reduce la impunidad. Caminamos de manera firme para borrar las barreras de acceso a la justicia y que ninguna víctima se quede sin protección”, enfatizó.

 

La Directora Provincial del CJ, Carolina Herrera, reconoció el trabajo realizado desde la institución en beneficio de las mujeres. “Cumplimos con nuestro compromiso, gracias al apoyo de las autoridades. Estos son cambios para la comunidad, ahora contamos con el equipo especializado para la atención a las víctimas”, dijo.

 

Durante el evento, las autoridades del CJ entregaron reconocimientos a 20 efectivos policiales que han brindado su apoyo al servicio de justicia en territorio. Además realizaron un recorrido por las instalaciones de la unidad judicial para constatar el equipamiento y correcto funcionamiento de la nueva dependencia judicial.

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 

La Contraloría General del Estado emitió el informe de pertinencia de contratación y

no se ha recibido ninguna recomendación del SERCOP para declarar desierta la licitación.

 

El proceso No. LICSG-CJDNA-001-2022 para la "Contratación de pólizas de seguros para el Consejo de la Judicatura a nivel nacional" se desarrolla en estricto cumplimiento de la normativa vigente y en un marco de absoluta transparencia.

 

Toda la documentación relacionada a este proceso se encuentra en el Portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), al que la ciudadanía puede acceder para verificar cada una de las acciones que el Consejo de la Judicatura (CJ) ha ejecutado.

 

Previo al inicio del proceso, la Contraloría General del Estado emitió el informe de pertinencia de contratación. Cumplido este paso, la licitación de seguros empezó el 30 de mayo de 2022, con un presupuesto referencial de USD. 3’009.982,34 sin IVA.

 

La convocatoria correspondiente fue generada a través del SERCOP que, de forma automática, invitó a 309 empresas cuyas actividades se relacionan con la provisión de seguros.

 

Uno de los requisitos mínimos solicitados desde la etapa preparatoria del proceso (así consta en los respectivos pliegos y términos de referencia) fue que las empresas interesadas en participar en la licitación cuenten con un patrimonio de 16 millones de dólares.

 

La cifra fue determinada en función de las necesidades y riesgos que tiene el CJ en cuanto a edificaciones, equipos y otros elementos que son parte del proceso de aseguramiento. Lo que se requiere es que la póliza de seguros esté debidamente respaldada por una empresa que cuente con la suficiente solvencia financiera.

 

En este marco, las empresas Aseguradora del Sur, Hispana de Seguros y el consorcio Ecuatoriana Suiza – Seguros Alianza presentaron sus ofertas. Las tres cumplieron con el requisito patrimonial.

 

Actualmente, el proceso se encuentra en etapa de calificación de ofertas y en los próximos días se conocerá el resultado final.

 

El SERCOP ha dado seguimiento al proceso y se puede verificar que no emitió ninguna recomendación para declarar desierta la licitación.

 

La información antes citada demuestra que el proceso se cumple de acuerdo a la normativa vigente, garantizando los principios de concurrencia, participación y transparencia en la contratación pública.

 

Hasta el momento, la Dirección General del CJ no ha recibido ninguna denuncia formal sobre posibles irregularidades en el proceso. No obstante, ratifica su voluntad de atender cualquier requerimiento de información que se presente respecto del tema.

 

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La Contraloría General del Estado emitió el informe de pertinencia de contratación y

no se ha recibido ninguna recomendación del SERCOP para declarar desierta la licitación.

 

El proceso No. LICSG-CJDNA-001-2022 para la "Contratación de pólizas de seguros para el Consejo de la Judicatura a nivel nacional" se desarrolla en estricto cumplimiento de la normativa vigente y en un marco de absoluta transparencia.

 

Toda la documentación relacionada a este proceso se encuentra en el Portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), al que la ciudadanía puede acceder para verificar cada una de las acciones que el Consejo de la Judicatura (CJ) ha ejecutado.

 

Previo al inicio del proceso, la Contraloría General del Estado emitió el informe de pertinencia de contratación. Cumplido este paso, la licitación de seguros empezó el 30 de mayo de 2022, con un presupuesto referencial de USD. 3’009.982,34 sin IVA.

 

La convocatoria correspondiente fue generada a través del SERCOP que, de forma automática, invitó a 309 empresas cuyas actividades se relacionan con la provisión de seguros.

 

Uno de los requisitos mínimos solicitados desde la etapa preparatoria del proceso (así consta en los respectivos pliegos y términos de referencia) fue que las empresas interesadas en participar en la licitación cuenten con un patrimonio de 16 millones de dólares.

 

La cifra fue determinada en función de las necesidades y riesgos que tiene el CJ en cuanto a edificaciones, equipos y otros elementos que son parte del proceso de aseguramiento. Lo que se requiere es que la póliza de seguros esté debidamente respaldada por una empresa que cuente con la suficiente solvencia financiera.

 

En este marco, las empresas Aseguradora del Sur, Hispana de Seguros y el consorcio Ecuatoriana Suiza – Seguros Alianza presentaron sus ofertas. Las tres cumplieron con el requisito patrimonial.

 

Actualmente, el proceso se encuentra en etapa de calificación de ofertas y en los próximos días se conocerá el resultado final.

 

El SERCOP ha dado seguimiento al proceso y se puede verificar que no emitió ninguna recomendación para declarar desierta la licitación.

 

La información antes citada demuestra que el proceso se cumple de acuerdo a la normativa vigente, garantizando los principios de concurrencia, participación y transparencia en la contratación pública.

 

Hasta el momento, la Dirección General del CJ no ha recibido ninguna denuncia formal sobre posibles irregularidades en el proceso. No obstante, ratifica su voluntad de atender cualquier requerimiento de información que se presente respecto del tema.

 

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Con la participación virtual del Vocal Juan José Morillo y del Director General del Consejo de la Judicatura (CJ), Santiago Peñaherrera Navas, este 11 de julio de 2022, se realizó la ceremonia de posesión de dos jueces temporales para la Unidad Judicial Multicompetente de la parroquia Manglaralto, provincia de Santa Elena.

 

Los jueces fueron designados por el Pleno del CJ tomando en cuenta el orden de puntuación registrado en el respectivo banco nacional de elegibles de 2018, que recibió la actual administración del CJ y que, según el artículo 72 del Código Orgánico de la Función Judicial, tiene una vigencia de seis años.

 

El Vocal Juan José Morillo, quien presenció la posesión de forma virtual, destacó la importancia de este nombramiento. "Para el CJ es satisfactorio designar el equipo jurisdiccional necesario a fin de que el servicio de justicia, en cada una de las provincias, se desarrolle de manera oportuna", señaló.

 

Por su parte, el Director General del CJ, Santiago Peñaherrera Navas, subrayó que “los dos jueces van a contribuir con sus conocimientos, pero sobre todo, con su ética, para que la tutela judicial sea efectiva, las decisiones judiciales estén apegadas al Derecho y haya sensibilidad con la realidad nacional”.

 

La Directora Provincial del CJ, Gisela Herdoiza, en tanto, manifestó que contar con dos jueces para la parroquia de Manglaralto tiene un enorme significado. “Con esto demostramos nuestro compromiso con la ciudadanía”, aseguró.

 

Los nuevos jueces son Duncan Ernesto Franco Rendón y Ángela María Ponce Santos quienes cubrirán las vacantes temporales generadas en razón de la suspensión de los jueces titulares de la mencionada unidad judicial: Erika Moriel Santillán y Diego Moscoso Cedeño.

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 

 

 

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