comunicacion
Servidores jurisdiccionales del Complejo Judicial de Quitumbe recibieron nuevos computadores
En 16 provincias, se entregaron 3549 computadores para servidores jurisdiccionales.
El Proyecto de Modernización Tecnológica de la Función Judicial avanza.
El Consejo de la Judicatura entregó 128 computadoras para jueces, secretarios y ayudantes judiciales que laboran en el Complejo Judicial Quitumbe (Quito), acción que se enmarca en la modernización tecnológica de la Función Judicial, un punto prioritario de la gestión de las autoridades de esta institución.
La entrega de los computadores es reconocido por los servidores jurisdiccionales quienes durante los últimos 10 años venían trabajando con equipos obsoletos. Así lo recordó el juez Simón Cedeño, quien en el acto de entrega, destacó la voluntad de las autoridades para impulsar la transformación tecnológica del sistema judicial. “Pese a la crisis que atraviesa el país, es un gran esfuerzo que las autoridades administrativas entreguen estas nuevas computadoras", afirmó.
El financiamiento para el proyecto de modernización asciende a 64.4 millones de dólares, que serán invertidos hasta 2025. El objetivo es fortalecer el servicio de justicia y lograr que la atención a la ciudadanía se realice de forma ágil y oportuna.
En la entrega de los computadores que se realizó el 22 de noviembre de 2022 estuvieron los Vocales Juan José Morillo, Xavier Muñoz y Maribel Barreno, el Director General, Santiago Peñaherrera Navas; el Director Provincial, Santiago Espinel y varios directores nacionales del CJ.
En su intervención, el Vocal Morillo señaló que desde 2019 el Consejo de la Judicatura no ha detenido su trabajo para garantizar que los servidores judiciales cuenten con las condiciones para cumplir con las funciones que les han sido encargadas. “Luego de más de 10 años era necesario hacer esta renovación tecnológica", enfatizó.
"En este proyecto son ustedes jueces, secretarios y ayudantes judiciales quienes tienen la gran responsabilidad con el país de sacar adelante un sistema que le dé garantías y seguridad jurídica a la ciudadanía", señaló por su parte el Vocal Xavier Muñoz.
De las 4531 computadoras adquiridas en este año por el CJ como parte del proyecto de modernización, ya están entregadas 3549, es decir, el 78%. La entrega se ha realizado, con prioridad a los servidores jurisdiccionales, en 16 provincias, así como en la Corte Nacional de Justicia (77) y en el edificio matriz del Consejo de la Judicatura (73).
Las provincias son: Azuay (199); Bolívar (88); Cañar (123); Carchi (78); Cotopaxi (140); Chimborazo (166); El Oro (218); Esmeraldas (125); Guayas (836); Imbabura (91); Loja (214); Los Ríos (193); Pichincha (616); Tungurahua (170); Zamora (63); y Santa Elena (79)
El proyecto de modernización tiene 3 componentes: Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica; Potenciación de la infraestructura tecnológica a nivel de software y hardware del centro de datos del CJ; y, Modernización de los principales sistemas informáticos como el Sistema Automático de Trámite Judicial (SATJE) y el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).
DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Servidores jurisdiccionales del Complejo Judicial de Quitumbe recibieron nuevos computadores
En 16 provincias, se entregaron 3549 computadores para servidores jurisdiccionales.
El Proyecto de Modernización Tecnológica de la Función Judicial avanza.
El Consejo de la Judicatura entregó 128 computadoras para jueces, secretarios y ayudantes judiciales que laboran en el Complejo Judicial Quitumbe (Quito), acción que se enmarca en la modernización tecnológica de la Función Judicial, un punto prioritario de la gestión de las autoridades de esta institución.
La entrega de los computadores es reconocido por los servidores jurisdiccionales quienes durante los últimos 10 años venían trabajando con equipos obsoletos. Así lo recordó el juez Simón Cedeño, quien en el acto de entrega, destacó la voluntad de las autoridades para impulsar la transformación tecnológica del sistema judicial. “Pese a la crisis que atraviesa el país, es un gran esfuerzo que las autoridades administrativas entreguen estas nuevas computadoras", afirmó.
El financiamiento para el proyecto de modernización asciende a 64.4 millones de dólares, que serán invertidos hasta 2025. El objetivo es fortalecer el servicio de justicia y lograr que la atención a la ciudadanía se realice de forma ágil y oportuna.
En la entrega de los computadores que se realizó el 22 de noviembre de 2022 estuvieron los Vocales Juan José Morillo, Xavier Muñoz y Maribel Barreno, el Director General, Santiago Peñaherrera Navas; el Director Provincial, Santiago Espinel y varios directores nacionales del CJ.
En su intervención, el Vocal Morillo señaló que desde 2019 el Consejo de la Judicatura no ha detenido su trabajo para garantizar que los servidores judiciales cuenten con las condiciones para cumplir con las funciones que les han sido encargadas. “Luego de más de 10 años era necesario hacer esta renovación tecnológica", enfatizó.
"En este proyecto son ustedes jueces, secretarios y ayudantes judiciales quienes tienen la gran responsabilidad con el país de sacar adelante un sistema que le dé garantías y seguridad jurídica a la ciudadanía", señaló por su parte el Vocal Xavier Muñoz.
De las 4531 computadoras adquiridas en este año por el CJ como parte del proyecto de modernización, ya están entregadas 3549, es decir, el 78%. La entrega se ha realizado, con prioridad a los servidores jurisdiccionales, en 16 provincias, así como en la Corte Nacional de Justicia (77) y en el edificio matriz del Consejo de la Judicatura (73).
Las provincias son: Azuay (199); Bolívar (88); Cañar (123); Carchi (78); Cotopaxi (140); Chimborazo (166); El Oro (218); Esmeraldas (125); Guayas (836); Imbabura (91); Loja (214); Los Ríos (193); Pichincha (616); Tungurahua (170); Zamora (63); y Santa Elena (79)
El proyecto de modernización tiene 3 componentes: Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica; Potenciación de la infraestructura tecnológica a nivel de software y hardware del centro de datos del CJ; y, Modernización de los principales sistemas informáticos como el Sistema Automático de Trámite Judicial (SATJE) y el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).
DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Consejo de la Judicatura, Gobierno Nacional y Oficina de Asuntos Antinarcóticos (INL) de la Embajada de EE.UU. coordinan protocolos de seguridad para dependencias judiciales anticorrupción
Autoridades del Consejo de la Judicatura (CJ), del Ministerio de Interior, de la Policía Nacional y delegados de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de Estados Unidos se reunieron para coordinar los protocolos de seguridad que se implementarán en las dependencias judiciales especializadas en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado.
La reunión de trabajo se desarrolló el 22 de noviembre de 2022 y en ella el Presidente del CJ, Fausto Murillo Fierro, informó que el país está próximo a conocer los nombres de los jueces que laborarán en las mencionadas dependencias judiciales.
En este marco, el CJ con la asistencia técnica del INL y en coordinación con la Policía Nacional diseña los protocolos para garantizar la seguridad e integridad de los jueces y de todos los servidores judiciales que brindarán atención en la unidad judicial, tribunal y salas que juzgarán los 44 delitos relacionados con casos de corrupción y crimen organizado.
De la misma forma, con el apoyo del INL se ha contratado a un experto en seguridad que trabajará durante los próximos tres meses en el país para establecer los lineamientos básicos y específicos de protección para las citadas dependencias.
Darby Parliament, Subdirector del INL en Quito, reconoció el trabajo realizado por el CJ en coordinación con otras instituciones del Estado, para enfrentar el crimen transnacional y la corrupción. Ratificó que su Gobierno continuará colaborando con la donación de equipos, la capacitación a jueces y otros aspectos. “Esta es una muestra muy contundente del liderazgo de Ecuador (…) Felicitaciones por el compromiso que muestra el Consejo de la Judicatura con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional y otras entidades dedicadas a combatir estos fenómenos”, señaló.
Sobre el tema, el Vocal Juan José Morillo recordó que la implementación de estas dependencias judiciales especializadas se constituye en un precedente en la lucha contra la corrupción y, por lo tanto, es imprescindible contar con mecanismos de seguridad que eviten situaciones como las ocurridas en las zonas de frontera, donde se han registrado ataques contra servidores judiciales.
Finalmente, Juan Zapata, Ministro del Interior, reiteró el apoyo técnico y logístico del Gobierno y de la Policía Nacional para las iniciativas que el CJ impulse en la lucha contra este tipo de delitos.
En la reunión participaron el Presidente del CJ, Fausto Murillo Fierro; los Vocales, Juan José Morillo y Maribel Barreno; el Director General, Santiago Peñaherrera Navas; el Ministro del Interior, Juan Zapata; el Subdirector del INL en Quito, Darby Parliament; el Comandante General de la Policía Nacional, Fausto Salinas, así como personal técnico y de apoyo de las instancias que intervienen en la implementación de las unidades judiciales.
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Consejo de la Judicatura, Gobierno Nacional y Oficina de Asuntos Antinarcóticos (INL) de la Embajada de EE.UU. coordinan protocolos de seguridad para dependencias judiciales anticorrupción
Autoridades del Consejo de la Judicatura (CJ), del Ministerio de Interior, de la Policía Nacional y delegados de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de Estados Unidos se reunieron para coordinar los protocolos de seguridad que se implementarán en las dependencias judiciales especializadas en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado.
La reunión de trabajo se desarrolló el 22 de noviembre de 2022 y en ella el Presidente del CJ, Fausto Murillo Fierro, informó que el país está próximo a conocer los nombres de los jueces que laborarán en las mencionadas dependencias judiciales.
En este marco, el CJ con la asistencia técnica del INL y en coordinación con la Policía Nacional diseña los protocolos para garantizar la seguridad e integridad de los jueces y de todos los servidores judiciales que brindarán atención en la unidad judicial, tribunal y salas que juzgarán los 44 delitos relacionados con casos de corrupción y crimen organizado.
De la misma forma, con el apoyo del INL se ha contratado a un experto en seguridad que trabajará durante los próximos tres meses en el país para establecer los lineamientos básicos y específicos de protección para las citadas dependencias.
Darby Parliament, Subdirector del INL en Quito, reconoció el trabajo realizado por el CJ en coordinación con otras instituciones del Estado, para enfrentar el crimen transnacional y la corrupción. Ratificó que su Gobierno continuará colaborando con la donación de equipos, la capacitación a jueces y otros aspectos. “Esta es una muestra muy contundente del liderazgo de Ecuador (…) Felicitaciones por el compromiso que muestra el Consejo de la Judicatura con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional y otras entidades dedicadas a combatir estos fenómenos”, señaló.
Sobre el tema, el Vocal Juan José Morillo recordó que la implementación de estas dependencias judiciales especializadas se constituye en un precedente en la lucha contra la corrupción y, por lo tanto, es imprescindible contar con mecanismos de seguridad que eviten situaciones como las ocurridas en las zonas de frontera, donde se han registrado ataques contra servidores judiciales.
Finalmente, Juan Zapata, Ministro del Interior, reiteró el apoyo técnico y logístico del Gobierno y de la Policía Nacional para las iniciativas que el CJ impulse en la lucha contra este tipo de delitos.
En la reunión participaron el Presidente del CJ, Fausto Murillo Fierro; los Vocales, Juan José Morillo y Maribel Barreno; el Director General, Santiago Peñaherrera Navas; el Ministro del Interior, Juan Zapata; el Subdirector del INL en Quito, Darby Parliament; el Comandante General de la Policía Nacional, Fausto Salinas, así como personal técnico y de apoyo de las instancias que intervienen en la implementación de las unidades judiciales.
DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
La cooperación internacional fortalece el conocimiento de servidores judiciales a nivel nacional
Jueces y servidores judiciales de todo el país participaron en el taller virtual denominado “Diálogo con la Judicatura sobre Empresas y Derechos Humanos. El uso de la debida diligencia como herramienta interpretativa”.
El evento fue organizado, de manera conjunta, por el Consejo de la Judicatura (CJ), a través de la Escuela de la Función Judicial, la Oficina del Alto Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS).
El eje central de este evento académico, en el cual participaron alrededor de 100 personas, fue el propiciar un espacio de reflexión y diálogo sobre la consideración de la debida diligencia en el trabajo que desempeñan las judicaturas de América Latina.
Esta actividad se ha desarrollado en ocho países de la región, en el marco del proyecto de Conducta Empresarial Responsable en América Latina y El Caribe, financiado por la Unión Europea e implementado por ACNUDH en Ecuador, desde el 2019.
En la capacitación, realizada el 15 de noviembre de 2022, participó el experto internacional, doctor Humberto Cantú, quien abordó los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, así como los elementos centrales sobre la relevancia de la debida diligencia en materia de derechos humanos para la determinación de la responsabilidad empresarial.
Capacitación continua a servidores judiciales
Desde 2019, a través de la Escuela de la Función Judicial, se han impartido 970 cursos de formación continua dirigidos a más de 960 000 participantes.
El compromiso permanente del Consejo de la Judicatura es proporcionar a los servidores judiciales una oferta académica de calidad atendiendo a las necesidades y priorizando la especialización, recordó Danilo Caicedo Tapia, Director de la Escuela de la Función Judicial.
La cooperación internacional fortalece el conocimiento de servidores judiciales a nivel nacional
Jueces y servidores judiciales de todo el país participaron en el taller virtual denominado “Diálogo con la Judicatura sobre Empresas y Derechos Humanos. El uso de la debida diligencia como herramienta interpretativa”.
El evento fue organizado, de manera conjunta, por el Consejo de la Judicatura (CJ), a través de la Escuela de la Función Judicial, la Oficina del Alto Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS).
El eje central de este evento académico, en el cual participaron alrededor de 100 personas, fue el propiciar un espacio de reflexión y diálogo sobre la consideración de la debida diligencia en el trabajo que desempeñan las judicaturas de América Latina.
Esta actividad se ha desarrollado en ocho países de la región, en el marco del proyecto de Conducta Empresarial Responsable en América Latina y El Caribe, financiado por la Unión Europea e implementado por ACNUDH en Ecuador, desde el 2019.
En la capacitación, realizada el 15 de noviembre de 2022, participó el experto internacional, doctor Humberto Cantú, quien abordó los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, así como los elementos centrales sobre la relevancia de la debida diligencia en materia de derechos humanos para la determinación de la responsabilidad empresarial.
Capacitación continua a servidores judiciales
Desde 2019, a través de la Escuela de la Función Judicial, se han impartido 970 cursos de formación continua dirigidos a más de 960 000 participantes.
El compromiso permanente del Consejo de la Judicatura es proporcionar a los servidores judiciales una oferta académica de calidad atendiendo a las necesidades y priorizando la especialización, recordó Danilo Caicedo Tapia, Director de la Escuela de la Función Judicial.
Consejo de la Judicatura y sociedad civil trabajan en la construcción del Protocolo del Servicio Notarial para casos de violencia de género
Autoridades del Consejo de la Judicatura (CJ), delegados de las notarías y organizaciones de mujeres se dieron cita en el Taller de revisión del Protocolo de actuación del servicio notarial en casos de violencia sexual contra niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes.
El encuentro se realizó en el Complejo Judicial Norte de Quito y en él se socializó el contenido del mencionado instrumento técnico que contiene lineamientos para la gestión notarial en casos y tareas de información sobre la atención a víctimas de violencia sexual.
Uno de los principales objetivos del Protocolo es evitar la revictimización y discriminación de las mujeres que acuden a las notarías a presentar la declaración juramentada requerida por la ley para la interrupción voluntaria de embarazo en casos de violación.
Durante el taller, se recopilaron las observaciones y sugerencias de los notarios y de las organizaciones. En este marco, el Presidente del CJ Fausto Murillo Fierro, destacó el trabajo conjunto en la creación de políticas orientadas a mejorar y ampliar el servicio de justicia para quienes han sufrido agresiones.
Por su parte, la Vocal Maribel Barreno afirmó que en la elaboración en el protocolo se incorporarán los aportes de quienes participaron en el taller.
Ana Vera, Directora Ejecutiva del Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos Surkuna Ec, manifestó que con la futura implementación del protocolo se espera “disminuir las barreras de acceso a un servicio de salud fundamental como es el aborto en casos de violación”.
De su lado, los notarios y organizaciones de mujeres se comprometieron a seguir trabajando para promover la atención judicial prioritaria a víctimas de violencia de género.
DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Consejo de la Judicatura y sociedad civil trabajan en la construcción del Protocolo del Servicio Notarial para casos de violencia de género
Autoridades del Consejo de la Judicatura (CJ), delegados de las notarías y organizaciones de mujeres se dieron cita en el Taller de revisión del Protocolo de actuación del servicio notarial en casos de violencia sexual contra niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes.
El encuentro se realizó en el Complejo Judicial Norte de Quito y en él se socializó el contenido del mencionado instrumento técnico que contiene lineamientos para la gestión notarial en casos y tareas de información sobre la atención a víctimas de violencia sexual.
Uno de los principales objetivos del Protocolo es evitar la revictimización y discriminación de las mujeres que acuden a las notarías a presentar la declaración juramentada requerida por la ley para la interrupción voluntaria de embarazo en casos de violación.
Durante el taller, se recopilaron las observaciones y sugerencias de los notarios y de las organizaciones. En este marco, el Presidente del CJ Fausto Murillo Fierro, destacó el trabajo conjunto en la creación de políticas orientadas a mejorar y ampliar el servicio de justicia para quienes han sufrido agresiones.
Por su parte, la Vocal Maribel Barreno afirmó que en la elaboración en el protocolo se incorporarán los aportes de quienes participaron en el taller.
Ana Vera, Directora Ejecutiva del Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos Surkuna Ec, manifestó que con la futura implementación del protocolo se espera “disminuir las barreras de acceso a un servicio de salud fundamental como es el aborto en casos de violación”.
De su lado, los notarios y organizaciones de mujeres se comprometieron a seguir trabajando para promover la atención judicial prioritaria a víctimas de violencia de género.
DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Mesa interinstitucional adopta acciones para fortalecer la seguridad de los servidores judiciales y usuarios del sistema de justicia
Desde su conformación, en septiembre de este año, la mesa interinstitucional integrada por el Consejo de la Judicatura (CJ), el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado, ha adoptado medidas para garantizar la seguridad e integridad de todos los servidores judiciales a nivel nacional.
En consideración de las amenazas vinculadas directamente con delitos como el narcotráfico y el crimen organizado, desde el mes de octubre se realizan patrullajes preventivos diarios a las instalaciones de las unidades judiciales, fiscalías y delegaciones provinciales del Consejo de la Judicatura.
De la misma forma, como resultado del trabajo de la mesa, el CJ conjuntamente con la Policía Nacional, programaron inspecciones técnicas en las dependencias judiciales para identificar las posibles amenazas y establecer protocolos y procedimientos de seguridad actualizados.
Para el cumplimiento de esta y otras acciones, se ha instruido a los directores provinciales del CJ que, con base en las necesidades propias de sus provincias, mantengan reuniones permanentes de coordinación con los jefes zonales de la Policía Nacional y con los delegados de la Escolta Judicial, para implementar acciones preventivas de seguridad en los perímetros de los edificios institucionales que lo ameriten.
Asimismo, el 07 de noviembre de 2022, la Dirección General del CJ dispuso a las Direcciones Provinciales que, dependiendo de la realidad y circunstancias de cada jurisdicción, se analice la pertinencia de brindar atención a la ciudadanía bajo la modalidad de teletrabajo, garantizando la correcta prestación del servicio.
Seguridad individual para servidores judiciales
En abril de este año la Dirección General del CJ aprobó el “Instructivo de seguridad individual para las y los servidores de la Función Judicial”, que establece un procedimiento específico para que los operadores de justicia que se sientan amenazados o en riesgo, puedan solicitar protección policial.
En estos casos, el CJ canaliza las solicitudes hacia el Ministerio de Gobierno y tras el análisis del perfil de riesgo correspondiente, la Policía Nacional se encarga de implementar las medidas de protección pertinentes.
DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Mesa interinstitucional adopta acciones para fortalecer la seguridad de los servidores judiciales y usuarios del sistema de justicia
Desde su conformación, en septiembre de este año, la mesa interinstitucional integrada por el Consejo de la Judicatura (CJ), el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado, ha adoptado medidas para garantizar la seguridad e integridad de todos los servidores judiciales a nivel nacional.
En consideración de las amenazas vinculadas directamente con delitos como el narcotráfico y el crimen organizado, desde el mes de octubre se realizan patrullajes preventivos diarios a las instalaciones de las unidades judiciales, fiscalías y delegaciones provinciales del Consejo de la Judicatura.
De la misma forma, como resultado del trabajo de la mesa, el CJ conjuntamente con la Policía Nacional, programaron inspecciones técnicas en las dependencias judiciales para identificar las posibles amenazas y establecer protocolos y procedimientos de seguridad actualizados.
Para el cumplimiento de esta y otras acciones, se ha instruido a los directores provinciales del CJ que, con base en las necesidades propias de sus provincias, mantengan reuniones permanentes de coordinación con los jefes zonales de la Policía Nacional y con los delegados de la Escolta Judicial, para implementar acciones preventivas de seguridad en los perímetros de los edificios institucionales que lo ameriten.
Asimismo, el 07 de noviembre de 2022, la Dirección General del CJ dispuso a las Direcciones Provinciales que, dependiendo de la realidad y circunstancias de cada jurisdicción, se analice la pertinencia de brindar atención a la ciudadanía bajo la modalidad de teletrabajo, garantizando la correcta prestación del servicio.
Seguridad individual para servidores judiciales
En abril de este año la Dirección General del CJ aprobó el “Instructivo de seguridad individual para las y los servidores de la Función Judicial”, que establece un procedimiento específico para que los operadores de justicia que se sientan amenazados o en riesgo, puedan solicitar protección policial.
En estos casos, el CJ canaliza las solicitudes hacia el Ministerio de Gobierno y tras el análisis del perfil de riesgo correspondiente, la Policía Nacional se encarga de implementar las medidas de protección pertinentes.
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