comunicacion
Agenda de Justicia y Género 2023-2025, un hito en la construcción de políticas para erradicar la violencia contra las mujeres
Organismos internacionales y de defensa de los derechos de las mujeres reconocen el trabajo
del Consejo de la Judicatura para la prevención y erradicación de la violencia de género.
La Agenda de Justicia y Género 2023 -2025, construida con el aporte de más de 100 organizaciones de mujeres, jueces, fiscales, defensores públicos y otros servidores de varias instituciones del Estado, fue presentada, este miércoles 30 de noviembre de 2021, por el Consejo de la Judicatura (CJ).
El documento recoge las visiones de diversos sectores sobre el cumplimiento, avances y retos en la aplicación de la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en el sistema judicial. Su objetivo es establecer mecanismos para la implementación efectiva de la mencionada Ley y así garantizar el acceso a los servicios de justicia en los casos de violencia de género.
La presentación de la agenda se realizó en el auditorio del Complejo Judicial Norte de Quito y en ella participaron el Presidente del CJ, Fausto Murillo Fierro; los vocales Juan José Morillo y Xavier Muñoz; la Ministra de la Mujer y de Derechos Humanos, Paola Flores; el Defensor Público, Ángel Torres; la Directora de Acceso a los Servicios de Justicia del CJ, Solanda Goyes; servidores judiciales y representantes de organismos internacionales como la Unión Europea, la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo y ONU Mujeres. También estuvieron delegadas de organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres.
En su discurso, el Presidente del CJ señaló que la construcción de la agenda es un hito en la historia del país. "Para el Consejo de la Judicatura el compromiso de erradicar la violencia contra la mujer es una acción para garantizar los derechos de las víctimas y que esto trascienda en medidas para la prevención", afirmó.
El Vocal Juan José Morillo detalló las acciones desarrolladas desde 2019 por el CJ para la prevención y sanción de casos de violencia y afirmó que la agenda arrojará resultados importantes en la lucha contra la violencia de género. “Aquí tienen un servicio de justicia que les protege y que les atiende de forma oportuna", dijo.
La Ministra de la Mujer y Derechos Humanos, Paola Flores, por su parte reconoció el compromiso del CJ para promover mecanismos y estrategias de cero tolerancia a la violencia de género y el cumplimiento de los derechos de las mujeres.
Janeth Chauvin, jueza que conoce casos de violencia en el cantón Quito y María Cristina Almeida, representante de la organización Nina Warmi, se pronunciaron en el mismo sentido y afirmaron que es importante el esfuerzo realizado por el CJ para construir una agenda que impulsa la aplicación del enfoque de género en la justicia. “A partir de aquí, lo fundamental es que las instituciones involucradas ejecuten los compromisos adquiridos”, señaló Almeida.
Como parte del evento, se firmó un acta compromiso para la ejecución de la agenda, misma que está sustentada en siete ejes:
1.Medidas de protección: rol de la Función Judicial y seguimiento.
2.Sistema de seguimiento de sanciones y mecanismos de reparación integral.
3.Procedimientos judiciales desde la perspectiva de género.
4.Indicadores con perspectiva de género de la actuación judicial.
5.Femicidio, muertes violentas de mujeres y potestad disciplinaria en falta de aplicación de perspectiva de género de la Función Judicial.
6.Justicia abierta y acceso a la información; Registro Judicial y Registro Único de Violencia.
7.Participación ciudadana y coordinación interinstitucional.
DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Agenda de Justicia y Género 2023-2025, un hito en la construcción de políticas para erradicar la violencia contra las mujeres
Organismos internacionales y de defensa de los derechos de las mujeres reconocen el trabajo
del Consejo de la Judicatura para la prevención y erradicación de la violencia de género.
La Agenda de Justicia y Género 2023 -2025, construida con el aporte de más de 100 organizaciones de mujeres, jueces, fiscales, defensores públicos y otros servidores de varias instituciones del Estado, fue presentada, este miércoles 30 de noviembre de 2021, por el Consejo de la Judicatura (CJ).
El documento recoge las visiones de diversos sectores sobre el cumplimiento, avances y retos en la aplicación de la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en el sistema judicial. Su objetivo es establecer mecanismos para la implementación efectiva de la mencionada Ley y así garantizar el acceso a los servicios de justicia en los casos de violencia de género.
La presentación de la agenda se realizó en el auditorio del Complejo Judicial Norte de Quito y en ella participaron el Presidente del CJ, Fausto Murillo Fierro; los vocales Juan José Morillo y Xavier Muñoz; la Ministra de la Mujer y de Derechos Humanos, Paola Flores; el Defensor Público, Ángel Torres; la Directora de Acceso a los Servicios de Justicia del CJ, Solanda Goyes; servidores judiciales y representantes de organismos internacionales como la Unión Europea, la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo y ONU Mujeres. También estuvieron delegadas de organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres.
En su discurso, el Presidente del CJ señaló que la construcción de la agenda es un hito en la historia del país. "Para el Consejo de la Judicatura el compromiso de erradicar la violencia contra la mujer es una acción para garantizar los derechos de las víctimas y que esto trascienda en medidas para la prevención", afirmó.
El Vocal Juan José Morillo detalló las acciones desarrolladas desde 2019 por el CJ para la prevención y sanción de casos de violencia y afirmó que la agenda arrojará resultados importantes en la lucha contra la violencia de género. “Aquí tienen un servicio de justicia que les protege y que les atiende de forma oportuna", dijo.
La Ministra de la Mujer y Derechos Humanos, Paola Flores, por su parte reconoció el compromiso del CJ para promover mecanismos y estrategias de cero tolerancia a la violencia de género y el cumplimiento de los derechos de las mujeres.
Janeth Chauvin, jueza que conoce casos de violencia en el cantón Quito y María Cristina Almeida, representante de la organización Nina Warmi, se pronunciaron en el mismo sentido y afirmaron que es importante el esfuerzo realizado por el CJ para construir una agenda que impulsa la aplicación del enfoque de género en la justicia. “A partir de aquí, lo fundamental es que las instituciones involucradas ejecuten los compromisos adquiridos”, señaló Almeida.
Como parte del evento, se firmó un acta compromiso para la ejecución de la agenda, misma que está sustentada en siete ejes:
1.Medidas de protección: rol de la Función Judicial y seguimiento.
2.Sistema de seguimiento de sanciones y mecanismos de reparación integral.
3.Procedimientos judiciales desde la perspectiva de género.
4.Indicadores con perspectiva de género de la actuación judicial.
5.Femicidio, muertes violentas de mujeres y potestad disciplinaria en falta de aplicación de perspectiva de género de la Función Judicial.
6.Justicia abierta y acceso a la información; Registro Judicial y Registro Único de Violencia.
7.Participación ciudadana y coordinación interinstitucional.
DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Servidores jurisdiccionales del Complejo Judicial de Quitumbe recibieron nuevos computadores
En 16 provincias, se entregaron 3549 computadores para servidores jurisdiccionales.
El Proyecto de Modernización Tecnológica de la Función Judicial avanza.
El Consejo de la Judicatura entregó 128 computadoras para jueces, secretarios y ayudantes judiciales que laboran en el Complejo Judicial Quitumbe (Quito), acción que se enmarca en la modernización tecnológica de la Función Judicial, un punto prioritario de la gestión de las autoridades de esta institución.
La entrega de los computadores es reconocido por los servidores jurisdiccionales quienes durante los últimos 10 años venían trabajando con equipos obsoletos. Así lo recordó el juez Simón Cedeño, quien en el acto de entrega, destacó la voluntad de las autoridades para impulsar la transformación tecnológica del sistema judicial. “Pese a la crisis que atraviesa el país, es un gran esfuerzo que las autoridades administrativas entreguen estas nuevas computadoras", afirmó.
El financiamiento para el proyecto de modernización asciende a 64.4 millones de dólares, que serán invertidos hasta 2025. El objetivo es fortalecer el servicio de justicia y lograr que la atención a la ciudadanía se realice de forma ágil y oportuna.
En la entrega de los computadores que se realizó el 22 de noviembre de 2022 estuvieron los Vocales Juan José Morillo, Xavier Muñoz y Maribel Barreno, el Director General, Santiago Peñaherrera Navas; el Director Provincial, Santiago Espinel y varios directores nacionales del CJ.
En su intervención, el Vocal Morillo señaló que desde 2019 el Consejo de la Judicatura no ha detenido su trabajo para garantizar que los servidores judiciales cuenten con las condiciones para cumplir con las funciones que les han sido encargadas. “Luego de más de 10 años era necesario hacer esta renovación tecnológica", enfatizó.
"En este proyecto son ustedes jueces, secretarios y ayudantes judiciales quienes tienen la gran responsabilidad con el país de sacar adelante un sistema que le dé garantías y seguridad jurídica a la ciudadanía", señaló por su parte el Vocal Xavier Muñoz.
De las 4531 computadoras adquiridas en este año por el CJ como parte del proyecto de modernización, ya están entregadas 3549, es decir, el 78%. La entrega se ha realizado, con prioridad a los servidores jurisdiccionales, en 16 provincias, así como en la Corte Nacional de Justicia (77) y en el edificio matriz del Consejo de la Judicatura (73).
Las provincias son: Azuay (199); Bolívar (88); Cañar (123); Carchi (78); Cotopaxi (140); Chimborazo (166); El Oro (218); Esmeraldas (125); Guayas (836); Imbabura (91); Loja (214); Los Ríos (193); Pichincha (616); Tungurahua (170); Zamora (63); y Santa Elena (79)
El proyecto de modernización tiene 3 componentes: Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica; Potenciación de la infraestructura tecnológica a nivel de software y hardware del centro de datos del CJ; y, Modernización de los principales sistemas informáticos como el Sistema Automático de Trámite Judicial (SATJE) y el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).
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Servidores jurisdiccionales del Complejo Judicial de Quitumbe recibieron nuevos computadores
En 16 provincias, se entregaron 3549 computadores para servidores jurisdiccionales.
El Proyecto de Modernización Tecnológica de la Función Judicial avanza.
El Consejo de la Judicatura entregó 128 computadoras para jueces, secretarios y ayudantes judiciales que laboran en el Complejo Judicial Quitumbe (Quito), acción que se enmarca en la modernización tecnológica de la Función Judicial, un punto prioritario de la gestión de las autoridades de esta institución.
La entrega de los computadores es reconocido por los servidores jurisdiccionales quienes durante los últimos 10 años venían trabajando con equipos obsoletos. Así lo recordó el juez Simón Cedeño, quien en el acto de entrega, destacó la voluntad de las autoridades para impulsar la transformación tecnológica del sistema judicial. “Pese a la crisis que atraviesa el país, es un gran esfuerzo que las autoridades administrativas entreguen estas nuevas computadoras", afirmó.
El financiamiento para el proyecto de modernización asciende a 64.4 millones de dólares, que serán invertidos hasta 2025. El objetivo es fortalecer el servicio de justicia y lograr que la atención a la ciudadanía se realice de forma ágil y oportuna.
En la entrega de los computadores que se realizó el 22 de noviembre de 2022 estuvieron los Vocales Juan José Morillo, Xavier Muñoz y Maribel Barreno, el Director General, Santiago Peñaherrera Navas; el Director Provincial, Santiago Espinel y varios directores nacionales del CJ.
En su intervención, el Vocal Morillo señaló que desde 2019 el Consejo de la Judicatura no ha detenido su trabajo para garantizar que los servidores judiciales cuenten con las condiciones para cumplir con las funciones que les han sido encargadas. “Luego de más de 10 años era necesario hacer esta renovación tecnológica", enfatizó.
"En este proyecto son ustedes jueces, secretarios y ayudantes judiciales quienes tienen la gran responsabilidad con el país de sacar adelante un sistema que le dé garantías y seguridad jurídica a la ciudadanía", señaló por su parte el Vocal Xavier Muñoz.
De las 4531 computadoras adquiridas en este año por el CJ como parte del proyecto de modernización, ya están entregadas 3549, es decir, el 78%. La entrega se ha realizado, con prioridad a los servidores jurisdiccionales, en 16 provincias, así como en la Corte Nacional de Justicia (77) y en el edificio matriz del Consejo de la Judicatura (73).
Las provincias son: Azuay (199); Bolívar (88); Cañar (123); Carchi (78); Cotopaxi (140); Chimborazo (166); El Oro (218); Esmeraldas (125); Guayas (836); Imbabura (91); Loja (214); Los Ríos (193); Pichincha (616); Tungurahua (170); Zamora (63); y Santa Elena (79)
El proyecto de modernización tiene 3 componentes: Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica; Potenciación de la infraestructura tecnológica a nivel de software y hardware del centro de datos del CJ; y, Modernización de los principales sistemas informáticos como el Sistema Automático de Trámite Judicial (SATJE) y el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).
DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Consejo de la Judicatura, Gobierno Nacional y Oficina de Asuntos Antinarcóticos (INL) de la Embajada de EE.UU. coordinan protocolos de seguridad para dependencias judiciales anticorrupción
Autoridades del Consejo de la Judicatura (CJ), del Ministerio de Interior, de la Policía Nacional y delegados de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de Estados Unidos se reunieron para coordinar los protocolos de seguridad que se implementarán en las dependencias judiciales especializadas en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado.
La reunión de trabajo se desarrolló el 22 de noviembre de 2022 y en ella el Presidente del CJ, Fausto Murillo Fierro, informó que el país está próximo a conocer los nombres de los jueces que laborarán en las mencionadas dependencias judiciales.
En este marco, el CJ con la asistencia técnica del INL y en coordinación con la Policía Nacional diseña los protocolos para garantizar la seguridad e integridad de los jueces y de todos los servidores judiciales que brindarán atención en la unidad judicial, tribunal y salas que juzgarán los 44 delitos relacionados con casos de corrupción y crimen organizado.
De la misma forma, con el apoyo del INL se ha contratado a un experto en seguridad que trabajará durante los próximos tres meses en el país para establecer los lineamientos básicos y específicos de protección para las citadas dependencias.
Darby Parliament, Subdirector del INL en Quito, reconoció el trabajo realizado por el CJ en coordinación con otras instituciones del Estado, para enfrentar el crimen transnacional y la corrupción. Ratificó que su Gobierno continuará colaborando con la donación de equipos, la capacitación a jueces y otros aspectos. “Esta es una muestra muy contundente del liderazgo de Ecuador (…) Felicitaciones por el compromiso que muestra el Consejo de la Judicatura con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional y otras entidades dedicadas a combatir estos fenómenos”, señaló.
Sobre el tema, el Vocal Juan José Morillo recordó que la implementación de estas dependencias judiciales especializadas se constituye en un precedente en la lucha contra la corrupción y, por lo tanto, es imprescindible contar con mecanismos de seguridad que eviten situaciones como las ocurridas en las zonas de frontera, donde se han registrado ataques contra servidores judiciales.
Finalmente, Juan Zapata, Ministro del Interior, reiteró el apoyo técnico y logístico del Gobierno y de la Policía Nacional para las iniciativas que el CJ impulse en la lucha contra este tipo de delitos.
En la reunión participaron el Presidente del CJ, Fausto Murillo Fierro; los Vocales, Juan José Morillo y Maribel Barreno; el Director General, Santiago Peñaherrera Navas; el Ministro del Interior, Juan Zapata; el Subdirector del INL en Quito, Darby Parliament; el Comandante General de la Policía Nacional, Fausto Salinas, así como personal técnico y de apoyo de las instancias que intervienen en la implementación de las unidades judiciales.
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Consejo de la Judicatura, Gobierno Nacional y Oficina de Asuntos Antinarcóticos (INL) de la Embajada de EE.UU. coordinan protocolos de seguridad para dependencias judiciales anticorrupción
Autoridades del Consejo de la Judicatura (CJ), del Ministerio de Interior, de la Policía Nacional y delegados de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de Estados Unidos se reunieron para coordinar los protocolos de seguridad que se implementarán en las dependencias judiciales especializadas en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado.
La reunión de trabajo se desarrolló el 22 de noviembre de 2022 y en ella el Presidente del CJ, Fausto Murillo Fierro, informó que el país está próximo a conocer los nombres de los jueces que laborarán en las mencionadas dependencias judiciales.
En este marco, el CJ con la asistencia técnica del INL y en coordinación con la Policía Nacional diseña los protocolos para garantizar la seguridad e integridad de los jueces y de todos los servidores judiciales que brindarán atención en la unidad judicial, tribunal y salas que juzgarán los 44 delitos relacionados con casos de corrupción y crimen organizado.
De la misma forma, con el apoyo del INL se ha contratado a un experto en seguridad que trabajará durante los próximos tres meses en el país para establecer los lineamientos básicos y específicos de protección para las citadas dependencias.
Darby Parliament, Subdirector del INL en Quito, reconoció el trabajo realizado por el CJ en coordinación con otras instituciones del Estado, para enfrentar el crimen transnacional y la corrupción. Ratificó que su Gobierno continuará colaborando con la donación de equipos, la capacitación a jueces y otros aspectos. “Esta es una muestra muy contundente del liderazgo de Ecuador (…) Felicitaciones por el compromiso que muestra el Consejo de la Judicatura con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional y otras entidades dedicadas a combatir estos fenómenos”, señaló.
Sobre el tema, el Vocal Juan José Morillo recordó que la implementación de estas dependencias judiciales especializadas se constituye en un precedente en la lucha contra la corrupción y, por lo tanto, es imprescindible contar con mecanismos de seguridad que eviten situaciones como las ocurridas en las zonas de frontera, donde se han registrado ataques contra servidores judiciales.
Finalmente, Juan Zapata, Ministro del Interior, reiteró el apoyo técnico y logístico del Gobierno y de la Policía Nacional para las iniciativas que el CJ impulse en la lucha contra este tipo de delitos.
En la reunión participaron el Presidente del CJ, Fausto Murillo Fierro; los Vocales, Juan José Morillo y Maribel Barreno; el Director General, Santiago Peñaherrera Navas; el Ministro del Interior, Juan Zapata; el Subdirector del INL en Quito, Darby Parliament; el Comandante General de la Policía Nacional, Fausto Salinas, así como personal técnico y de apoyo de las instancias que intervienen en la implementación de las unidades judiciales.
DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
La cooperación internacional fortalece el conocimiento de servidores judiciales a nivel nacional
Jueces y servidores judiciales de todo el país participaron en el taller virtual denominado “Diálogo con la Judicatura sobre Empresas y Derechos Humanos. El uso de la debida diligencia como herramienta interpretativa”.
El evento fue organizado, de manera conjunta, por el Consejo de la Judicatura (CJ), a través de la Escuela de la Función Judicial, la Oficina del Alto Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS).
El eje central de este evento académico, en el cual participaron alrededor de 100 personas, fue el propiciar un espacio de reflexión y diálogo sobre la consideración de la debida diligencia en el trabajo que desempeñan las judicaturas de América Latina.
Esta actividad se ha desarrollado en ocho países de la región, en el marco del proyecto de Conducta Empresarial Responsable en América Latina y El Caribe, financiado por la Unión Europea e implementado por ACNUDH en Ecuador, desde el 2019.
En la capacitación, realizada el 15 de noviembre de 2022, participó el experto internacional, doctor Humberto Cantú, quien abordó los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, así como los elementos centrales sobre la relevancia de la debida diligencia en materia de derechos humanos para la determinación de la responsabilidad empresarial.
Capacitación continua a servidores judiciales
Desde 2019, a través de la Escuela de la Función Judicial, se han impartido 970 cursos de formación continua dirigidos a más de 960 000 participantes.
El compromiso permanente del Consejo de la Judicatura es proporcionar a los servidores judiciales una oferta académica de calidad atendiendo a las necesidades y priorizando la especialización, recordó Danilo Caicedo Tapia, Director de la Escuela de la Función Judicial.
La cooperación internacional fortalece el conocimiento de servidores judiciales a nivel nacional
Jueces y servidores judiciales de todo el país participaron en el taller virtual denominado “Diálogo con la Judicatura sobre Empresas y Derechos Humanos. El uso de la debida diligencia como herramienta interpretativa”.
El evento fue organizado, de manera conjunta, por el Consejo de la Judicatura (CJ), a través de la Escuela de la Función Judicial, la Oficina del Alto Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS).
El eje central de este evento académico, en el cual participaron alrededor de 100 personas, fue el propiciar un espacio de reflexión y diálogo sobre la consideración de la debida diligencia en el trabajo que desempeñan las judicaturas de América Latina.
Esta actividad se ha desarrollado en ocho países de la región, en el marco del proyecto de Conducta Empresarial Responsable en América Latina y El Caribe, financiado por la Unión Europea e implementado por ACNUDH en Ecuador, desde el 2019.
En la capacitación, realizada el 15 de noviembre de 2022, participó el experto internacional, doctor Humberto Cantú, quien abordó los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, así como los elementos centrales sobre la relevancia de la debida diligencia en materia de derechos humanos para la determinación de la responsabilidad empresarial.
Capacitación continua a servidores judiciales
Desde 2019, a través de la Escuela de la Función Judicial, se han impartido 970 cursos de formación continua dirigidos a más de 960 000 participantes.
El compromiso permanente del Consejo de la Judicatura es proporcionar a los servidores judiciales una oferta académica de calidad atendiendo a las necesidades y priorizando la especialización, recordó Danilo Caicedo Tapia, Director de la Escuela de la Función Judicial.
Consejo de la Judicatura y sociedad civil trabajan en la construcción del Protocolo del Servicio Notarial para casos de violencia de género
Autoridades del Consejo de la Judicatura (CJ), delegados de las notarías y organizaciones de mujeres se dieron cita en el Taller de revisión del Protocolo de actuación del servicio notarial en casos de violencia sexual contra niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes.
El encuentro se realizó en el Complejo Judicial Norte de Quito y en él se socializó el contenido del mencionado instrumento técnico que contiene lineamientos para la gestión notarial en casos y tareas de información sobre la atención a víctimas de violencia sexual.
Uno de los principales objetivos del Protocolo es evitar la revictimización y discriminación de las mujeres que acuden a las notarías a presentar la declaración juramentada requerida por la ley para la interrupción voluntaria de embarazo en casos de violación.
Durante el taller, se recopilaron las observaciones y sugerencias de los notarios y de las organizaciones. En este marco, el Presidente del CJ Fausto Murillo Fierro, destacó el trabajo conjunto en la creación de políticas orientadas a mejorar y ampliar el servicio de justicia para quienes han sufrido agresiones.
Por su parte, la Vocal Maribel Barreno afirmó que en la elaboración en el protocolo se incorporarán los aportes de quienes participaron en el taller.
Ana Vera, Directora Ejecutiva del Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos Surkuna Ec, manifestó que con la futura implementación del protocolo se espera “disminuir las barreras de acceso a un servicio de salud fundamental como es el aborto en casos de violación”.
De su lado, los notarios y organizaciones de mujeres se comprometieron a seguir trabajando para promover la atención judicial prioritaria a víctimas de violencia de género.
DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Consejo de la Judicatura y sociedad civil trabajan en la construcción del Protocolo del Servicio Notarial para casos de violencia de género
Autoridades del Consejo de la Judicatura (CJ), delegados de las notarías y organizaciones de mujeres se dieron cita en el Taller de revisión del Protocolo de actuación del servicio notarial en casos de violencia sexual contra niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes.
El encuentro se realizó en el Complejo Judicial Norte de Quito y en él se socializó el contenido del mencionado instrumento técnico que contiene lineamientos para la gestión notarial en casos y tareas de información sobre la atención a víctimas de violencia sexual.
Uno de los principales objetivos del Protocolo es evitar la revictimización y discriminación de las mujeres que acuden a las notarías a presentar la declaración juramentada requerida por la ley para la interrupción voluntaria de embarazo en casos de violación.
Durante el taller, se recopilaron las observaciones y sugerencias de los notarios y de las organizaciones. En este marco, el Presidente del CJ Fausto Murillo Fierro, destacó el trabajo conjunto en la creación de políticas orientadas a mejorar y ampliar el servicio de justicia para quienes han sufrido agresiones.
Por su parte, la Vocal Maribel Barreno afirmó que en la elaboración en el protocolo se incorporarán los aportes de quienes participaron en el taller.
Ana Vera, Directora Ejecutiva del Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos Surkuna Ec, manifestó que con la futura implementación del protocolo se espera “disminuir las barreras de acceso a un servicio de salud fundamental como es el aborto en casos de violación”.
De su lado, los notarios y organizaciones de mujeres se comprometieron a seguir trabajando para promover la atención judicial prioritaria a víctimas de violencia de género.
DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
