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Los aportes de la Función Judicial al texto para segundo debate de la propuesta de Código Orgánico de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Copinna) será un proceso liderado por el Consejo de la Judicatura (CJ). Mediante una metodología de trabajo coordinada con los 24 directores provinciales del CJ, se hará una consulta nacional a los jueces especializados en niñez y adolescencia para construir un documento con análisis profundo de la normativa y su aplicación que sirva como insumo para el debate en la Asamblea Nacional.  

 

Para el efecto, desde la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia se diseñó un cronograma y esquema de trabajo que permitirá coordinar 11 mesas en territorio, conformadas por 10 jueces especializados de distintas provincias, los mismos revisarán el articulado y propondrán los textos alternativos.

 

En una última fase, se desarrollarán talleres nacionales en los que las mesas de trabajo presentarán resultados de su proceso de discusión, debate y propuestas. Estos espacios contarán con la participación de las autoridades del CJ, asambleístas miembros de la Comisión Especializada Permanente de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de que esos aportes sean canalizados.

 

El proceso iniciará este 4 de septiembre y concluirá el 27 de septiembre, cuando el Consejo de la Judicatura, a través de sus autoridades, entregue a la Asamblea Nacional los aportes de la Función Judicial al Copinna.  

 

Para Solanda Goyes, Directora Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia, lograr una legislación adecuada a la realidad, innovadora y que rompa barreras a la hora de garantizar los derechos de niñas, niñas y adolescentes es primordial. “El debate en este proceso debe ser muy profundo. Buscamos un desarrollo normativo coherente en el Copinna, y para ello el aporte de los jueces es fundamental”, aseguró.

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 

 

Los aportes de la Función Judicial al texto para segundo debate de la propuesta de Código Orgánico de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Copinna) será un proceso liderado por el Consejo de la Judicatura (CJ). Mediante una metodología de trabajo coordinada con los 24 directores provinciales del CJ, se hará una consulta nacional a los jueces especializados en niñez y adolescencia para construir un documento con análisis profundo de la normativa y su aplicación que sirva como insumo para el debate en la Asamblea Nacional.  

 

Para el efecto, desde la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia se diseñó un cronograma y esquema de trabajo que permitirá coordinar 11 mesas en territorio, conformadas por 10 jueces especializados de distintas provincias, los mismos revisarán el articulado y propondrán los textos alternativos.

 

En una última fase, se desarrollarán talleres nacionales en los que las mesas de trabajo presentarán resultados de su proceso de discusión, debate y propuestas. Estos espacios contarán con la participación de las autoridades del CJ, asambleístas miembros de la Comisión Especializada Permanente de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de que esos aportes sean canalizados.

 

El proceso iniciará este 4 de septiembre y concluirá el 27 de septiembre, cuando el Consejo de la Judicatura, a través de sus autoridades, entregue a la Asamblea Nacional los aportes de la Función Judicial al Copinna.  

 

Para Solanda Goyes, Directora Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia, lograr una legislación adecuada a la realidad, innovadora y que rompa barreras a la hora de garantizar los derechos de niñas, niñas y adolescentes es primordial. “El debate en este proceso debe ser muy profundo. Buscamos un desarrollo normativo coherente en el Copinna, y para ello el aporte de los jueces es fundamental”, aseguró.

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 

 

Con el impulso del Consejo de la Judicatura (CJ) se ha fortalecido el Sistema Nacional de Mediación, como mecanismo alternativo de solución definitiva de conflictos, en función de las disposiciones establecidas en la Ley de Arbitraje y Mediación que está vigente desde el 4 de septiembre de 1997.

 

De esta manera, el país conmemora 24 años de vigencia del sistema que, a través del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, el más grande del país, ha logrado implementar 139 oficinas, en 115 cantones de las 24 provincias y cuenta con 138 mediadoras y mediadores a nivel nacional.

 

La mediación se ha convertido en un potente mecanismo para descongestionar el sistema judicial ordinario y con ello propiciar una justicia más ágil, transparente, segura y efectiva.  

 

La Mediación, es una vía colaborativa en la cual un tercero imparcial, llamado mediador, facilita la comunicación entre las partes para que, por sí mismas, construyan acuerdos de carácter definitivo, amparados en la ley. Las ventajas de acceso al sistema se enmarcan por la agilidad, ahorro de tiempo y dinero, así como por el beneficio para ambas partes - quienes por sus propios derechos - pueden plantear soluciones y compromisos amparados en la legislación vigente, que pongan fin a sus controversias.

 

Al efecto, el ciudadano tiene varias vías para acceder al servicio a través de la solicitud directa; con proceso judicial en curso; por derivación judicial y por remisión fiscal.

 

Entre los asuntos que se pueden resolver por este procedimiento tenemos: familia, civil, inquilinato, laboral, convivencia social y vecinal, propiedad intelectual, consumidores y usuarios, adolescentes en conflicto con la ley, penal y tránsito.

 

Los temas que no puede conocer el sistema de mediación son las relacionados a violencia intrafamiliar, estado civil, capacidad de las personas, causas que se refieran a bienes de dominio público o que no están en el comercio, asuntos tributarios, derechos irrenunciables, asuntos constitucionales, entre otros.

 

El Consejo de la Judicatura, a través de la Dirección Nacional del Centro de Mediación de la Función Judicial, ha preparado una serie de actividades para la conmemoración de los 24 años de vigencia de la norma.

 


DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN

 

 

Con el impulso del Consejo de la Judicatura (CJ) se ha fortalecido el Sistema Nacional de Mediación, como mecanismo alternativo de solución definitiva de conflictos, en función de las disposiciones establecidas en la Ley de Arbitraje y Mediación que está vigente desde el 4 de septiembre de 1997.

 

De esta manera, el país conmemora 24 años de vigencia del sistema que, a través del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, el más grande del país, ha logrado implementar 139 oficinas, en 115 cantones de las 24 provincias y cuenta con 138 mediadoras y mediadores a nivel nacional.

 

La mediación se ha convertido en un potente mecanismo para descongestionar el sistema judicial ordinario y con ello propiciar una justicia más ágil, transparente, segura y efectiva.  

 

La Mediación, es una vía colaborativa en la cual un tercero imparcial, llamado mediador, facilita la comunicación entre las partes para que, por sí mismas, construyan acuerdos de carácter definitivo, amparados en la ley. Las ventajas de acceso al sistema se enmarcan por la agilidad, ahorro de tiempo y dinero, así como por el beneficio para ambas partes - quienes por sus propios derechos - pueden plantear soluciones y compromisos amparados en la legislación vigente, que pongan fin a sus controversias.

 

Al efecto, el ciudadano tiene varias vías para acceder al servicio a través de la solicitud directa; con proceso judicial en curso; por derivación judicial y por remisión fiscal.

 

Entre los asuntos que se pueden resolver por este procedimiento tenemos: familia, civil, inquilinato, laboral, convivencia social y vecinal, propiedad intelectual, consumidores y usuarios, adolescentes en conflicto con la ley, penal y tránsito.

 

Los temas que no puede conocer el sistema de mediación son las relacionados a violencia intrafamiliar, estado civil, capacidad de las personas, causas que se refieran a bienes de dominio público o que no están en el comercio, asuntos tributarios, derechos irrenunciables, asuntos constitucionales, entre otros.

 

El Consejo de la Judicatura, a través de la Dirección Nacional del Centro de Mediación de la Función Judicial, ha preparado una serie de actividades para la conmemoración de los 24 años de vigencia de la norma.

 


DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN

 

 

Más de cien notarios del país participaron del tercer conversatorio virtual sobre “Ética Pública para Notarios”. La capacitación realizada este jueves, 02 de septiembre de 2021 por la Subdirección Nacional de Transparencia y Prevención del Consejo de la Judicatura (CJ) y la Escuela de la Función Judicial (EFJ) tiene como objetivo fortalecer la imparcialidad e integridad en el servicio notarial.

 

Esta jornada contó con el expositor Marco Aguirre, juez de la Corte Provincial de Justicia de Loja, quien hizo referencia a la situación social, política y educativa del país. Señaló que la conducta judicial, se orienta a la Independencia Judicial, imparcialidad, integridad, igualdad, corrección, competencia y diligencia. Explicó que estos factores son aplicables a todo el sistema de justicia, así como a las y los servidores judiciales; con el objetivo de garantizar una actuación honesta y la calidad del servicio de justicia.

 

Detalló que el concepto de ética se encuentra presente en la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ). “Si no actuamos en los marcos de la ética esta traerá consecuencias nefastas para nuestra cotidianidad”, advirtió.

 

De la misma forma, hizo énfasis en que el sistema judicial es sujeto de cuestionamientos, por lo que es necesario cambiar esa imagen. Las normas vigentes en el país establecen que las y los servidores judiciales deben tener una conducta ética irreprochable, caso contrario, se afecta el principio de legalidad y la confianza en el sistema judicial, recalcó.

 

Finalmente, señaló que “ser éticos es una necesidad imperiosa para combatir la corrupción y para fortalecer el desarrollo de la sociedad y de las libertades”. Cuando fallan todas las protecciones, una judicatura de integridad inobjetable garantiza la vigencia de la democracia y la legalidad, concluyó.

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN

 

Más de cien notarios del país participaron del tercer conversatorio virtual sobre “Ética Pública para Notarios”. La capacitación realizada este jueves, 02 de septiembre de 2021 por la Subdirección Nacional de Transparencia y Prevención del Consejo de la Judicatura (CJ) y la Escuela de la Función Judicial (EFJ) tiene como objetivo fortalecer la imparcialidad e integridad en el servicio notarial.

 

Esta jornada contó con el expositor Marco Aguirre, juez de la Corte Provincial de Justicia de Loja, quien hizo referencia a la situación social, política y educativa del país. Señaló que la conducta judicial, se orienta a la Independencia Judicial, imparcialidad, integridad, igualdad, corrección, competencia y diligencia. Explicó que estos factores son aplicables a todo el sistema de justicia, así como a las y los servidores judiciales; con el objetivo de garantizar una actuación honesta y la calidad del servicio de justicia.

 

Detalló que el concepto de ética se encuentra presente en la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ). “Si no actuamos en los marcos de la ética esta traerá consecuencias nefastas para nuestra cotidianidad”, advirtió.

 

De la misma forma, hizo énfasis en que el sistema judicial es sujeto de cuestionamientos, por lo que es necesario cambiar esa imagen. Las normas vigentes en el país establecen que las y los servidores judiciales deben tener una conducta ética irreprochable, caso contrario, se afecta el principio de legalidad y la confianza en el sistema judicial, recalcó.

 

Finalmente, señaló que “ser éticos es una necesidad imperiosa para combatir la corrupción y para fortalecer el desarrollo de la sociedad y de las libertades”. Cuando fallan todas las protecciones, una judicatura de integridad inobjetable garantiza la vigencia de la democracia y la legalidad, concluyó.

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN

 

La Red Mundial de Integridad Judicial de las Naciones Unidas, en su edición de agosto, publicó el artículo “Capacitar a jueces en ética y conducta judiciales contra la corrupción: una prioridad para los Poderes Judiciales”, de autoría de la Dra. María del Carmen Maldonado, primera Presidenta del Consejo de la Judicatura y primera mujer ecuatoriana, Consejera del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA).

 

El aporte académico reflexiona, entre otros aspectos, sobre la lucha contra la corrupción en los sistemas de justicia y representa la experiencia emprendida por el Consejo de la Judicatura en relación a las acciones de combate permanente a la corrupción, constituido como su primer eje de acción institucional. La publicación permitirá que los sistemas judiciales de 69 países conozcan las acciones del CJ, en un espacio en el que el Programa Global para la Implementación de la Declaración de Doha, promueve sociedades inclusivas, pacíficas y libres de corrupción para un desarrollo sostenible, específicamente en la sección sobre integridad judicial.

 

Acceso al artículo:

 

Español:

https://bit.ly/eticajudicial 


Inglés:

https://bit.ly/eticajudicialING 

 


DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN

La Red Mundial de Integridad Judicial de las Naciones Unidas, en su edición de agosto, publicó el artículo “Capacitar a jueces en ética y conducta judiciales contra la corrupción: una prioridad para los Poderes Judiciales”, de autoría de la Dra. María del Carmen Maldonado, primera Presidenta del Consejo de la Judicatura y primera mujer ecuatoriana, Consejera del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA).

 

El aporte académico reflexiona, entre otros aspectos, sobre la lucha contra la corrupción en los sistemas de justicia y representa la experiencia emprendida por el Consejo de la Judicatura en relación a las acciones de combate permanente a la corrupción, constituido como su primer eje de acción institucional. La publicación permitirá que los sistemas judiciales de 69 países conozcan las acciones del CJ, en un espacio en el que el Programa Global para la Implementación de la Declaración de Doha, promueve sociedades inclusivas, pacíficas y libres de corrupción para un desarrollo sostenible, específicamente en la sección sobre integridad judicial.

 

Acceso al artículo:

 

Español:

https://bit.ly/eticajudicial 


Inglés:

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DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN

Las autoridades del Consejo de la Judicatura (CJ) participaron, este 30 de agosto del 2021, en la Sesión Solemne que se realizó por la conmemoración de los 137 años de creación de la Corte Provincial de Justicia de Manabí.

 

Este evento contó con la presencia de la Presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado Sánchez, los vocales Maribel Barreno, Juan José Morillo, Xavier Muñoz, Fausto Murillo; el Presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela; y, el Defensor Público General, Ángel Torres.

 

Al acto también asistieron el Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Manabí, José Verdi Cevallos; el Presidente de la Corte Provincial de Justicia, Alfredo Pinargoty; los alcaldes de Portoviejo y Manta, Agustín Casanova y Agustín Intriago, entre otras autoridades nacionales y provinciales.

 

La Presidenta del CJ, durante su intervención, realizó un reconocimiento a la Corte Provincial de Justicia en la conmemoración de su aniversario y destacó el compromiso y trabajo de las y los servidores judiciales que laboran en Manabí. Además, señaló que la labor coordinada entre el CJ, la CNJ y los demás órganos jurisdiccionales permite encontrar el mejor camino para para fortalecer la Función Judicial.

 

Así mismo, la autoridad mencionó que la gestión del CJ está enfocada en que el acceso a la justicia sea posible para toda la ciudadanía. Por esta razón, se han realizado implementaciones tecnológicas que permitieron mantener la continuidad de los servicios de justicia durante la pandemia y activar herramientas para fortalecer la lucha contra la violencia de género, la delincuencia y la corrupción. Anunció también que este año se entregará el Palacio de Justicia de Portoviejo, edificación afectada en el terremoto de abril del 2016.

 

De su parte, el vocal Juan José Morillo resaltó la transformación de la justicia en Manabí, aplicando un cambio en el modelo de gestión, a través del cual se fortalece la especialidad de las y los operadores de justicia. Se ha implementado el sistema de tribunales fijos en materias no penales, lo que permite el despacho de los procesos en trámite incremente y se equilibre la carga procesal.

                                      

Como parte de las actividades realizadas, el Pleno del CJ mantuvo una sesión extraordinaria en la, entre otros puntos en el orden del día, formalizó la felicitación a la Corte Provincial de Manabí, al conmemorarse sus 137 años de creación.

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DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN

 

 

Las autoridades del Consejo de la Judicatura (CJ) participaron, este 30 de agosto del 2021, en la Sesión Solemne que se realizó por la conmemoración de los 137 años de creación de la Corte Provincial de Justicia de Manabí.

 

Este evento contó con la presencia de la Presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado Sánchez, los vocales Maribel Barreno, Juan José Morillo, Xavier Muñoz, Fausto Murillo; el Presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela; y, el Defensor Público General, Ángel Torres.

 

Al acto también asistieron el Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Manabí, José Verdi Cevallos; el Presidente de la Corte Provincial de Justicia, Alfredo Pinargoty; los alcaldes de Portoviejo y Manta, Agustín Casanova y Agustín Intriago, entre otras autoridades nacionales y provinciales.

 

La Presidenta del CJ, durante su intervención, realizó un reconocimiento a la Corte Provincial de Justicia en la conmemoración de su aniversario y destacó el compromiso y trabajo de las y los servidores judiciales que laboran en Manabí. Además, señaló que la labor coordinada entre el CJ, la CNJ y los demás órganos jurisdiccionales permite encontrar el mejor camino para para fortalecer la Función Judicial.

 

Así mismo, la autoridad mencionó que la gestión del CJ está enfocada en que el acceso a la justicia sea posible para toda la ciudadanía. Por esta razón, se han realizado implementaciones tecnológicas que permitieron mantener la continuidad de los servicios de justicia durante la pandemia y activar herramientas para fortalecer la lucha contra la violencia de género, la delincuencia y la corrupción. Anunció también que este año se entregará el Palacio de Justicia de Portoviejo, edificación afectada en el terremoto de abril del 2016.

 

De su parte, el vocal Juan José Morillo resaltó la transformación de la justicia en Manabí, aplicando un cambio en el modelo de gestión, a través del cual se fortalece la especialidad de las y los operadores de justicia. Se ha implementado el sistema de tribunales fijos en materias no penales, lo que permite el despacho de los procesos en trámite incremente y se equilibre la carga procesal.

                                      

Como parte de las actividades realizadas, el Pleno del CJ mantuvo una sesión extraordinaria en la, entre otros puntos en el orden del día, formalizó la felicitación a la Corte Provincial de Manabí, al conmemorarse sus 137 años de creación.

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